Se repite una y otra vez: cuando las mujeres avanzan, el patriarcado se reorganiza para golpearlas, silenciarlas, expulsarlas y borrarlas de la historia. Esta vez no es distinto. La comunidad indígena del Valle del Sol, legítima y reconocida por la Corte Constitucional, ha dicho basta. Se ha declarado en Asamblea Permanente. Una figura política, ancestral y colectiva que se levanta como un muro de dignidad ante el despojo, la persecución y la violencia sistemática.
En el centro de esta historia está Clara Sorany Guejia Villamil —o Sol, como la conoce su comunidad—, una de las fundadoras y gobernadora indígena elegida antes del desalojo y durante el año 2024. Sol es mujer, es madre, es autoridad, y por eso la quieren fuera. La quieren callada. Usan la justicia indígena —la misma que se supone debería proteger— para castigarla por hablar, por organizar, por no someterse. Su cambuche, vacío desde que fue forzada a irse por seguridad, aún huele a tabaco y plantas medicinales. Allí, sus agresores, con cinismo, fingen hacer “armonización”. Pero la medicina ancestral no es herramienta de venganza ni de poder, es camino de sanación. Y ese camino hoy lo usa el opresor para disfrazarse de sabio.
La comunidad legítima del Valle del Sol ya no se encuentra en el predio de La Buitrera, de donde fue desalojada en 2021. Fueron 20 familias, desplazadas por el conflicto armado, que hoy resisten. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-391 de 2022, reconoció que estas familias son indígenas, que están en situación de desplazamiento forzado y que son víctimas del conflicto armado. Y ordenó al Estado garantizarles el acceso a la tierra, el derecho a la vivienda y el reconocimiento como comunidad indígena.
Pero han pasado tres años y nada. Ni la Alcaldía de Yumbo, ni la Unidad de Víctimas, ni el Ministerio del Interior cumplieron con la caracterización. No ejecutaron las órdenes. En cambio, permitieron la entrada de otros actores que buscan usurpar lo que le pertenece a esta comunidad.
El señor Rafael Ulcue y su hijastra, Yaqieline Barona —censados en el Resguardo Nuevo Despertar de Dagua, no en el Valle del Sol— encabezan un intento de suplantación. Inflan censos con personas no indígenas, venden lotes de tierra privada a espaldas de la comunidad, prometen libertades a judicializados a través de la justicia indígena, y hasta actúan como comisionistas para negociar la compra de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Quieren el resguardo, pero no para el pueblo. Lo quieren para hacer negocio.
Mientras tanto, los funcionarios locales juegan al doble discurso. El personero de Yumbo, Mauricio Castañeda, ignoró las denuncias por amenazas de muerte y desplazamiento forzado contra la comunidad legítima. En cambio, le dio el aval al “cabildo” conformado por quienes no son parte del Valle del Sol ni beneficiarios de la sentencia. La Secretaría de Gobierno simula apoyo mientras valida los censos inflados. Lo hacen para justificar un nuevo desalojo. Esta vez, legalizado por el engaño.
Pero la comunidad resiste. Se declaró en Asamblea Permanente no desde un resguardo tranquilo, sino desde el desplazamiento forzado. Al ver que La Buitrera está hoy ocupada por personas no indígenas traídas por Rafael Ulcue, decidieron convocarse en un parque de Dapa, en Yumbo. La reunión fue saboteada. Los celulares intervenidos. Tuvieron que irse a la estación de policía para sentirse más seguros. Allí, en ese refugio improvisado, compartieron cómo sus agresores ya sabían de la reunión y cómo han estado manipulando símbolos sagrados como la medicina tradicional.
Hoy, doce de las veinte familias beneficiarias siguen en pie, organizadas, diciendo con firmeza: no hay cabildo, hay asamblea. Y desde ahí se toman las decisiones. Desde ahí se protegen. Desde ahí denuncian y construyen.
La Asamblea Permanente del Valle del Sol es mucho más que una acción política. Es un acto de amor por la tierra, por la memoria, por la vida. Es el grito colectivo de quienes no están dispuestos a permitir que les arrebaten lo que les corresponde. No es solo Sol, es un pueblo entero el que se niega a ser borrado.
El Estado colombiano no puede seguir permitiendo que la autonomía indígena sea usada como escudo por los gamonales. No puede cerrar los ojos mientras se comercian derechos colectivos como si fueran parcelas. Mientras la violencia política y de género se disfraza de “armonización”.
Como parte de su lucha jurídica, la comunidad ha interpuesto varias tutelas en contra del Municipio de Yumbo, reclamando el cumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional. Esperan que, una vez más, sea la justicia la que les dé la razón y les devuelva no solo su derecho, sino también su dignidad como pueblo originario.
El Valle del Sol no está dividido. Está de pie. En Asamblea Permanente. En resistencia.
Por Prensa Justicia y Dignidad