Bien lo advirtió en su momento Gustavo Petro: lo de Pal3stina no era un conflicto más entre vecinos irreconciliables, sino un ensayo general. Un laboratorio a campo abierto para probar hasta dónde llega la anestesia moral del mundo viendo un exterminio en cámara lenta antes de que a alguien le dé por protestar. Y el resultado del experimento fue impecable: la humanidad aguanta casi cualquier cosa.
Las cifras, frías como un parte de guerra, no dejan espacio para las dudas. El rastro de destrucción en la Franja de G4za supera ya los 74,000 muertos y más de 174,000 heridos, según las cifras recopiladas por el Ministerio de Salud de G4za y los informes de la UNRWA. La gran mayoría son mujeres y niños sepultados bajo las ruinas, aplastados por bombas o desgastados por una hambruna inducida como método de combate.
Las máximas instancias de la justicia internacional lo dijeron sin rodeos. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó que existe un riesgo plausible de que en G4za se esté cometiendo un genocidio y ordenó suspender la ofensiva militar. Por su parte, la Corte Penal Internacional (CPI) fue más lejos y emitió órdenes de captura contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant, acusándolos de crímenes de guerra y de lesa humanidad. No lo hicieron por pasión ni por ideología, sino acumulando expedientes de hospitales destruidos y bloques residenciales aplanados.
Pero la justicia internacional tiene el viejo problema de chocar de frente con el matón del barrio. Desde Washington, en la cabeza de Donald Trump, la respuesta no fue hacer efectivas las capturas sino abalanzarse contra la ley: amenazas de sanciones económicas y bloqueos a los mismos jueces y fiscales de La Haya. Una pataleta autoritaria tan destemplada que hasta socios diplomáticos habitualmente obedientes, como la Unión Europea y Japón, salieron a pedir cordura ante el desmantelamiento del derecho internacional.
En Colombia, la comedia patria siempre encuentra la manera de volverse sainete. Mientras el mundo civilizado miraba con vergüenza el desastre, el gobierno de Abelardo de la Espriella y su canciller se apresuraron a ser los primeros de la clase en el servilismo. No conformes con reabrirle las puertas de par en par al régimen investigado, permitir el regreso de asesorías militares y reabrir la embajada, cometieron el exceso de reconocer la soberanía de Isr4el sobre los Altos del Golán —territorio ocupado que la ONU considera ilegal—.
¿Incurren el presidente y su canciller en el delito de apología al genocidio o complicidad internacional al tenderle la alfombra roja a un gobierno cercado por la CPI? En el papel, los leguleyos dirán que validar el exterminio ajeno es una simple «orientación diplomática»; en la realidad cotidiana, aplaudir que la fuerza bruta pase por encima de las leyes es avalar la doctrina.
Lo grave de que el ensayo de G4za haya sido un éxito no es solo la tragedia palestina: es que los métodos de control militar ya cruzaron el mar, abrieron oficina en el país y están listos para aplicarse en tu propia casa. Si lo de G4za puede pasar en tu casa, por eso anímate a denunciar, al menos para dejar constancia histórica de censura moral a la justicia. Abajo encontrarás el modelo de derecho de petición e información de los canales institucionales a donde enviarlo; si no contestan en los 15 días hábiles que otorga la ley, el paso siguiente es interponer una acción de tutela por violación al derecho fundamental de petición antes de que cualquier reforma intente restringirla.
SEÑORA:
LUZ ADRIANA CAMARGO GARZÓN
Fiscal General de la Nación
E. S. D.Fiscalía General de la Nación
Gestión Documental Principal: ges.documentalprincipal@fiscalia.gov.co
Atención al Ciudadano: contacto@fiscalia.gov.co
Recepción de PQRSD: unidad.pqrsd@fiscalia.gov.co
SEÑORES:
HONORABLES MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN
Cámara de Representantes de la República de Colombia
E. S. D.Comisión de Investigación y Acusación (Cámara de Representantes)
Radicación de la Comisión: comision.acusacion@camara.gov.co
Atención al Ciudadano Cámara: atencionalciudadano@camara.gov.co
ASUNTO: Derecho de Petición y Denuncia Preventiva por la presunta infracción a las obligaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), el Estatuto de Roma (Ley 742 de 2002) y la eventual configuración del delito de Apología del Genocidio (Art. 102 del Código Penal Colombiano).
