En Colombia existe una confusión muy útil para la oposición: hacer creer que los impuestos aparecen porque a un presidente se le ocurrió, y no porque el Estado, como cualquier casa, necesita ingresos para no quebrarse. Esa confusión volvió con fuerza tras la tumbada de la Ley de Financiamiento: una ley técnica, aburrida y poco sexy, pero absolutamente vital. Justo el tipo de cosas que el Congreso disfruta sabotear mientras grita “dictadura”.
La ley de financiamiento no es un invento chavista ni una conspiración bolivariana. Es, en términos simples, el instrumento que dice de dónde sale la plata para pagar lo que el mismo Congreso ya aprobó gastar. Presupuesto sin financiamiento es como aprobar el mercado familiar y luego negarse a sacar la billetera: mucho entusiasmo, cero responsabilidad.
¿Qué fue lo que pasó? El Congreso aprobó un presupuesto ambicioso —salud, educación, programas sociales— y después decidió tumbar la ley que garantizaba los ingresos para financiarlo. No por errores técnicos graves, sino por una mezcla conocida: oposición política, cálculo electoral y una vieja costumbre nacional de legislar sin hacerse cargo de las consecuencias.
La ley buscaba recaudar alrededor de 26 billones de pesos. No del rebusque, ni del vendedor de empanadas, ni de la señora del Sisbén. La carga estaba concentrada en los más ricos, los grandes patrimonios y las grandes empresas, incluyendo sobretasas a sectores financieros y recortes a beneficios tributarios que funcionan como subsidios de lujo. Es decir, tocar donde duele… pero donde hay con qué.
¿Había impuestos indirectos? Sí, algunos ajustes al consumo. Pero el grueso del recaudo venía de arriba, no de abajo. Sin embargo, en el relato opositor eso se convirtió mágicamente en “van a empobrecer al pueblo”, dicho —como siempre— por quienes no usan TransMilenio ni hacen mercado sin escolta.
Hundida la ley, el Gobierno quedó frente a una ecuación elemental: gastos aprobados, ingresos insuficientes. Y aquí conviene recordar algo básico: la Constitución no permite quedarse cruzado de brazos mientras el país entra en riesgo fiscal. O se recorta el gasto social, o se deja de pagar, o se usan mecanismos extraordinarios. Y ahí aparece el tan demonizado decreto de emergencia económica.
El decreto no es un capricho autoritario. Es una herramienta constitucional prevista precisamente para situaciones como esta: cuando existe una amenaza grave al orden económico y fiscal. Permite, por un tiempo limitado, legislar por decreto, bajo revisión automática y estricta de la Corte Constitucional. No es poder absoluto: es poder temporal, condicionado y vigilado.
Pero Colombia es especialista en paradojas. El Congreso tumba la ley de financiamiento, luego critica el decreto que intenta suplirla, y después celebra si la Corte tumba el decreto. Es la política del “no a todo”, con una sola excepción: no a asumir responsabilidades.
Si la emergencia también se cae, las consecuencias no son retóricas ni ideológicas. Son concretas: menos recursos para programas sociales, aplazamientos en inversión pública, mayor incertidumbre fiscal, desconfianza económica y un Estado obligado a gobernar con el freno de mano puesto. Todo eso para que los mismos de siempre puedan decir que “el Gobierno no ejecuta”, después de haberle quitado la chequera y roto la tarjeta.
Mientras tanto, los sectores que más debían aportar celebran. Porque cada ley tributaria hundida es, en la práctica, una exención informal para los poderosos. No legislar también es legislar: a favor de quienes ya tienen.
Al final, el país no está ante un debate técnico sino ante una pregunta política simple:
¿quién paga el Estado?
¿los que más tienen o los que siempre terminan pagando el desorden ajeno?
Tumbar la Ley de Financiamiento y luego el decreto no es defensa de la democracia.
Es sabotaje fiscal con aplausos.
Y cuando el Estado se queda sin recursos, el daño no lo sienten los congresistas:
lo siente el país.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo