La noticia llegó como suelen llegar en Colombia: primero un rumor, luego una llamada, después el silencio. Angie Pahola Tobar Carpa, estudiante de Ingeniería Administrativa de la Universidad Nacional, sede Medellín, había regresado a Guachucal, Nariño, aprovechando las vacaciones de mitad de año. Jesús Adrián Marcillo, de 30 años, la acompañaba en el viaje de regreso a Medellín. El 27 de agosto, cuando retomaban la ruta, la carretera del Cauca se los tragó.
A la altura de Piendamó, en un punto conocido como El Túnel, sobre la Panamericana, hombres armados levantaron un retén ilegal. Con fusiles obligaron al camión que transportaba queso a detenerse, bajaron a Angie y a Adrián y los montaron en otro vehículo. Desde ese momento, nadie volvió a verlos.
La familia de Angie, sumida en la zozobra, recibió llamadas extorsivas. Voces anónimas que se alimentaban de la desesperación y pedían dinero a cambio de una prueba de vida que nunca llegó. Ni una foto, ni una señal. Nada. Richard, su hermano, repetía lo único que quería saber: “Si la tienen las Farc o algún grupo. Que nos colaboren, que nos digan si están vivos, que nos la devuelvan lo más pronto posible. La familia la espera”.
Las primeras versiones señalaron a las disidencias del bloque Dagoberto Ramos, bajo el mando de alias Iván Mordisco. Esos tenebrosos ejércitos ilegales tan funcionales a la derecha del Centro Democrático. El general Alirio Aponte, de la Brigada 29 del Ejército, anunció un enfrentamiento: un capturado, un abatido, un conductor liberado y un vehículo incinerado con tres ocupantes calcinados. Las versiones oficiales insinuaban que entre ellos estarían Angie y Adrián. Pero, entre tantos comunicados, ellos siguen reportados como desaparecidos.
Después circuló otra versión más brutal: que los dos jóvenes habían sido asesinados en medio de los combates. Que, tras obligarlos a descender del camión, los insurgentes les prendieron fuego. Que sus cuerpos calcinados fueron llevados a la morgue de Popayán. Una noticia seca, que contrastaba con la esperanza terca de sus familias, que aún los esperaba de vuelta.
En Medellín, en Guachucal, en los pasillos de la Nacional, se multiplican las plegarias. Estudiantes y vecinos ponen carteles, levantan la voz, piden verdad. Pero el Estado hace lo de siempre: abrir un proceso, prometer investigaciones, soltar cifras como si fueran consuelo. Una guerra de estadísticas que oculta la tragedia: un abatido, un capturado, tres cuerpos incinerados. Y en medio de todo, el vacío inmenso que dejan dos jóvenes arrancados de su camino, que continúan como desaparecidos.
La historia de Angie y Adrián no es distinta a la de miles. Jóvenes que deberían estar soñando futuros, estudiando, amando, y terminan convertidos en botín de los fusiles. Siempre aparece un maldito mentiroso que se alimenta del dolor de las familias, un Estado que se cruza de brazos y una sociedad que calla.
La conclusión es tan amarga como inevitable: siguen desapareciendo y matando a nuestra juventud para la guerra. Una cifra más. Un expediente más. Y nada pasa.
Por Justicia & Dignidad/Periodismo independiente e investigativo