Terminó marzo con su carga astral y abril arrancó con el caos de siempre. En el suroccidente colombiano, la vía Panamericana, arteria vital entre Popayán y Cali, está bloqueada desde hace 48 horas. En la capital, delegaciones de comunidades indígenas han llegado para exigir diálogo con el gobierno.
El lunes 30 de marzo, más de quince cabildos de Cauca, Nariño y Putumayo desembarcaron en Bogotá con la misma consigna: reconocimiento. La Confederación de Pueblos y Naciones Originarias de Colombia clama por el respeto de sus identidades, autoridades y derechos, y denuncia la exclusión de las plataformas oficiales que dicen representar al movimiento indígena, pero que omiten a buena parte de los 115 pueblos originarios del país. Exigen que la Presidencia instale una mesa de diálogo donde se reconozca la pluralidad de sus demandas y se articulen estrategias reales de trabajo conjunto. Sin embargo, en el fondo, lo que se disputa es el poder dentro de las mismas comunidades, un conflicto que no le compete al gobierno nacional, sino que solo la justicia indígena podría resolver.
En Bogotá y en el Resguardo de La María Piendamó, los pueblos indígenas han optado por la movilización y el bloqueo de vías para visibilizar sus reclamos. Pero detrás de estas protestas también pesan los conflictos intraétnicos: disputas entre gobiernos paralelos dentro de un mismo territorio que, en teoría, deberían resolverse en el marco de la jurisdicción especial indígena. Sin embargo, ante la falta de respaldo de sus propias comunidades, han decidido escalar el problema al gobierno nacional. Estas fracturas vienen de tiempo atrás, de luchas por el poder local, de la relación compleja entre la tradición y las nuevas generaciones, de las dificultades para administrar territorios que no solo tienen riquezas naturales, sino también amenazas externas.
Abril arranca con el nudo bien apretado. La fragmentación indígena no es solo resultado de disputas internas; es una estrategia que ha sido aplicada sistemáticamente por los gobiernos de turno. No es casualidad que el movimiento indígena, que ha sido uno de los más organizados y combativos en la historia del país, se vea desgarrado por la infiltración, la cooptación y la manipulación externa. Desde hace décadas, el poder central ha buscado debilitar sus estructuras mediante la creación de organizaciones paralelas que pretenden hablar en nombre de los pueblos originarios, pero que en realidad responden a intereses ajenos.
Un ejemplo claro de esta estrategia fue la creación de la Organización de Pueblos Indígenas de Colombia (OPIC) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Abanderada por su ministro Fabio Valencia Cossio, la OPIC fue reconocida con bombo y platillos como una alternativa “legítima” al movimiento indígena tradicional. Pero con el tiempo, se descubrió que sus principales líderes no eran defensores de los derechos indígenas, sino controladores de estructuras paramilitares en el Cauca. Bajo el manto del reconocimiento oficial, la OPIC facilitó la expansión del paramilitarismo en territorios indígenas y muchos de sus miembros terminaron desmovilizándose bajo la Ley de Justicia y Paz. La vieja táctica del poder: dividir para reinar.
Las luchas internas en los cabildos no surgieron de la nada. Son el resultado de años de intervención estatal y de presiones externas que han puesto a los pueblos indígenas en una encrucijada: o se alinean con la institucionalidad o enfrentan la estigmatización, la criminalización y la represión. Mientras el Estado habla de autonomía y de diálogo, alimenta estas fisuras, entregando reconocimiento y recursos a quienes estén dispuestos a plegarse a su línea. Y cuando las comunidades alzan la voz para reclamar lo que es suyo, la respuesta es la misma de siempre: el desconocimiento, la negación de los derechos fundamentales y la militarización de los territorios.
En el fondo, la historia se repite. Las carreteras se bloquean, los gobiernos se muestran desconcertados, los líderes indígenas se debaten entre la autonomía y la necesidad de apoyo estatal, y los ciudadanos del común pagan el precio de la parálisis. Al no recurrir a la justicia indígena, la movilización se convierte en la única herramienta de quienes han entrado en rebeldía con sus propias autoridades tradicionales. Es su forma de hacerse visibles, de demostrar que existen y que su lucha no es solo contra el Estado, sino también dentro de sus propias estructuras.
El resultado: una crisis sin salidas fáciles. La ciudadanía sufre la falta de libre tránsito, el gobierno se ve atado por el respeto a la autonomía política de los pueblos indígenas, y el movimiento indígena exhibe sus propias fisuras. Mientras las autoridades intentan destrabar lo intrincado, en Popayán la gente busca rutas alternativas para llegar a Cali, y en Cali buscan por dónde llegar a Popayán.
Por: Prensa Justicia y Dignidad.