En Colombia —esa república barroca donde todo se repite como un bolero mal cantado— la derecha siempre ha tenido una vocación incansable por la guerra. No cualquiera: la guerra útil, rentable, esa que se libra sin despeinarse. Primero fue la guerra sucia, con sus discretos fusiles y sus escuadrones sin firma. Pero cuando las urnas dejaron de obedecerles, encontraron un juguete nuevo, más limpio y menos ruidoso: la guerra jurídica. Y en esa cruzada resplandece, como un querubín cabreado, Paloma Valencia, siempre vestida de blanco nuclear, siempre con gesto de heroína bíblica, siempre lista para demandar a alguien que no vote como ella quisiera.
En el Congreso no legisla gran cosa —ni falta que le hace—; tampoco convence, ni articula país. Lo suyo no es crear, sino anular. No propone: demanda. Y en un país donde media elección puede desaparecer con un auto, semejante habilidad es equivalente al arte de gobernar sin cargo oficial. Paloma no necesita ministerios: le basta una impresora, un abogado diligente y un Consejo de Estado con vocación de arcabuz.
Porque las demandas de la senadora no son instrumentos de control político: son proyectiles, pequeños misiles de toga y membrete contra la democracia. Y el alto tribunal, convertido a estas alturas en su batería de artillería, las admite con la devoción con que se admiten las estampitas religiosas en Semana Santa.
Ahí están, en fila, los obuses jurídicos.
Primero, la demanda contra la personería del Pacto Histórico. Un movimiento quirúrgico, estratégico: si se tumba la personería, la izquierda no podrá unirse. Una coalición sin personería es como un barco sin casco: se hunde por cualquier lado. Cualquier candidato progresista podría terminar inhabilitado por doble militancia; cualquier alianza podría nacer muerta. La Paloma, con un solo documento, dejó al movimiento más votado del país caminando en puntas de pie, tratando de no rozar ninguna arista legal.
Pero no satisfecha, siguió con el partido Progresistas, como quien remata la faena por deporte. Otra demanda, otra incertidumbre, otro frente debilitado. Lo que en otras latitudes sería un proyecto político, aquí se vive como un trámite disciplinario perpetuo
Después vino la demanda contra la reforma pensional, no por tecnicismos constitucionales —eso es accesorio— sino porque la palabra “solidaridad” provoca alergia entre quienes conciben el país como un gran CDT. A eso siguió la demanda contra el decreto de salud, por si acaso al gobierno se le ocurre gobernar sin solicitar permiso al sector financiero, o a las clinicas privadas
Y, claro, la Universidad Nacional. Cuando el Consejo de Estado anuló la elección de su rector, la Paloma celebró como si hubiera derribado una fortaleza enemiga. De inmediato pidió intervención preventiva, no fuera que a la academia se le ocurriera gobernarse sin su tutoría involuntaria.
Mientras la derecha pierde elecciones, Paloma gana autos admisorios. En Colombia eso equivale a una curul invisible: un poder que no pasa por el voto, sino por los expedientes.
Porque lo que ha logrado con su guerra jurídica es sencillo y eficaz: que la izquierda no pueda organizarse sin sentir que está pisando un campo minado. Hoy cualquier candidato progresista se pregunta si al inscribirse despierta una demanda, si al unirse activa una sanción, si al ganar la elección lo anulan por deporte. La democracia, en su versión Paloma, se vive como una carrera de obstáculos legales.
Mientras tanto, la derecha disfruta de una estabilidad de relojería: sus alianzas jamás se cuestionan, sus movimientos internos jamás se interpretan como doble militancia, sus partidos jamás entran en esos laberintos kafkianos. No por inocencia, sino porque nadie los demanda con la rigurosa devoción con la que la senadora demanda a la izquierda. La Paloma vuela hacia un solo lado. Nunca contra los clanes, los parapolíticos, los carteles electorales. La ley, en su cruzada, es arma, pero nunca ética.
En el centro de este campo de batalla está Iván Cepeda, uno de los pocos políticos que todavía generan respeto transversal. Y precisamente por eso es un objetivo. Que si puede estar en el Frente Amplio, que si no; que si apoyar a alguien es militancia simultánea; que si su sola existencia es causal disciplinaria. La misión parece obvia: mantenerlo más ocupado defendiéndose que construyendo un proyecto democrático.
La ironía mayor es que la derecha no se une no por exceso de ideas, sino por exceso de intereses. Son como una cofradía de piratas: todos quieren ser capitán y ninguno quiere repartir botín. Demasiados caciques, demasiados feudos, demasiados apetitos. La izquierda, que al menos intenta discutir programas, vive bajo la tormenta perfecta de la inseguridad jurídica fabricada por Paloma y ejecutada con entusiasmo por los magistrados.
Al final, la democracia según la Paloma no se juega en las urnas, sino en los estrados. El poder no se disputa en plazas públicas, sino en autos admisorios. La institucionalidad no se construye: se bloquea. La política no se debate: se proscribe. Es el país de las demandas como forma de gobierno, el país donde votar es un acto casi decorativo, porque la última palabra no la tiene el ciudadano sino el expediente.
Y como si todo esto fuera poco, Paloma libra esta guerra mientras hace campaña presidencial. Una campaña invisible, fantasmal, sostenida por un lema —“Colombia tiene power”— que parecía sacado de un comercial noventero. Su intención de voto es tan baja que ni siquiera aparece en las encuestas. Y para rematar, su propio partido no la ve como opción. Uribe, con su olfato quirúrgico y su misoginia bien documentada, jamás la nombrará candidata.
La guerra jurídica, entonces, no le sirve para llegar al poder.
Pero sí está logrando algo: erosionar la democracia y esto a la postre nos llevará a un estallidos social pidiendo Constituyente y la derecha colombiana y nuestra palomita de la guerra quien sabe que demanda se inventaran para torpedear la voluntad popular.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo