Hace cuatro años, conscientes de la desconexión total del gobierno tradicional con el pueblo, decidimos salir a la calle. La indignación reciente era tal, que bastó que el ministro de Hacienda (acompañado de Vicky Dávila) se burlara diciendo que una docena de huevos costaba $1.800 para que explotáramos.
Desde el primer día supimos que esta no era una protesta más. Nos preparamos, aunque sin dimensionar que viviríamos uno de los momentos más conmocionados del siglo XXI en Colombia. Para no redundar en lo que todos conocemos: nos persiguieron, nos hirieron, nos asesinaron, torturaron, encarcelaron, violaron. Nos querían exterminados porque parecíamos la plaga que acabaría con su imperio.
Pero sobrevivimos. Y en esa resistencia nos asumimos como un proyecto político que lograría concretar el cambio que peleábamos en la calle. Éramos, en su mayoría, jóvenes: profesionales, estudiantes, trabajadores, desempleados, jíbaros, habitantes de calle… diferentes vidas atravesadas por las mismas injusticias, encontrando refugio en las ollas comunitarias y la organización barrial.
En 2022 logramos lo impensable: el pueblo eligió a un presidente que respondía a nuestros intereses. Junto a él llegó una agenda de gobierno basada en décadas de lucha social: la paz con justicia social.
Fruto de este nuevo rumbo nació el programa Jóvenes en Paz, iniciativa que hoy acompaño como enlace territorial de la UT Territorio y Paz en el departamento del Cauca. La UT está conformada por tres reconocidas organizaciones sociales y educativas: Universidad Claretiana, Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y la Promoción Claretiana para el Desarrollo.
Sin embargo, el Programa Nacional Jóvenes en Paz (PNJEP) ha sido una de las iniciativas más atacadas y malinterpretadas. Desde su lanzamiento, cuando el presidente dijo «este programa le pagará a los jóvenes por no matar», la incomprensión y la estigmatización no han parado. Además, el programa heredó problemas estructurales graves: una construcción improvisada desde la Consejería Presidencial para la Juventud (2022-2023) que copió y pegó un modelo pensado para 10.000 jóvenes en Bogotá, sin adaptarlo a las complejas realidades de la Colombia profunda.
Los errores en el cálculo de tiempos administrativos, la falta de articulación interinstitucional y la pésima comunicación interna fueron una bomba de tiempo. Y sobre estas bases frágiles, también llegaron los problemas del operador: aunque con buena fe, la UT subestimó la magnitud del reto. La sobrecarga económica y administrativa llevó incluso a contratar un «gerente de renombre» como sugirió la entonces ministra de Igualdad y Equidad.
Así llegó Andrés Gallego Segovia, quien, si bien mejoró el orden administrativo, profundizó la desconexión con los territorios. Su gestión ha significado atrasos de hasta tres meses en pagos a proveedores y la falta de prestaciones sociales para trabajadores, afectando gravemente la legitimidad del programa. Mientras tanto, el Ministerio de Igualdad y Equidad sigue cambiando aplicativos de asistencia y condicionando desembolsos, aumentando la burocracia en lugar de aligerarla.
Y entonces nos preguntamos:
¿Es Andrés Gallego Segovia —exgerente de la campaña del NO en el plebiscito por la paz y funcionario de todos los gobiernos desde Pastrana— el responsable de la caída en picada de Jóvenes en Paz desde enero?
¿Fue consciente de la destrucción de la legitimidad de la UT bajo la excusa de «arreglar la casa»?
¿Es Gabriela Posso, exconsejera presidencial para las juventudes, corresponsable por la pobre construcción estructural del programa?
Hoy más que nunca, urge recordar por qué salimos a las calles el 28A. No podemos permitir que la burocracia, el desconocimiento territorial y los viejos vicios de siempre sepulten los sueños de una juventud que aún cree en la transformación social. Jóvenes en Paz no puede convertirse en una anécdota fallida: debe ser reivindicado, corregido y fortalecido. Porque la verdadera paz empieza cuando los jóvenes tienen razones reales para vivir dignamente, no promesas vacías ni proyectos mal ejecutados.
Por Juan Esteban Martínez, líder juvenil de Cali durante el Estallido Social de 2021