Lo ocurrido el 14, 15 y 16 de mayo de 2021 en Colombia no puede quedar en la impunidad. La detención arbitraria de Dayana Mosquera en Buga, la ejecución de Sebastián Quintero en Popayán, el asesinato del líder campesino Cristian Torres en Leiva, la desaparición forzada de varios jóvenes en Cali, las graves lesiones a David Quiñonez y otros manifestantes, y el homicidio de John Alexander Yotengo Chagüendo, joven indígena del resguardo de Pitayó abatido por el ESMAD en Yumbo, son crímenes que claman justicia. Las víctimas y sus familias merecen verdad, justicia y reparación. No son daños colaterales: son seres humanos, con historias, con sueños truncados por una violencia estatal que actuó con sevicia en medio del Paro Nacional. El país tiene una deuda con ellos y con la dignidad colectiva que resiste.
14 de mayo de 2021 – Buga, Valle del Cauca- detención Arbitraria
Entre las 8 y las 9 de la mañana, la mañana amaneció con la noticia que nadie quería escuchar. La fuerza del ESMAD irrumpió en un barrio popular y se llevó a Dayana Mosquera. No fue una detención cualquiera. Fue arbitraria, violenta, sin justificación.
Dayana, mujer del pueblo, conocida por su lucha y resistencia, ahora estaba en manos del Estado. Organizaciones sociales no tardaron en levantar la voz: “¡No a la violencia sexual! ¡No a la tortura! ¡No a la desaparición forzada!”. Su nombre empezó a ser un grito de alerta. El Estado colombiano fue señalado con responsabilidad directa por su integridad y exigieron su libertad inmediata. Dayana no es un número. Es una vida. Un rostro de la lucha. Y en esa mañana, el terror volvió a tomar calles que creíamos cotidianas.
14 de mayo de 2021 – Leiva, Nariño- desaparición forzada y asesinato
La desaparición de Cristian Torres Cifuentes no es una historia aislada. Es la réplica de una violencia que se vuelve sistemática. Líder campesino convocado a una reunión que nunca existió, engañado con falsas promesas, secuestrado en el camino. Su cuerpo apareció enterrado, callado testigo de una violencia que no cesa. Cristian dejó de ser una voz entre el pueblo. Fue silenciado con la crueldad del asesinato, justo a pocos metros de su motocicleta, esa que quedó abandonada como un símbolo de abandono y desamparo.
Sus compañeras y compañeros alertaron de otras falsas convocatorias, de ese método que pretende atrapar más voces, más vidas. La impunidad se disfrazó de abandono. El miedo se volvió ley.
14 de mayo de 2021 – Popayán, Cauca- asesinato de Sebastian Quintero Munera
La muerte de Sebastián Quintero Munera no fue un accidente. Fue una ejecución en medio de la represión a un pueblo que clama justicia. Sebastián salió esa noche a vender arepas, a ganarse la vida, a cuidar a su gente. Avisó a su padre que estaría en la protesta por Alison, una joven menor que se había suicidado tras denunciar violencia sexual (abuso y acoso sexual) por parte del ESMAD. La protesta fue pacífica, llena de banderas, arengas y cultura, hasta que el Estado decidió responder con gas lacrimógeno, balas y bombas.
Sebastián fue alcanzado por una bomba de estruendo Venon, disparada por el ESMAD, que le explotó en el cuello. Su familia asegura que hubo intencionalidad, que sabían el daño que causaría. El joven, a un cuatrimestre de ser ingeniero informático, era un referente en su barrio, ayudando a otros jóvenes atrapados por la droga, trabajando en el emprendimiento familiar y resistiendo con dignidad.
14 de mayo de 2021 – Popayán, Cauca- Lesion Ocular
Ese mismo día, David Quiñonez Villaquirán, un joven de 27 años, sufrió la pérdida total de su ojo izquierdo tras recibir un disparo indiscriminado de perdigones por parte del ESMAD en el barrio Bello Horizonte. David no participaba en la protesta; solo pasaba por el lugar buscando un medicamento. Fue víctima inocente de una violencia desmedida que marcó para siempre su vida.
14 de mayo de 2021 – Popayán – Atropellamiento por Tanqueta (Violencia Física grave)
Un joven de 24 años denunció que fue severamente lesionado luego de ser aplastado por una tanqueta del ESMAD.
14 de mayo de 2021 – Popayán – Atropellamiento por Tanqueta (Violencia Física grave)
Juan Diego Ortiz se desplazaba hacia Popayán para participar en el Paro Nacional. Al acercarse a la vía transversal 9, donde había barricadas, intentó ayudar a un compañero que no vio la tanqueta del ESMAD acercarse. En ese momento, fue atropellado por la tanqueta, sufriendo impactos en su cuerpo y rostro.
14 de mayo, cifras de la represión estatal
Hasta ese día, la Campaña Defender la Libertad había contado a 169 personas heridas por la Policía Nacional y el ESMAD, que con su fuerza desmedida parecían no querer entender que en las calles solo había protesta, no enemigos. Entre esos heridos, 17 perdieron la vista en uno o ambos ojos, una violencia brutal que apunta directo a apagar miradas. Nueve personas recibieron balas de armas de fuego, mientras que 37 defensores de derechos humanos soportaron golpes y empujones solo por estar allí, acompañando el clamor popular.
