La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó la protección material y simbólica del Cementerio Católico San Miguel Arcángel, en Corinto, Cauca, tras la solicitud de colectivos de víctimas. Esta medida busca evitar la pérdida de información clave para la identificación de personas desaparecidas y garantizar el derecho a la verdad en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado.
Según informes entregados a la JEP, en este cementerio fueron inhumados cuerpos sin identificar, incluidos miembros de la guerrilla de las Farc-EP y personas presuntamente desaparecidas por la misma organización. Hasta el momento, se ha identificado la presencia de al menos ocho cuerpos sin reconocer, algunos con signos de muerte violenta.
La orden de protección establece que la Parroquia San Miguel Arcángel, la Alcaldía de Corinto, la Gobernación del Cauca, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Instituto Nacional de Medicina Legal deben adoptar medidas inmediatas para preservar los pabellones San Gabriel, San Antonio y San Rafael del cementerio.
El deterioro de las instalaciones, la falta de registros adecuados y la manipulación indebida de cuerpos han dificultado los procesos de exhumación e identificación. La urgencia de la medida radica en evitar que el paso del tiempo borre las huellas de la desaparición forzada y deje a las familias sin respuestas.
La desaparición forzada ha sido una práctica sistemática en esta región, vinculada al control territorial ejercido por guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y agentes estatales. La protección de estos espacios es fundamental para avanzar en la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
Prensa Justicia y Dignidad