El CNE bloquea al Pacto Histórico: así opera la derecha para recuperar el poder en 2026

El Consejo Nacional Electoral (CNE) es, en teoría, la institución encargada de garantizar la transparencia, la igualdad y el respeto en la competencia política en Colombia. Sin embargo, su composición refleja una realidad incómoda: la mayoría de sus magistrados han sido elegidos con el apoyo de los partidos tradicionales, muchos de ellos de extrema derecha. Esto significa que las decisiones del organismo no siempre responden a criterios técnicos, sino que se ven atravesadas por intereses partidistas.

Un ejemplo evidente de este sesgo es la demora injustificada en otorgar la personería jurídica al Pacto Histórico, la coalición política que se consolidó como la principal fuerza del país tras llevar a Gustavo Petro a la presidencia en 2022 y convertirse en la bancada más grande en el Congreso.

El 13 de junio de 2025, el Pacto Histórico radicó ante el CNE su solicitud formal de personería, presentando todos los documentos exigidos por la ley: actas de fusión, estatutos, plataforma política y resoluciones internas. La legislación colombiana, en particular la Ley 130 de 1994, establece que el CNE tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para responder a estas solicitudes. Ese tiempo ya venció y, hasta hoy, el organismo no ha dado ninguna respuesta.

El silencio del CNE no puede considerarse un simple descuido administrativo. Se trata de una omisión con claras consecuencias políticas. Al no otorgar la personería, el Pacto Histórico queda en una situación de debilidad institucional que limita gravemente sus derechos. La falta de reconocimiento oficial impide que la coalición tenga una lista unitaria propia en futuras elecciones, le niega acceso a la financiación estatal que corresponde a los partidos legalmente constituidos y restringe su participación en los espacios de medios de comunicación que se asignan de manera oficial. En otras palabras, el Pacto, a pesar de ser la fuerza política más votada en el país, queda en una especie de limbo que reduce su capacidad de acción.

Este retraso no solo afecta a una organización política. Lo que está en juego es la calidad misma de la democracia colombiana. La democracia implica pluralismo, igualdad de condiciones y respeto a la voluntad popular. Cuando el organismo que debería garantizar estas reglas se convierte en un obstáculo, el sistema entero se ve deslegitimado. La demora en la personería del Pacto Histórico restringe el pluralismo, desconoce la decisión de millones de votantes que eligieron este proyecto político y refuerza la percepción de que las instituciones están capturadas por intereses particulares.

La gravedad de la situación ha llevado al Pacto Histórico a acudir a instancias internacionales. El movimiento solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando que en Colombia se está vulnerando su derecho a la participación política. Esta acción refleja hasta qué punto se percibe que el CNE actúa con sesgo político y no con apego a la norma.

El trasfondo de esta maniobra es claro. La derecha y la extrema derecha ven en el Pacto Histórico a su principal adversario en las elecciones de 2026. En las urnas, el Pacto ha demostrado que puede ganar mayorías, y eso preocupa a quienes han gobernado durante décadas desde el establecimiento. Por eso, en lugar de prepararse para una competencia limpia, recurren a la estrategia que mejor conocen: usar la institucionalidad para bloquear al rival, debilitar su estructura y minar sus posibilidades electorales.

El bloqueo del CNE no puede entenderse como un hecho aislado. Forma parte de una estrategia más amplia de la derecha para reconquistar el poder en 2026. Se trata de obstaculizar, dividir y desgastar al Pacto Histórico antes de que llegue la contienda electoral. Es la vieja práctica de manipular las reglas del juego en lugar de jugar en igualdad de condiciones.

La conclusión es contundente: la demora del CNE en reconocer al Pacto Histórico es una amenaza directa a la democracia. No se trata de un trámite pendiente, sino de una decisión política que busca limitar la voz de millones de colombianos que eligieron el cambio. En lugar de ser árbitro imparcial, el CNE actúa como jugador de un bando, favoreciendo a la derecha. Y en ese contexto, lo que se disputa no es solo la personería de un movimiento, sino el futuro mismo de la democracia colombiana.

Por Justicia & Dignidad/ Periodismo independiente e investigativo