Las mujeres no se salvaron: 10 de ellas sufrieron violencias basadas en género, también ejercidas por quienes deberían proteger, no agredir. La detención fue la sombra más larga: 672 personas capturadas, muchas sin razón, otras torturadas, sometidas a tratos crueles e inhumanos que el Estado niega pero no puede ocultar. Hubo 12 allanamientos a casas y espacios de resistencia, 8 de esos declarados ilegales, sembrando miedo y robo de libertad en nombre de la seguridad.
Las denuncias sumaban 444, todas historias de abuso de poder, violencia policial y arbitrariedades que se vuelven rutina. Y en medio de todo, la muerte se hizo presente: 3 personas cayeron, víctimas de las balas o la brutalidad, sin que hasta hoy se sepa con certeza quién cargará con esa culpa.
14 de mayo, Cali — Seguimiento e intimidación contra manifestante
A las 10 de la mañana, un hombre llegó con cámara a la casa de una mujer que había salido a marchar. No estaba solo: dos hombres vestidos con ropa militar la acechaban en el pasillo, mirándola con ojos duros, señalándola, llenándola de miedo. No era la primera vez ni sería la última. Días después, cuando intentaba hacer trámites sencillos, ellos seguían allí, recordándole que estaba bajo vigilancia. Ese acoso, sutil y cruel, es también parte de la represión.
14 de mayo — Denuncia de posibles fosas comunes en Buga y Yumbo
Las organizaciones de derechos humanos no se atreven a cerrar los ojos. En la zona rural de Buga y Yumbo, señalan la existencia de fosas comunes, lugares donde podrían estar enterrando los cuerpos de muchos jóvenes desaparecidos en medio de la violencia. En Yumbo, la represión fue asfixiante: la Policía y el ESMAD se convirtieron en fuerzas de ocupación, con francotiradores vigilando todas las avenidas, disparando miedo. Pero la gente no se calló. Con valor y esperanza, resistió. No cedió a la brutalidad ni al silencio impuesto.
15 de mayo de 2021 — Popayán — Militarización y estigmatización
El ministro de Defensa anunció toque de queda y la llegada del ESMAD y Ejército a Popayán, mientras señalaba a cuatro líderes sociales y defensores de derechos humanos como responsables de actos vandálicos, ofreciendo recompensa por su captura. Daniel Gallego (“Cheto”), Fabián Andrés Sánchez (“Maíz”), Andrés Duque (“Caleño”) no tienen procesos judiciales ni pruebas que los incriminen, pero quedaron marcados como objetivos militares. Ese mismo día y al siguiente, hombres en moto rondaron el caserío Julumito buscando a “Maíz”, en un claro acto de intimidación. Aunque autoridades locales rechazaron las acusaciones, la amenaza contra estos líderes persiste en medio de la militarización y la violencia estatal.
16 de mayo de 2021 — Yumbo — Homicidio de John Alexander Yotengo Chagüendo
John Alexander tenía apenas 21 años. Venía del Resguardo Indígena de Pitayó, en Silvia, Cauca, y como muchos jóvenes ese día salió a las calles de Yumbo con la esperanza de ser escuchado. Pero la voz de la protesta chocó con la brutalidad. En medio del enfrentamiento con el ESMAD, John recibió un disparo. Cayó sin vida en medio de una jornada que dejó otra víctima mortal y más de treinta heridos, todos en el marco de un Paro Nacional marcado por la violencia estatal.
Su muerte no es un número: es la historia truncada de un joven que luchaba por un país que aún no aprende a respetar el derecho a la protesta.
16 de mayo de 2021 — Cali — Detenciones arbitrarias en el Puente de las Mil Luchas
En el Puente de las Mil Luchas, ese mismo día, varios jóvenes desaparecieron de la vista pública sin explicación. Ángela Vanessa, Juan David, Óliver, Aves David, Daniel, Juan, Jhon Freddy y Jhon Alexander fueron detenidos sin orden clara, sin motivo aparente, y sus paraderos eran una incógnita que encendió la alarma en familiares y organizaciones sociales.
La sombra de la desaparición forzada se cernía sobre ellos, junto al riesgo de sufrir torturas o tratos crueles. Quienes los detuvieron olvidaron que la protesta no es delito, que su deber es proteger y no castigar. Las voces que clamaron por su liberación exigieron respeto por sus cuerpos, sus vidas, y por el derecho a expresar la rabia y la esperanza.
Por eso, es urgente la creación de una Comisión de Esclarecimiento de los Hechos de Represión de Estado durante el Estallido Social. No puede seguir reinando el silencio ni la distorsión oficial de los hechos. Se necesita una instancia con legitimidad social, técnica y moral que nombre a las víctimas, documente la verdad, identifique a los responsables y proponga garantías de no repetición. El esclarecimiento no es solo una tarea histórica, es una necesidad inmediata para la democracia, para la memoria, y para cerrar las heridas abiertas con justicia. La impunidad no puede ser el final del relato.
¡Comisión de Esclarecimiento ya!