La reciente dimisión de Pedro Arnulfo Sánchez Suárez como Ministro de Defensa ha activado, una vez más, la maquinaria política que disputa el control de las armas, los discursos y los muertos. En cualquier otro país, esto sería motivo de alarma. En Colombia, es apenas martes.
Pero lo verdaderamente inquietante no es solo la renuncia, sino el giro progresivamente militarista del gobierno de Gustavo Petro. Porque mientras se agita el sonajero de generales para remplazar al ministro —tres nombres, tres uniformes, tres viejas estrategias de fuerza—, el país asiste con estupor al entierro de una promesa: la de la paz total, civil y democrática.
Sí, Petro, el mismo que llegó a la presidencia con la promesa de romper la lógica guerrerista del uribismo, se apresta a nombrar un nuevo militar al frente del Ministerio de Defensa. Ni la derecha se atrevió a tanto. Pero aquí estamos: al borde de tener un general de nuevo en el poder civil, esta vez con la bendición de un gobierno que se decía alternativo.
Pedro Sánchez, el general saliente, logró cierta simpatía nacional tras liderar la operación de rescate de los niños perdidos en la selva, así como la búsqueda del perrito Wilson, que capturó la atención y el corazón del país. Esa operación, cargada de simbolismo y humanidad, disfrazó —al menos temporalmente— la arbitrariedad de haber nombrado a un militar como ministro de Defensa. Fue un gesto romántico dentro de una guerra sin poesía.
Pero los nombres que suenan para reemplazarlo no tienen ni siquiera ese barniz emotivo. El General (r) Humberto Guatibonza, actual jefe de seguridad del presidente y viejo conocido de sectores del Centro Democrático. El General (r) José Daniel Gualdrón, vinculado a la lógica de “mano dura” que tanto daño ha hecho en los barrios populares. Y el General (r) Fabio Hernán López Cruz, aplaudido por los medios uribistas como el salvador de la patria. No son técnicos. Son fichas de un ajedrez político que el uribismo conoce muy bien. No tienen vínculos con la paz, sino con la vieja escuela de represión, jerarquía y control.
Porque sí: el uribismo necesita desesperadamente recuperar el relato de seguridad. Les urge volver a aparecer como los “fuertes” frente al crimen, aunque sus vínculos con el paramilitarismo y la corrupción estén documentados desde hace décadas. Para ganar votos necesitan miedo, y para producir miedo necesitan caos. Y Petro, tristemente, les está haciendo el trabajo fácil.
A esto se suma el fracaso evidente del Servicio Social para la Paz, otro espejismo vendido como “alternativa” al servicio militar obligatorio. Pero ¿qué pasó? Que solo los jóvenes de las ciudades —conectados, educados y privilegiados— pueden acceder a él. La mayoría, especialmente en las regiones rurales, no tiene acceso real a este programa. No hay financiación suficiente, no hay infraestructura, no hay voluntad de transformar la lógica de reclutamiento forzado en barrios populares. En la práctica, el Servicio Social no es más que el mismo servicio militar obligatorio, disfrazado de voluntariado social. Otro parche. Otro engaño. Otro programa clasista.
Y mientras tanto, ¿qué pasó con la prometida reforma a la Policía? Nada. Silencio. Ni una coma. Ni una ley. Ni un debate serio. La Policía Nacional, tristemente célebre por su brutalidad, sus abusos durante el estallido social, y sus vínculos con mafias locales, sigue intacta. Con sus escudos, sus motos, sus fusiles, y su doctrina enemiga de la ciudadanía. Otro incumplimiento, otra oportunidad perdida de dignificar la vida civil.
Y entonces, ¿qué nos queda? Un gobierno que decía representar el cambio, pero que solo ha sabido responder a los desafíos del orden público con más militarización. Que se desdice con cada general nombrado. Que pretende tapar sus incapacidades políticas con uniformes. Un gobierno que no reforma, no transforma, no democratiza: solo reemplaza civiles por militares.
Cuando vuelva la derecha —y volverá, porque Petro se está encargando de dejarle todo servido—, no nos extrañe ver a un Eduardo Zapateiro en el Ministerio de Defensa, firmando decretos como quien firma sentencias de muerte. Y entonces será demasiado tarde para preguntar cómo llegamos aquí. Porque llegamos así: con cada silencio, con cada concesión, con cada general posando para la foto de la paz mientras alista la guerra.
La decepción es tal, que a estas alturas uno se pregunta si el cambio era una promesa o un eslogan de campaña. Porque Petro, en lugar de desmontar la doctrina del enemigo interno, la ha reciclado. Y en vez de rodearse de civiles, ha llenado su gabinete de soldados.
Y así, Colombia pasa de tener una izquierda alternativa a tener una izquierda alternadamente militar. Lo único que le falta al ministro que viene es que nos hable de seguridad desde un tanque de guerra, con la Constitución en una mano y un dron en la otra.
El cambio prometido ha terminado siendo una tragicomedia. O mejor: una opereta militar.
Por Prensa Justicia & Dignidad