La persona abajo suscrita, identificada civilmente como aparece al pie de mi firma, en ejercicio del derecho fundamental de petición (Art. 23 de la Constitución Política) y en cumplimiento del estricto deber ciudadano de velar por el respeto de los Derechos Humanos, la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario, expone respetuosamente:
HECHOS:
1. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró formalmente la existencia de un riesgo plausible de genocidio en la Franja de G4za y dictó medidas cautelares de obligatorio cumplimiento para el cese de actos de exterminio y la apertura incondicional de ayuda humanitaria.
2. La Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de aprehensión internacionales contra altos mandos del Gobierno de Isr4el por la presunta comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
3. El Estado colombiano es Estado Parte ratificante del Estatuto de Roma (incorporado mediante la Ley 742 de 2002) y de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, instrumentos normativos que imponen la obligación imperativa (Ius Cogens) de no prestar auxilio, legitimación ni cooperación a gobiernos o autoridades sujetas a persecución penal por crímenes internacionales.
4. A pesar del mandato de los tribunales internacionales de La Haya, el Gobierno de Colombia procedió al restablecimiento de relaciones diplomáticas con Isr4el, la reapertura de la sede embajada, la autorización para el ingreso de contingentes militares bajo el pretexto del reciente sismo, y el posterior reconocimiento explícito de soberanía sobre los Altos del Golán (territorio ocupado cuyo estatus es calificado como ilegal por las Naciones Unidas).
5. Estas actuaciones diplomáticas y operativas contradicen la postura de condena y salvaguarda adoptada por la comunidad internacional, los pronunciamientos de la Unión Europea y el consenso multilateral en defensa del Derecho Internacional.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y SOBRE EL DELITO DE APOLOGÍA DEL GENOCIDIO:
El Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000), en su Artículo 102, tipifica la Apología del Genocidio estableciendo que incurre en delito quien por cualquier medio difunda, promueva, justifique o pretenda la legitimación o rehabilitación de regímenes, decisiones o instituciones que amparen o ejecuten prácticas generadoras de exterminio.
Avalar, justificar o respaldar diplomáticamente las acciones de un Estado investigado por genocidio y crímenes de lesa humanidad ante la CIJ y la CPI desborda el margen de discrecionalidad de la política exterior. Otorgar validación territorial u operacional a un gobierno cercado por la justicia penal internacional constituye una forma de respaldo moral e institucional que encuadra en la conducta de justificación o apología del crimen internacional.
En concordancia con el fuero constitucional, le corresponde a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes evaluar la responsabilidad del Presidente de la República, y a la Fiscalía General de la Nación adelantar las indagaciones previas sobre la actuación del Canciller de la República y demás altos funcionarios que hayan autorizado o ejecutado dichas determinaciones.
PETICIONES:
1. SOLICITO a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes iniciar la evaluación dogmático-penal y disciplinaria sobre la conducta del Presidente de la República y del Canciller de la República, a fin de determinar si el restablecimiento de acuerdos y actos de legitimación diplomática configuran el delito de Apología del Genocidio (Art. 102 C.P.) o el incumplimiento del Estatuto de Roma.
2. SOLICITO se ordene al Ministerio de Relaciones Exteriores allegar los conceptos técnico-jurídicos en los que se fundamentó el reconocimiento de soberanía sobre territorios ocupados y el ingreso de tropas extranjeras, frente a las obligaciones asumidas por Colombia en la Convención de 1948.
3. SOLICITO se certifique el protocolo de cooperación dispuesto por el Estado colombiano para dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión vigentes emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI).
Atentamente,
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