A veces, en Colombia, ser campesino ya es una forma de delito.
Y si se defiende el agua, peor.
Y si se enfrenta a una multinacional, entonces ya no hay dudas: el Estado afila su pluma y levanta cargos.
Desde el 13 de mayo de 2025 se reanudó la audiencia de imputación contra 11 campesinos de Jericó, Antioquia. La Fiscalía pretende acusarlos de secuestro simple, hurto calificado, daño en bien ajeno y lesiones personales. Entre ellos hay un hombre de 85 años. Lo más grave: pretenden imponerles medida de detención preventiva.
Ninguno cometió esos delitos. El verdadero “crimen” fue resistir, quedarse, cuidar el territorio.
La Fiscalía —esa que debería proteger la vida— hoy le hace el mandado a AngloGold Ashanti, la misma empresa que perfora montañas sin permiso, contamina fuentes de agua y amenaza a quienes estorban en su ruta dorada. La misma que en sus comunicados habla de “diálogo”, mientras opera en la sombra; que dice “progreso”, mientras arrasa cafetales y envenena nacimientos.
El caso de Jericó no es judicial: es político. Es una advertencia para todo el Suroeste antioqueño. Se persigue a estos once como se persiguió a los líderes sociales en Cajamarca, como se silenció a los guardianes del Atrato, como se criminaliza a quien se atreva a decir “no”.
Pero los campesinos resisten como la montaña.
Con la dignidad antigua de quien sabe que el agua no se negocia, que la tierra no se arrienda, que la vida no se entrega.
Lo intentaron todo: acuerdos municipales, reformas al ordenamiento territorial, consultas populares.
Y cuando ya no quedó vía legal, levantaron la voz.
¿Y qué hizo el Estado? Se hizo el sordo. Y después, el cómplice.
Hoy, mientras la Fiscalía redacta acusaciones, Jericó recuerda. Recuerda que las leyes también fueron hechas para proteger.
Que la protesta no es un delito.
Que defender el territorio es un derecho.
Tenemos que sumarnos.
Exigir su libertad inmediata.
Que regresen a sus veredas, a sus cafetales, a sus ríos.
Que sigan defendiendo la vida.
Por eso, hoy más que nunca:
#EstoyConLos11DeJericó
Porque no están solos.
Porque no pedimos justicia: la exigimos.
Porque cuando los ríos callan, es el campesino quien habla.
Por defender el territorio, NO deben ser privados de la libertad.
Por ejercer su derecho a la protesta pacífica, NO deben ser privados de la libertad.
Por cuidar la vida, NO deben ser privados de la libertad.
A la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo:
¿Qué mal le queda a su Fiscalía perseguir la protesta social para favorecer a una empresa que viola derechos humanos?
Señor Presidente Gustavo Petro:
¿Qué mal le queda a su gobierno —que dice ser Colombia Potencia Mundial de la Vida— permitir que una multinacional que viola derechos humanos se salga con la suya?
¡Libertad para los 11 de Jericó!
Corporación Justicia y Dignidad