Paloma Valencia parece empeñada en escribir un manual criollo de fascismo. No es exageración: primero propuso partir el Cauca en dos —un Cauca “para indígenas” y otro “con vocación de desarrollo”, dicho en Santander de Quilichao en 2015— como si la dignidad de los pueblos pudiera segmentarse en un mapa a conveniencia de los hacendados. Y ahora, en 2025, remató con la receta más brutal: quitar agua, alimentos y transferencias a los resguardos indígenas que respalden bloqueos. Es decir, sustituir el fusil por la inanición: dejar a miles de familias sin lo básico para vivir, con la firma del Estado como verdugo.
El problema es que estas no son simples frases de campaña. Son propuestas que constituyen violaciones flagrantes de derechos humanos. Se atenta contra el derecho a la vida, a la alimentación, al agua potable, además de vulnerar la igualdad, la participación política y la consulta previa reconocidos a pueblos indígenas por la Constitución y por convenios internacionales como el 169 de la OIT. Hablar de quitar comida y agua como “método de presión” no es política: es violencia institucional, es hambre programada.
Y no se trata solo de desconocimiento, sino de una lógica profundamente clasista y racista: los bloqueos de camioneros o de transportadores no se sancionan con sed ni con hambre; pero si son indígenas, entonces sí se les trata como ciudadanos de segunda, como estorbo a silenciar. Se legitima la idea de que unos tienen “vocación de desarrollo” y otros solo derecho a morirse callados.
El Centro Democrático, con estas banderas, no oculta su sueño: ser tan carniceros como los regímenes que admiran, gobernar a punta de miedo, exclusión y violencia. Y ahí está el peligro: normalizar que desde el Senado se propongan medidas que convierten al Estado en un verdugo contra sus propios pueblos. Porque detrás de cada “propuesta técnica” se esconde un proyecto de país donde el hambre, la sed y la exclusión son herramientas de gobierno.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo