En Colombia, la universidad pública ha sido como un barco viejo que navega a duras penas en aguas turbulentas. Desde hace más de treinta años, la Ley 30 de 1992 le marcó el rumbo, pero el viento en sus velas —el presupuesto— nunca alcanzó para sostener el viaje. Año tras año, el Estado aumentaba los recursos apenas con el IPC, ese índice que mide cuánto suben en general los precios en el país. Pero la universidad no vive solo de arroz y panela: necesita laboratorios, bibliotecas, tecnología, investigación, sueldos dignos, infraestructura. Por eso, mientras los costos de la educación subían como la espuma, los aportes del Estado apenas caminaban. Y la deuda con la universidad creció hasta volverse un lastre.
La reforma aprobada en el Senado busca soltar ese ancla. Propone que, en lugar de aumentar la plata con el IPC, se use un nuevo indicador: el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices), diseñado por el DANE para medir lo que en realidad cuesta educar. Es decir, ahora el Estado ya no mirará cuánto subió la papa o la gasolina, sino cuánto aumentó el precio de sostener una universidad. Esa sola decisión ya es un giro histórico, porque reconoce que la educación superior es un mundo con reglas propias, distinto al resto de la economía.
Pero no se queda ahí. La reforma también dice que el país debe invertir hasta el 1% del PIB en educación superior pública. Suena frío cuando se dice así, en números, pero en la práctica significa más profesores, más becas, más cupos, más ciencia, más arte. En otras palabras: más futuro. Además, incluye a las instituciones técnicas y tecnológicas que habían estado por fuera de la fiesta, como si fueran hermanas menores que nunca invitaron a la mesa. Ahora ellas también tienen un lugar asegurado en el banquete presupuestal.
Otro detalle importante es la vigilancia. La plata es del pueblo y debe volver al pueblo en forma de educación. Por eso, la reforma abre la puerta a que estudiantes, profesores y comunidades creen veedurías ciudadanas para cuidar que los recursos no se pierdan en el bolsillo de unos pocos. Porque de nada sirve aumentar la olla si alguien se la come a escondidas.
Claro, esto no es todavía la meta. Apenas se ganó un segundo debate en el Senado. Faltan dos más en la Cámara de Representantes para que la reforma se convierta en ley. Y en el camino siempre están los intereses que buscan frenar los cambios. Pero lo aprobado ya marca un paso adelante: por primera vez en décadas, el Estado empieza a reconocer que la universidad no puede seguir parchando con migajas.
Si este cambio llega a puerto, será una bocanada de aire fresco para millones de jóvenes que hoy miran la universidad como un sueño lejano. Será también un alivio para los profesores que enseñan con las uñas, y para las instituciones que resisten con paredes agrietadas. No es una solución mágica, pero sí un comienzo digno.
Al final, esta reforma no es solo cuestión de plata: es un gesto político y cultural. Es la manera de decirle a los hijos de este país que su inteligencia vale, que su curiosidad importa, que la ciencia y el arte no son lujos, sino derechos. Y que un país que le invierte a la educación está sembrando esperanza, no deuda.
Por eso, desde las montañas hasta las ciudades, desde el Caribe hasta el Amazonas, hay que gritar con alegría: ¡Viva la U! ¡Viva la universidad, no la dejes, no la dejes privatizar!
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo