Hay coincidencias en Colombia que no pertenecen a la casualidad, sino a esa vieja y arraigada vocación de servidumbre que nuestras élites suelen confundir con alta diplomacia.
Mientras el país se remueve entre los escombros buscando a sus muertos, el señor Pete Hegseth anuncia desde Panamá —con ese tono doctoral y castrense que tanto fascina en los despachos de Bogotá— que el gobierno de Abelardo de la Espriella ha solicitado la entusiasta colaboración de las fuerzas armadas estadounidenses para emprender operaciones militares conjuntas contra el inagotable “narcoterrorismo”. Y añade, para rematar el banquete, que Colombia ingresará al mentado Escudo de las Américas. Todo esto sin que en el Palacio de Nariño nadie se haya tomado la molestia de explicarle a los ciudadanos de qué se trata la gracia.
Uno tendría la candidez de preguntar: ¿operaciones militares extranjeras en nuestro suelo? ¿Decididas por quién y autorizadas cuándo? Porque resulta que aquí, aunque a veces se olvide entre desastres naturales y extravagancias de gobierno, todavía existe algo llamado Constitución.
Y aparece entonces una coincidencia francamente incómoda. Tras el terremoto, la primera reacción del Ejecutivo no fue la eficacia, sino la selección ideológica: dejar en sala de espera a los equipos de búsqueda y rescate de medio mundo para abrirle la puerta, casi de manera exclusiva, a los enviados de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel. ¿Selección técnica o diplomacia de patio trasero? Casualidad no es: los tres primeros son el núcleo duro de la alianza de seguridad impulsada por Washington, e Israel es el socio militar por excelencia del Pentágono.
La pregunta que surge, por molesta que resulte a los patrioteros de ocasión, es elemental: ¿se pretende aprovechar la tragedia humana para colar, con casco de bombero pero fusil al hombro, al personal militar extranjero que ejecutará las operaciones anunciadas desde Panamá? No es paranoia; es elemental sentido de la historia. Acaba de ocurrir en Venezuela, donde la solidaridad humanitaria desembarcó acompañada por marines, la Armada, la Fuerza Aérea y las Fuerzas de Defensa de Israel. Eran rescatistas, sí, pero venían de uniforme.
En Colombia la soberanía no es una propiedad privada que el Presidente pueda alquilar por entusiasmo personal. El artículo 173 de esa carta política que todos juran defender y pocos leen le atribuye con claridad al Senado la facultad de permitir el tránsito de tropas extranjeras. Y no estamos en receso parlamentario: es agosto, el Congreso está reunido y los senadores están allí. Si el anuncio de Hegseth implica botas gringas pisando suelo nacional, ¿dónde está la discusión y la aprobación del Senado?
Bienvenidos sean todos los médicos, bomberos, ingenieros, perros y rescatistas capaces de sacar a un colombiano con vida de las ruinas. Pero si detrás de ellos vienen soldados, tengan la decencia de decirlo. Una tragedia nacional puede disculpar muchas torpezas, pero no puede convertirse en un atajo para el entreguismo militar.
El terremoto ya abrió demasiadas grietas en la tierra. No hace falta que el Gobierno aproveche la conmoción para abrirle otra, más profunda e irreparable, a la Constitución.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo