En diciembre de 2022, Perú fue testigo de un golpe blando que disfrazó la caída de Pedro Castillo como defensa del orden constitucional. La escena fue tan pulcra que hasta parecía legal. La vicepresidenta Dina Boluarte asumió el cargo en nombre de la institucionalidad y, en poco tiempo, se convirtió en la primera mujer presidenta del país. Pero no lo hizo como símbolo de cambio, sino como garante del continuismo, sin pueblo y con represión.
El precio fue altísimo.
Más de 60 personas asesinadas en protestas, la mayoría indígenas, campesinas, jóvenes del sur. 1.300 personas heridas, muchas con traumas irreversibles. Más de 800 detenidas arbitrariamente. Organismos internacionales como la CIDH, Amnistía Internacional y la ONU documentaron ejecuciones extrajudiciales, uso desproporcionado de la fuerza y racismo institucional. Mientras esto ocurría, Boluarte sostenía, en su primera alocución como presidenta, que velaría “por los nadies, los excluidos, los ajenos”.
Las mismas palabras que ha usado Francia Márquez desde que era precandidata presidencial en Colombia, como reivindicación de los pueblos negados: comunidades negras, indígenas, rurales, empobrecidas.
Pero en Perú, esos “nadies” fueron reprimidos y asesinados.
También prometió enfrentar la corrupción “en todas sus escabrosas dimensiones”, cuando el presidente Pedro Castillo —acusado de corrupción sin juicio ni garantías— era derrocado entre maniobras del Congreso, el empresariado y las élites limeñas.
Hoy, en Colombia, los ecos de ese libreto no solo resuenan… se están ejecutando. La reciente investigación del diario El País de España lo confirmó: los audios filtrados revelan que el excanciller Álvaro Leyva —hoy sancionado y suspendido— afirmó que Francia Márquez estaba al tanto de todo. La operación para desestabilizar al presidente Petro ya no es conjetura: estamos en la segunda fase del golpe blando. Estados Unidos ha empezado a cancelar visas a altos funcionarios colombianos, llamar a consultas a sus embajadores en EE. UU. y Europa, y aplicar sanciones políticas disfrazadas de medidas diplomáticas. Es el mismo guion que ya vimos ejecutarse en Bolivia, Perú y Paraguay: una fórmula de presión, aislamiento y “transición ordenada” que siempre termina traicionando la voluntad popular.
¿Quieren convertir a Francia Márquez en la “Dina Boluarte” de Colombia? ¿Quieren usar su rostro para legitimar una transición sin pueblo, impuesta desde los despachos internacionales y las élites nacionales?
Francia no es Dina.
Colombia no es Perú.
Pero si no aprendemos de la historia, la historia se repite… y esta vez con rostro de mujer, pero sin justicia para el pueblo.
Que no se repita la historia.
Porque las mujeres no estamos para ser fichas, ni transiciones, ni excusas.
Estamos para gobernar con el pueblo, no contra él.
Y no vamos a callar mientras se ejecuta otro golpe con disfraz de legalidad e institucionalidad.
Por prensa Justicia & Dignidad