Han nombrado directora general del ICBF a María Carolina Restrepo Cañavera. Un nombramiento incomprensible para alguien que, a juzgar por sus primeros actos, desprecia la voz, la autonomía y la conciencia de las niñas.
Su primera gran batalla no fue contra la desnutrición, el abuso sexual, la explotación ni el reclutamiento infantil. Fue contra un mural. Con la furia de una censora, ordenó borrar la frase “Aquí estuvo Resistencia Chiquita” y declaró que los niños “lo único que tienen que hacer es jugar”.
Resistencia Chiquita nació después del feminicidio de Yuliana Samboní, ocurrido en Bogotá en 2016. Surgió de las preguntas de Antonia, una niña de siete años, sobre la violencia que padecen las niñas. Desde entonces, el colectivo emplea el arte, la conversación y la acción colectiva para hablar del feminicidio, defender los derechos de la niñez y demostrar que las niñas no son objetos decorativos: piensan, preguntan, crean, se organizan y resisten.
Eso fue precisamente lo que Restrepo decidió borrar.
No fue una simple decisión sobre pintura. Fue un acto de censura contra la expresión de unas niñas y un desconocimiento de sus derechos a opinar, participar, asociarse y ser escuchadas, protegidos por los artículos 20, 44 y 45 de la Constitución, los artículos 12, 13 y 15 de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 1098 de 2006. El Estado no protege a las niñas silenciándolas.
La directora debe ser investigada por la Fiscalía General de la Nación por la posible comisión del delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, contemplado en el artículo 416 del Código Penal. Utilizar un cargo público para ordenar arbitrariamente la eliminación de una expresión legítima de participación infantil no puede quedar en la impunidad.
También debe iniciarse una investigación disciplinaria para establecer si incumplió sus deberes funcionales, vulneró los principios de protección integral e interés superior de la niñez y utilizó el poder institucional para afectar directamente a un colectivo conformado por niñas. La gravedad es mayor porque la orden provino precisamente de quien tiene la obligación legal de protegerlas.
Además, Restrepo ya había sostenido que ciertos menores que cometen delitos no deberían ser considerados niños y tendrían que recibir trato de adultos. La condición de niño o adolescente no desaparece por infringir la ley. Negarlo es desconocer el sistema de responsabilidad penal adolescente y los principios constitucionales que obligan a brindarles protección diferenciada.
Nadie que considere abusiva la voz de las niñas y pretenda reducirlas al silencio debería dirigir el ICBF. María Carolina Restrepo Cañavera debe ser investigada y destituida. No se puede confiar la protección de las niñas a quien comienza su gestión borrándolas.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

