El empalme no se suspende: la ley está por encima del show de De la Espriella.

​En Colombia somos expertos en armar tormentas en vasos de agua cada vez que cambia el gobierno. El último escándalo de la política de Twitter —esa que se hace a punta de trinos rabiosos y micrófonos abiertos— es el anuncio rimbombante de la oposición tradicional: «Se suspende el empalme». Salieron a hacer show, a meter miedo y a posar de indignados. Pero la verdad es muy distinta a lo que le quieren vender a la gente, y la ley es una sola, por más que les estorbe.
​La derecha, que ahora se mueve al ritmo que le tocan personajes como Abelardo de la Espriella, quiere hacerle creer al país que si ellos se levantan de la mesa, el Estado se paraliza y quedamos en un limbo. Pura carreta. Lo que no le dicen a la gente es que el empalme no es un favor, ni un pacto de amigos, ni una reunión para tomar café. Es una obligación legal muy clara, escrita en la Ley 951 de 2005.
​Para ponerlo en cristiano: la ley dice que el gobierno que sale tiene la obligación de entregar las cuentas claras, mostrar los contratos, abrir los computadores y decir en qué se gastó cada peso. Pero la ley también dice que el gobierno que entra puede ir a recibir esa información si quiere; y si decide no ir por pura pataleta, el proceso no se detiene. El gobierno de Gustavo Petro no solo puede, sino que debe seguir adelante con el empalme. Y así lo va a hacer: de frente al país, con las cámaras de televisión encendidas y con el acompañamiento de la Procuraduría para que nadie pueda inventar cuentos chinos.
​Entonces, ¿cuál es el verdadero miedo a un empalme televisado y vigilado? ¿Por qué les aterra tanto que el pueblo vea la entrega en vivo y en directo?
​El pánico es muy simple: si el país ve en televisión pública que el gobierno progresista entrega las finanzas en orden, las instituciones funcionando y los procesos transparentes, se les cae el libreto del caos. A la nueva administración se le desbarata la excusa perfecta que están cocinando desde ya para asustar a la gente y decretar un «Estado de Conmoción Interior».
​Ese es el verdadero plan: armar un ambiente de crisis artificial para poder gobernar por decreto, saltándose al Congreso y a las leyes. ¿Para qué? Para tener el camino libre y regalarle lo que queda del país a los intereses de Washington, a las empresas de Israel y a las multinacionales de siempre, que ya se están frotando las manos. Para privatizar lo público y hacer sus negocios a puerta cerrada, necesitan convencer a los colombianos de que la casa quedó en ruinas. Un empalme transparente y transmitido a todo el país les daña el negocio porque demuestra que el gobierno del cambio hizo las cosas bien.
​Esta pataleta del empalme es la cortina de humo perfecta para tapar los verdaderos elefantes en la sala. Con tanto ruido mediático, pretenden que la gente se olvide de las denuncias gravísimas por el fraude electoral que los acomodó en el poder, de los cuestionamientos oscuros por lavado de activos en sus campañas y de la descarada intervención extranjera que ya ni se molestan en ocultar.
​Al final, la estrategia es vieja y conocida: armar el show en las redes para tapar la realidad. Pero la ley no se suspende porque el presidente electo se ponga de mal genio. El gobierno de Petro va a prender las pantallas, va a sentar a los delegados de los entes de control y le va a mostrar a Colombia, con números y realidades, cómo se gestionó el país de forma limpia. El pueblo tiene derecho a saber la verdad, por más que los nuevos dueños del circo prefieran la oscuridad de los decretos y el secreto de las oficinas cerradas.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo