En la Ladera de Cali, donde las calles parecen trepar con la misma dificultad con la que la gente ha debido cargar sus duelos, ayer ocurrió algo que pocas veces se ve: habló una víctima. No una funcionaria de ONG, no una experta convocada por la academia, no una oradora profesional de voz entrenada. Habló una mujer de 29 años, hermana de un joven asesinado durante el estallido social, y su palabra —sencilla, directa, sin adornos— partió en dos el aire de la inauguración de la Universidad de la Ladera. Ella no pidió permisos ni favores; solo gestionó que las víctimas tuvieran un pequeño espacio en el acto, y cuando lo tuvo, se plantó frente al Presidente, lo llamó por su nombre completo —Gustavo Petro Urrego— y lo miró a los ojos como quien convoca a otro ser humano a responder. Con esa transparencia que deja la muerte en quienes sobreviven, le dijo que las víctimas deben ser escuchadas, que sus derechos no pueden seguir esperando, que el Estado debe acompañarlas y no abandonarlas.
Nombró, uno a uno, a los jóvenes asesinados en la Ladera. Entre ellos estaba Daniel, su hermano, muerto en el Dollar City de Siloé. “Tendría veinte años hoy. Sería un estudiante más en esta universidad que usted inaugura”, dijo. Pero no: está muerto. Y con él, más de ochenta muchachos del estallido. Ochenta vidas que no alcanzaron a hacerse adultas porque alguien, en algún nivel del poder, dio una orden que todavía nadie reconoce. Ella lo recordó con una serenidad que dolía más que cualquier grito. Y recordó, sobre todo, algo que parece haberse perdido entre tecnicismos y trámites: la promesa hecha a las víctimas fue una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. No una comisión de expertos, no un panel tecnocrático, no un nuevo fortín burocrático donde los cargos se reparten entre quienes jamás han enterrado un hijo.
La Constitución no prohíbe una comisión de la verdad. Tampoco lo hacen las leyes, ni los tratados internacionales. Nadie ha escrito en ninguna parte que las víctimas del estallido social no puedan saber qué pasó, quién dio la orden, por qué se atentó contra la juventud con saña, por qué se cometieron crímenes de lesa humanidad y por qué todo sigue en impunidad.
Pero los espacios que deberían ser de ellas fueron ocupados por organizaciones sociales que, con la familiaridad de quien ya conoce el juego institucional, se nombraron a sí mismas en la llamada comisión de expertos. De nuevo dejaron por fuera a las víctimas. No las consultaron. No las miraron.
Y mientras tanto, la Unidad de Derechos Humanos mantiene sus casos congelados, sin avances y sin justicia. Es un contrasentido feroz: ya hay más de sesenta jóvenes condenados por haber protestado, pero ni un solo responsable estatal ha sido llevado a juicio por los asesinatos. Esa disparidad fue lo que ella llevó ayer al escenario. Y entregó al Presidente una carta abierta en la que pide que las víctimas sean realmente escuchadas y no usurpadas.
Ayer habló una víctima. Por fin. No fue el discurso ventijuliero de una ONG ni la voz del académico con doctorados que convierte el dolor en teoría. Fue la verdad desnuda. Falta saber si el Presidente la escuchó de verdad.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo