Todo despojo de derechos empieza por la palabra. Antes de que cambien las leyes o se clausuren los presupuestos, la burocracia ensaya una violencia silenciosa: borra el lenguaje. Decir que omitir la palabra «niña» en el lenguaje institucional es una simple discusión gramatical es ignorar cómo funciona la opresión. En un país como Colombia, desconocer el nombre es la primera piedra para desmantelar la protección.
Desde el punto de vista jurídico y pedagógico, el principio del enfoque diferencial —consagrado en la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia) y en tratados internacionales con rango constitucional como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará— no es una cortesía del discurso. Es una obligación legal. La norma nombra de forma explícita a las «niñas» porque reconoce una realidad insoslayable: la infancia femenina enfrenta violencias y vulnerabilidades distintas a las de los niños.
Cuando la entidad encargada de protegerlas opta por esconderse tras la aparente neutralidad del masculino genérico, comete una infracción grave a la doctrina de la protección integral. En la práctica del Estado, lo que no se nombra deja de existir para la política pública. Al desaparecer la palabra «niña» del lenguaje oficial:
Se invisibiliza la violencia específica: Se opaca la realidad del abuso sexual infantil, la maternidad forzada en niñas y las uniones tempranas, delitos que en Colombia afectan abrumadoramente a las niñas.
Se desmantela la política pública: Sin la categoría explícita, se diluyen los presupuestos con enfoque de género, los indicadores de seguimiento y las rutas de atención especializada.
Se vulnera el derecho a la identidad y a la participación: Se le enseña a la infancia femenina que su existencia no requiere mención explícita en las instituciones diseñadas para defenderla.
Como en las distopías donde a las mujeres se les arrebata primero la voz para luego arrebatarles el cuerpo, este retroceso institucional marca un precedente peligroso. Primero se deja de nombrarlas con el pretexto del orden técnico; luego se declaran innecesarias las medidas afirmativas; finalmente, se consolida la desprotección. Nombrar a las niñas no es un adorno del lenguaje: es una garantía constitucional indispensable para que sigan vivas y seguras.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo