El archivo de la reforma laboral en el Congreso no es solo un revés legislativo. Es un golpe certero contra los derechos de las mujeres trabajadoras en Colombia y una práctica misógina que refuerza las desigualdades históricas en el mundo del trabajo. La reforma contenía disposiciones esenciales para la equidad de género, para la protección de las mujeres en sus espacios laborales y para la dignificación del trabajo de cuidado. Con su archivo, se ha ratificado un modelo laboral que perpetúa la discriminación, la precarización y la violencia estructural contra las mujeres.
Y todo esto sucede en marzo, el mes en que el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Un mes en el que se llenan los discursos de palabras vacías sobre igualdad, mientras en la práctica se niegan los derechos más básicos de las mujeres en el mundo laboral.
Una puerta cerrada a la igualdad en el acceso al empleo
En Colombia, las mujeres siguen enfrentando barreras para acceder a empleos dignos. La reforma proponía la eliminación de filtros discriminatorios en los procesos de contratación, reconociendo que muchas veces a las mujeres se les niega la oportunidad laboral por su edad, por su maternidad o por estereotipos de género. También contemplaba la ampliación progresiva de la licencia de paternidad, una medida clave para redistribuir el cuidado de los hijos y disminuir la carga que históricamente recae sobre las mujeres. Sin estas disposiciones, la brecha de género en el acceso al empleo seguirá intacta, manteniendo la exclusión y la dependencia económica de muchas trabajadoras.
Discriminación y violencia laboral: la realidad que no quisieron cambiar
La reforma archivada establecía protecciones fundamentales contra la discriminación de género en el ámbito laboral. Se reconocía la necesidad de implementar licencias para atender dolencias menstruales incapacitantes y para asistir a obligaciones escolares de los hijos, medidas que reflejan una mirada integral sobre la conciliación entre el trabajo y la vida personal. También se prohibía expresamente la asignación de tareas que pusieran en riesgo a las mujeres embarazadas y se promovía la evaluación objetiva del desempeño laboral para erradicar sesgos de género en ascensos y remuneraciones.
Estas disposiciones respondían a una realidad evidente: la precarización y discriminación que sufren miles de mujeres en el país. Su archivo significa la perpetuación de un sistema laboral que invisibiliza las necesidades de las trabajadoras y las deja a merced de arbitrariedades empresariales que limitan su crecimiento profesional y vulneran sus derechos.
El trabajo de cuidado: un sacrificio que sigue sin reconocimiento
Uno de los avances más importantes de la reforma era la formalización progresiva de las madres comunitarias, madres sustitutas y trabajadoras de hogares infantiles. Más de 60 mil mujeres que han dedicado su vida al cuidado de la niñez vulnerable esperaban que este reconocimiento laboral les garantizara estabilidad, derechos y seguridad social. Con el archivo de la reforma, se les condena a seguir en la informalidad, sin garantías ni acceso a una jubilación digna.
Esta es una muestra de cómo el Estado sigue menospreciando el trabajo de cuidado, que es sostenido principalmente por mujeres y que, a pesar de ser esencial para la sociedad, continúa siendo tratado como una labor voluntaria o mal remunerada. Negarse a formalizar a estas trabajadoras es perpetuar la explotación y la desigualdad de género.
El mensaje del Congreso: el retroceso es la norma
El archivo de la reforma laboral envía un mensaje claro: los avances en equidad de género no son prioridad en el país. Las disposiciones que fueron desechadas buscaban garantizar un mínimo de justicia en un sistema que históricamente ha precarizado a las mujeres. Pero quienes votaron en contra prefirieron sostener el statu quo, uno en el que la discriminación, la inseguridad laboral y la invisibilización del trabajo de las mujeres siguen siendo la norma.
Y lo hacen en marzo. En el mes de la mujer. En el mes donde se llenan las calles de frases bonitas, de flores y de homenajes hipócritas, mientras las decisiones reales siguen siendo tomadas por los mismos sectores que ven a las mujeres como mano de obra barata, como trabajadoras de segunda categoría, como ciudadanas sin derechos plenos.
No es coincidencia. Es una muestra más de cómo se nos arrebata lo conquistado, de cómo se nos recuerda que nuestros derechos siempre están en disputa. Pero si algo ha demostrado la historia es que los derechos no se mendigan, se conquistan. Por eso, frente a este atropello, la respuesta no puede ser el silencio. La movilización social y la lucha en las calles serán las herramientas para exigir lo que nos han negado.
Porque en marzo no queremos flores ni discursos vacíos. Queremos derechos, justicia y dignidad. Y no dejaremos de luchar hasta conquistarlos.
Por: Sofía López Mera, abogada y periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad y del Movimiento de Madres y Mujeres por la Paz.