El polvo de Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio antioqueño, huele a miedo viejo, a ese rancio olor de los años noventa que los campesinos esperaban no volver a respirar. En el predio La Perla, un pedazo de tierra que alguna vez estuvo marcado por el despojo paramilitar y que luego pasó a manos de una asociación de mujeres campesinas, el aire se ha vuelto denso, casi irrespirable.
Las mujeres de la asociación —cuyos nombres se guardan bajo llave por un elemental instinto de supervivencia— miran los cercos con la certeza de que la noche ya no es segura. Hasta hace poco, sembrar allí era un acto de sanación, una pequeña victoria de la Reforma Agraria sobre el pasado de fuego de Ramón Isaza y su clan. La Perla pertenecía a María Georgina Arango, alias «La Gina», esposa de Ovidio Isaza, alias «Roque». El Estado se las había entregado provisionalmente para que sembraran vida donde antes hubo muerte. Pero los vientos políticos cambiaron en Bogotá y los ecos de ese cambio llegaron al territorio en forma de amenaza.
El rostro de la intimidación local tiene un alias: «El Barco». Hermano de «La Gina», este hombre irrumpió en el predio no con armas largas, sino con algo que en Colombia es igual de letal: la certeza de la impunidad política. Con el triunfo presidencial de Abelardo De la Espriella, los antiguos herederos del despojo han sentido que el reloj de la historia corre a su favor. «El Barco» fue claro ante las campesinas: venía a recuperar lo que consideraba suyo. Les advirtió que solo estaban esperando la posesión del nuevo gobierno de De la Espriella para ejecutar el desalojo, por las buenas o por la fuerza.
Este episodio, denunciado formalmente ante la Fiscalía por el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, es el síntoma de una fractura mucho más profunda que recorre las venas rurales de Colombia. No es un hecho aislado; es el rugido de una contrarreforma agraria que no espera decretos oficiales, sino que se ejecuta de facto en las regiones. Para los sectores vinculados al viejo paramilitarismo, el discurso de «firmeza» y de defensa irrestricta de la propiedad privada de la nueva administración ha sido interpretado como una licencia para el despojo.
La violencia política en Colombia siempre ha tenido la misma raíz: la tenencia de la tierra. Lo que ocurre en La Perla se replica con alarmante simetría en el Meta, donde, en la finca La Primavera, hombres encapuchados torturaron a machetazos a una comunidad entera, incluyendo a una menor de edad. En el Magdalena Medio y en Caldas, los supuestos «dueños legítimos» y abogados de antiguos capos acuden a los predios de la Reforma Agraria para intimidar a las víctimas.
Las mujeres de Puerto Triunfo hoy resisten en silencio, sabiendo que el Estado que les prometió la tierra parece desdibujarse ante la llegada de un nuevo poder. Mientras las autoridades centrales guardan un silencio cómplice, en el territorio las comunidades exigen garantías. Saben que, cuando la retórica del poder se traduce en el lenguaje de las armas locales, los platos rotos siempre los pagan los mismos: los cuerpos de las mujeres y la tierra que tanto costó recuperar.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

