En Yumbo, Valle del Cauca, la corrupción no se oculta: se disfraza de institucionalidad. El personero municipal, Jesús Mauricio Castañeda; el secretario de Bienestar Social, Nelson Eduardo Muñoz; y el señor Rafael Ulcue Perdomo, han tejido una red que amenaza la existencia misma del Cabildo Valle del Sol, una comunidad indígena desplazada y reconocida por la Corte Constitucional.
Dos son los propósitos de esta alianza perversa: acabar con el cabildo legítimo y apoderarse de los recursos —más de mil millones de pesos— prometidos para el restablecimiento de la comunidad. Para lograrlo, intentan imponer a toda costa un cabildo espurio, encabezado por Jaquerine Varona, hija del señor Rafael Ulcue, elegida mediante un proceso viciado, plagado de irregularidades y censos inflados.
Tanto la Alcaldía como la Personería conocen de primera mano cómo se gestó este fraude. Han recibido denuncias formales sobre las amenazas de muerte y el desplazamiento de varios miembros de la comunidad legítima. Sin embargo, han optado por ignorarlas. Y para agravar la situación, se niegan a remitir el caso al Ministerio del Interior —la autoridad competente para resolver controversias sobre el reconocimiento de cabildos— porque saben que un reconocimiento legítimo desmontaría su montaje. Prefieren dejar todo en lo local, donde la corrupción se mueve con plata.
Peor aún, han intentado silenciar a la lideresa natural del cabildo, Clara Sorany Guejia Villamil —conocida como Sol—, ofreciéndole contratos a cambio de su silencio. Pero Sol no se vende, y su comunidad tampoco.
Hoy, el Valle del Sol ha dicho basta. Se ha declarado en Asamblea Permanente, una figura política y ancestral que emana del corazón mismo del pueblo. Desde allí, reafirman que es la única instancia legítima para tomar decisiones. No es un gesto simbólico: es un acto de resistencia.
A pesar de esta claridad, la Alcaldía de Yumbo persiste en su intención de otorgar el reconocimiento legal al falso cabildo impuesto por Ulcue y su hija. Una jugada que no solo viola la autonomía indígena, sino que abre las puertas para el saqueo de los recursos colectivos.
Esta es la corrupción en Yumbo. Una corrupción que no se contenta con robar, sino que además pretende borrar la memoria y la dignidad de un pueblo que lucha por su territorio, su identidad y su futuro.
Por Prensa Justicia y Dignidad