La madrugada en que Lina Narváez se convirtió en otra cifra de la negligencia médica en Colombia, el frío de Popayán apenas comenzaba a filtrarse en los pasillos del Hospital Susana López de Valencia. Llevaba días esperando lo inevitable: el nacimiento de su hijo. Pero en un sistema que mide la vida en trámites y autorizaciones, la espera se convirtió en sentencia.
Lina había seguido cada control prenatal con disciplina. Sus registros en la historia clínica del Centro de Salud Timbío E.S.E. lo demostraban. Desde su primera cita, el 23 de julio de 2013, todo parecía ir bien. Un embarazo de bajo riesgo, un seguimiento sin sobresaltos. Pero a veces, la calma es solo la antesala de la tormenta.
En noviembre, la historia clínica señalaba síntomas que cualquier ojo entrenado habría interpretado como señales de alarma: flujo anormal, dolor persistente, una altura uterina que no coincidía con la edad gestacional. Aun así, el diagnóstico seguía siendo el mismo: “riesgo bajo”.
Diciembre trajo consigo otra advertencia: una hernia detectada en consulta y la necesidad urgente de una ecografía. La orden se emitió, pero CAPRECOM E.P.S. se tomó su tiempo. Diez semanas después, el examen aún no había sido autorizado. Mientras la burocracia decidía el destino de su embarazo, Lina vivía con la incertidumbre de sentir a su hijo moverse cada vez menos.
El 10 de marzo de 2014, la realidad por fin se hizo evidente para los médicos: su embarazo, clasificado hasta ese día como “riesgo bajo”, se convirtió de golpe en un “embarazo postérmino de alto riesgo”. Se ordenó su remisión al Hospital Susana López de Valencia en Popayán. Pero la urgencia quedó en el papel. No hubo ambulancia. No hubo instrucciones claras. Como tantas otras mujeres en el país, Lina tuvo que llegar por sus propios medios al hospital que decidiría su destino.
A las cuatro de la tarde del 11 de marzo, ingresó a urgencias de gineco-obstetricia. Allí, la pusieron en observación. El bebé no daba señales de iniciar el trabajo de parto, y el líquido amniótico estaba peligrosamente bajo. Aun así, no hubo decisión inmediata. En lugar de practicarle una cesárea, el médico ordenó inducir el parto con misoprostol. La indicación era clara: a las cinco de la mañana del 12 de marzo, se administraría el medicamento.
Pero la noche trajo consigo lo impensable. A las 3:00 a.m., sin señales de contracciones ni de actividad uterina, la historia clínica se detuvo en una frase brutal:
“No se perciben movimientos fetales”.
Lo que había sido una espera agónica se convirtió en tragedia confirmada. El latido que Lina había sentido en su vientre durante nueve meses se apagó en la incertidumbre de una sala de hospital.
La cesárea se hizo con prisa, demasiado tarde. El bebé nació con signos de sufrimiento fetal, apenas respirando, aferrándose a la vida con la fragilidad de quien llega a un mundo que no lo esperaba. Los médicos intentaron estabilizarlo, pero el daño ya estaba hecho. Durante ocho días, Lina vio a su hijo conectado a tubos y monitores, en una incubadora que apenas le daba una oportunidad.
La angustia la consumía. La culpa, aunque no era suya, la invadía. Pero la mayor herida llegó cuando le dijeron que no podría tener más hijos. Durante la cesárea, debido a complicaciones, le practicaron una histerectomía de emergencia. Le sacaron la matriz.
La mujer que había llegado al hospital esperando traer una vida al mundo salió de allí con las manos vacías.
Su hijo murió a los ocho días. Sufrimiento fetal severo, dijeron. Palabras frías para explicar lo que no tenía justificación.
La historia de Lina no es un caso aislado. Es la consecuencia de un sistema que posterga decisiones hasta que es demasiado tarde. En Colombia, la Ley 2224 de 2022, en su artículo 12, establece sanciones para los agentes de salud que incumplan sus deberes, señalando que:
“El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley por parte de los agentes de salud, sus colaboradores o de las instituciones en que éstos presten servicios, será considerado como falta a los fines sancionatorios, de conformidad con los procesos establecidos por la Superintendencia de Salud, sin perjuicio de la responsabilidad civil, ética o penal que pudiere corresponder.”
Pero más allá de las leyes, la realidad es otra. CAPRECOM E.P.S. desapareció, dejando a miles de pacientes en un limbo legal. Las responsabilidades se diluyen en el papeleo, y los funcionarios que fallaron siguen ejerciendo. Lina, su hijo y su familia quedaron atrapados en la impunidad de un sistema donde la salud se administra como un negocio y la justicia nunca llega a tiempo.
Hoy, Lina camina con la amargura habitándola, con un vacío que ningún tribunal podrá llenar. No hay justicia que le devuelva lo que perdió. En su vientre ya no nacerá otra vida, y en su alma solo crece la sombra de lo que el sistema le arrebató.
Violencia obstétrica, nunca más.