Por décadas, la voz del campesinado en Colombia fue invisible en la arena política y social. Se hablaba de tierra, de producción, de reforma agraria, pero rara vez se hablaba de campesinos como sujetos plenos de derechos. Esa exclusión histórica comenzó a transformarse con la reforma constitucional de 2023, cuando el Congreso y la Corte Constitucional reconocieron al campesinado como sujeto de especial protección, incorporando de manera explícita en la Carta Política su derecho a la tierra, a la participación y a ser consultados en las decisiones que afectan su vida y territorio.
Este reconocimiento tiene un hito en el artículo 64 de la Constitución, que en su versión reformada establece que el Estado debe promover el acceso progresivo a la tierra de los trabajadores agrarios y garantizar políticas diferenciales para el campesinado. Allí se selló, por fin, un viejo anhelo: que ser campesino no es una condición de atraso, sino una identidad digna que merece protección, tal como ocurre con los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes.
La Consulta Campesina Ya
Con ese piso constitucional, las organizaciones campesinas se han propuesto dar un paso más: impulsar la Consulta Campesina Ya, una iniciativa popular que busca recoger más de cuatro millones de firmas para que la reforma agraria deje de ser un programa de gobierno y se convierta en política de Estado.
La propuesta fue debatida en la Asamblea Nacional Campesina en Corferias, con más de 1.200 delegados de 800 organizaciones, los días 30 y 31 de agosto de 2025.
El corazón de esta propuesta está en la consulta obligatoria a las comunidades campesinas sobre el uso del suelo. En términos sencillos, significa que cualquier proyecto que impacte los territorios rurales —sea minero, agroindustrial, energético o de infraestructura— deberá contar con el visto bueno previo de quienes habitan, trabajan y cuidan esas tierras. No se trata de oponerse al desarrollo, sino de garantizar que el desarrollo no se haga contra los campesinos, sino con ellos.
Las preguntas de la Consulta Campesina
El comité promotor presentó cinco preguntas iniciales que resumen las principales demandas del campesinado:
1. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado a través de la Agencia Nacional de Tierras recupere baldíos sin fase judicial, adquiera predios y disponga de los bienes rurales incautados al narcotráfico, la corrupción y a los grupos armados, para destinarlos a comunidades campesinas sin tierra, como estrategia para superar la desigualdad y la violencia?
2. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado transforme Entidades y fortalezca programas con participación directa del campesinado, para impulsar la producción, transformación y comercialización de productos de la economía campesina, familiar y comunitaria como estrategia para acabar el hambre?
3. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado garantice que las comunidades campesinas que habitan en áreas ambientalmente protegidas puedan permanecer, participar en su ordenamiento y cuidar dichos territorios con acompañamiento, inversión pública y proyectos agroecológicos?
4. ¿Está usted de acuerdo en que todas las instituciones del Estado garanticen la protección de los derechos del campesinado, sus territorios y su desarrollo integral bajo el cumplimiento del Artículo 64 de la Constitución Política y con enfoque de género?
5. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado garantice mecanismos especiales para la protección de la vida y la paz en el campo y las comunidades, en particular para la protección integral de los liderazgos campesinos y ambientales?
A pesar de la importancia de estas cinco preguntas —que fueron construidas colectivamente por las organizaciones campesinas— consideramos que es necesario incluir una pregunta explícita sobre la consulta previa e informada frente al uso del suelo, en especial cuando se trate de megaproyectos económicos a gran escala, mineros, energéticos o de infraestructura. Solo así se asegura que el campesinado pueda decidir de manera libre y anticipada sobre transformaciones profundas en sus territorios.
¿Qué implica esta consulta?
1. Reconocimiento político: eleva al campesinado al mismo nivel de interlocución que tienen indígenas y afros en materia de consulta previa.
2. Seguridad jurídica: obliga al Estado a establecer mecanismos claros de participación antes de autorizar el uso del suelo.
3. Reforma agraria estructural: asegura que la redistribución de la tierra no dependa de la voluntad de un gobierno de turno, sino que se convierta en mandato nacional.
4. Defensa del territorio: protege la vocación agrícola y ambiental de vastas regiones rurales frente a la presión extractiva.
La Consulta Campesina Ya es más que una herramienta jurídica. Es un acto pedagógico de dignidad. Así como en los años 90 la Asamblea Constituyente abrió la puerta a los pueblos indígenas y afrodescendientes, hoy el campesinado exige su lugar en la nación. No como convidados de piedra, sino como protagonistas de un futuro que no se puede construir sin quienes siembran la comida, cuidan el agua y sostienen la vida cotidiana del país.
Se trata de escuchar a los que siempre han estado ahí, en silencio, con la azadón al hombro y la esperanza en la mirada. La consulta campesina no es un capricho; es el eco de una historia larga de exclusión que hoy reclama justicia y participación.
Por Justicia & Dignidad
Periodismo independiente e investigativo