Por: Corporación Justicia y Dignidad
El Río Cauca ha sido testigo de la tenebrosa historia del conflicto social armado en el occidente del país. Si el río Cauca hablara aportaría al esclarecimiento de la verdad de este vertedero de sangre que llamamos Colombia. Se sabe que los indígenas llamaban al río Cauca “Bredunco” y que los colonizadores españoles se referían al río por el nombre de “Río Grande”, Cauca o “Marta”. Lo llamaban río Marta por la referencia bíblica de Santa Marta y María Magdalena, ya que el río Cauca se conecta con el río Magdalena, y en toda la historia han sido considerados ríos hermanos.
El Río Cauca es la principal arteria fluvial del occidente del país, nace en el Macizo Colombiano, en el departamento del Cauca, a una altura aproximada de 3.200 msnm, y desciende siguiendo su curso en dirección paralela a la cordillera Occidental. Tiene una longitud de 1.360 kilómetros y desemboca en el río Magdalena, en el departamento de Bolívar, constituyéndose en su más importante afluente. Atraviesa de sur a norte nueve departamentos, brindando grandes beneficios y servicios ambientales vitales a cerca de 183 municipios; además de ser un corredor multifuncional para la conectividad con Latinoamérica y el mundo.
El Río Cauca jugó un papel importante en la masacre de Trujillo Valle, ocurrida a principios de la década de los 90’s. Esta masacre estuvo a cargo de los paramilitares y narcotraficantes Henry Loaiza, alias “El Alacrán”, Diego Montoya, alias “Don Diego”, y los miembros de la fuerza pública, el mayor retirado del Ejército, Alirio Urueña Jaramillo, el militar Diego Rodríguez Vásquez y el teniente de la Policía Nacional José Fernando Berrío. Las víctimas de esta masacre, que suman cerca de las 300 personas, fueron llevadas hasta una hacienda para ser descuartizadas vivas con una motosierra. Algunos hombres fueron castrados y decapitados para luego ser lanzados a las aguas del río Cauca, a plena luz del día. Este trato inhumano fue el que sufrió el sacerdote Tiberio Fernández Mafla, asesinado el 17 de abril de 1990 y cuyo cuerpo fue recuperado días después en el río Cauca.
Los paramilitares del Bloque Calima de las AUC, al mando de Hever Velosa, alias “HH”, durante el año 2000 y 2001, controlaron militarmente 22 municipios del departamento del Cauca. En el año 2000, de conformidad con la información recibida por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, cerca de 54 paramilitares de las AUC llegaron provenientes de Tuluá-Valle y se instalaron en las fincas Las Cañas, La Yolanda y Berejonal en límites entre Valle y Cauca. Desde estas fincas los paramilitares realizaron varias incursiones y operaciones militares en los municipios de Jamundí, Buenos Aires, Santander de Quilichao, Suárez, Caloto y Puerto Tejada. Posteriormente los paramilitares instalaron una base de entrenamiento militar en la vereda San Miguel de la Balsa en el municipio de Buenos Aires.
En la Balsa, municipio de Buenos Aires, el Río Cauca fue un punto estratégico para que los paramilitares cometieran asesinatos y arrojaran a muchas personas que hoy en día se consideran en condición de desaparición forzada. Los paramilitares establecieron un retén permanente en el puente La Balsa, sobre el Río Cauca, allí se llevaban a las víctimas amarradas, las paraban sobre la orilla y las fusilaban a la luz pública, el cuerpo caía destrozado a las aguas y nunca más se volvía a saber del cadáver. Así lo indicó el cronista Alfredo Molano en sus relatos.
En el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, los paramilitares del bloque Calima, para evitar que los índices de violencia se dispararan y no dejar evidencia de sus crímenes en las calles, decidieron utilizar al río Cauca para encubrir la escalada de violencia. Para ello, sacaban a sus víctimas del casco urbano o de las veredas del municipio y las llevaban a los territorios por donde pasaba el río Cauca y eran de su dominio. Entre ellos se encuentran la vereda Lomitas, en donde instalaron una base. Decenas de cuerpos fueron arrojados al río Cauca y nunca más volvieron a ser vistos. Algunos cuerpos fueron rescatados por que se quedaron atorados en palos o recodos del río.
En la zona de influencia del polémico megaproyecto “Hidroituango” la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha determinado que hubo 2.094 desaparecidos de los municipios de Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia, ubicados en el norte de Antioquia. La JEP determinó esa cifra después de que el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) solicitara medidas cautelares para proteger 16 lugares del país donde se cree hay desaparecidos. Se trata de localizar los cuerpos de los desaparecidos bajo el agua, en este caso, poblaciones aguas arriba de la represa sobre el Río Cauca. Se determinó que hay 282 sitios de interés para la búsqueda que están bajo el agua, donde habría 131 personas que desaparecieron cerca del río Cauca.
La JEP determinó que el Río Cauca es una víctima del conflicto armado. La decisión se tomó en respuesta a la petición que presentaron los Consejos Comunitarios Afrocolombianos del norte del Cauca, que han denunciado las graves afectaciones que ha sufrido el río Cauca a causa de su utilización como fosa común, el uso de mercurio para la minería ilegal y el vertimiento de químicos derivados de la producción de sustancias ilícitas por parte de grupos al margen de la ley. Las JEP detalló que entre los años 2000 a 2004 se realizó una conducta sistemática permitida por la fuerza pública, y realizada por grupos paramilitares, que consistió en asesinar personas y arrojarlas al río Cauca para que nunca pudieran ser encontradas. Esto no solo afectó la vida de estas personas, sino también al medio ambiente y vulneró profundamente la relación de decenas de comunidades étnicas con la naturaleza.
A través del Caso 05, relacionado con los hechos de violencia del norte de Cauca y del sur de Valle del Cauca, la JEP escuchó los testimonios de los líderes del Bloque Calima de las AUC. En sus relatos han referido la existencia de alianzas de esa organización con miembros de la fuerza pública que operaban en la región para desaparecer a sus víctimas y arrojarlas al río Cauca. La decisión de la JEP indica que los delitos contra la naturaleza constituyen graves infracciones contra el DIH, que pueden constituir crímenes de guerra. En este sentido, la JEP recordó que: la Norma 43 consuetudinaria del Comité Internacional de la Cruz Roja, establece que existen tres principios generales sobre la conducción de las hostilidades que se aplican al medio ambiente que se vulneran en el caso de crímenes contra la naturaleza:
1) Ninguna parte del medio ambiente natural puede ser atacada, a menos que sea un objetivo militar. 2) Está prohibida la destrucción de cualquier parte del medio ambiente natural, salvo que lo exija una necesidad militar imperiosa. 3) Está prohibido lanzar ataques contra objetivos militares de los que quepa prever que causen daños incidentales al medio ambiente natural, que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.
Víctima y testigo de tantos y tan graves hechos de abuso y violencia, aguarda el río Cauca, en su infatigable navegar. Aguarda por la intervención de la justicia, por el esclarecimiento de la verdad por tantos años sumergida, por el restablecimiento y la protección de su dignidad y la de todos los pueblos que por siempre han habitado a la vera de una de las dos arterias pluviales más importantes de nuestro sufrido y también esperanzador territorio colombiano.