En Colombia las reformas no mueren por cansancio sino por cerco. No se agotan en el debate: las asfixian. Así ha pasado con la reforma a la salud, esa que intentó devolverle dignidad al paciente y sentido público al cuidado. En el Congreso de la República la dilataron, la fragmentaron, la enredaron en procedimientos hasta volverla irreconocible. Y si cuando logra avanzar alguna reforma, la Corte Constitucional termina por desmontar piezas centrales, como si el derecho a los derechos fundamentales o sociales fuera una concesión técnica y no un mandato social.
No es un hecho aislado. La consulta popular —esa herramienta mínima para preguntarle al país qué quiere— también fue bloqueada. El mensaje se repite con precisión mecánica: cuando el cambio viene de abajo, la rama legislativa lo tranca; cuando logra colarse, la rama judicial lo poda. No es un choque de poderes; es una coreografía de contención.
En ese contexto no sorprende que resurja la palabra prohibida: Constituyente. No como capricho ni como atajo autoritario, sino como respuesta a un sistema que convirtió el trámite en trampa. Por eso se registró ante la Registraduría Nacional del Estado Civil el Comité Promotor de la Asamblea Constituyente. No es la Constituyente aún; es apenas el primer paso: recoger alrededor de tres millones de firmas válidas, pasar luego por el Congreso —otra vez el Congreso— y, si no bloquea, permitir que el pueblo decida en las urnas.
La idea no cae del cielo. En el Acuerdo Final de Paz quedó sembrado un espíritu constituyente: un gran pacto nacional para ampliar la democracia, garantizar derechos y cerrar, por fin, la guerra social. Ese Acuerdo tiene rango constitucional especial y fue depositado ante la Organización de las Naciones Unidas. No convoca por sí solo una Constituyente, pero sí reconoce algo fundamental: que sin transformaciones estructurales no hay paz posible.
¿Quiénes se oponen? Los de siempre. Las derechas colombianas que hicieron de la desigualdad un modelo y del miedo un programa. Los mismos que llaman “inseguridad jurídica” a perder privilegios y “populismo” a que la gente decida. Son, en el fondo, enemigos de la paz y de la justicia social.
De ahí que la discusión no sea solo jurídica. Es política y es ética. La Constituyente no sustituye la movilización; la necesita. Tampoco reemplaza las elecciones: las exige. Necesitamos mayorías en el Congreso, porque un Congreso capturado no puede seguir siendo el muro contra la salud, la educación, el trabajo digno y la paz.
El país está cansado de tocar la puerta correcta y encontrarla cerrada desde adentro. Cuando la ley le da la espalda al pueblo, el pueblo busca otra forma de entrar. No para romper la casa, sino para volverla habitable.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo