En Dakota del Norte, un jurado ha dictado sentencia: Greenpeace deberá pagar 660 millones de dólares a la empresa Energy Transfer por su presunta responsabilidad en las protestas contra el oleoducto Dakota Access. No es solo un fallo judicial. Es un mensaje. Y como todo mensaje en el que el dinero y el poder están en juego, lo que se dice importa menos que lo que se quiere provocar.
La historia oficial cuenta que Greenpeace actuó como una organización criminal, promoviendo la difamación, el sabotaje y la obstrucción de la construcción del oleoducto. La historia real es otra. Entre 2016 y 2017, la tribu sioux de Standing Rock, junto con activistas ambientales, emprendió una de las mayores protestas indígenas en la historia reciente de Estados Unidos. Se trataba de algo más que un oleoducto: era una lucha por el derecho a existir en una tierra que ya les había sido arrebatada demasiadas veces. Energy Transfer no solo construía una infraestructura de combustibles fósiles; violaba acuerdos históricos, ignoraba consultas previas y ponía en riesgo el acceso al agua potable de miles de personas.
En el centro del caso judicial hay una táctica que se ha vuelto habitual contra quienes desafían el poder de las grandes corporaciones: las demandas SLAPP (Demandas Estratégicas Contra la Participación Pública). Su mecanismo es simple y brutal. Una empresa multimillonaria acusa a una organización o a un individuo de delitos como difamación o conspiración, y la arrastra a un proceso legal extenuante y costoso. No importa si la demanda se sostiene con pruebas o si finalmente es desestimada. Lo que importa es el daño colateral: desgaste financiero, miedo, parálisis. Es una advertencia para el futuro.
Greenpeace no es la primera víctima de esta estrategia, ni será la última. La diferencia es que el monto de la sentencia es tan desproporcionado que roza la fantasía: 660 millones de dólares no es solo una cifra, es un símbolo. Lo que se busca no es justicia, sino escarmiento. Es un intento de dejar en claro que enfrentarse a los intereses de la industria petrolera puede costar más de lo que cualquier organización ambientalista puede pagar.
El otro daño colateral, más peligroso y difícil de medir, es el que se inflige a los pueblos indígenas. Durante siglos han sido despojados de sus tierras, sus derechos y su historia. Ahora, cuando intentan defender lo poco que les queda, se enfrentan a una nueva forma de violencia: la judicialización de su resistencia. El fallo contra Greenpeace no solo afecta a una ONG, sino a todas las comunidades que han visto en el activismo ambiental una herramienta para su supervivencia.
En Estados Unidos existen leyes anti-SLAPP diseñadas para frenar este tipo de demandas abusivas. Pero Dakota del Norte no tiene esas protecciones. ¿Casualidad? Difícil de creer. La ausencia de estas leyes crea un campo de juego desigual en el que las empresas pueden actuar con impunidad y donde la protesta pacífica puede convertirse en una sentencia financiera.
La justicia climática no es solo una batalla contra las emisiones de carbono. Es una lucha contra un modelo económico que privilegia la explotación sobre la vida, la ganancia sobre la dignidad. Es una batalla donde el derecho a la libertad de expresión se enfrenta a un sistema que prefiere el silencio.
El veredicto contra Greenpeace es una advertencia para activistas, periodistas y comunidades indígenas. Pero también es una pregunta para todos los demás: si protestar contra el daño ambiental se convierte en un delito costoso, ¿quién se atreverá a alzar la voz la próxima vez?