La derecha colombiana celebra el “revés” del Consejo de Seguridad a la JEP como quien canta victoria en la antesala del festín. Pero antes de poner la música, conviene explicar, sin paños tibios, por qué ese brindis puede terminar en entierro propio.
Primero: el Acuerdo de Paz no es un papelito doméstico que desaparece con un gesto. Tiene respaldo y seguimiento internacional —incluida la Misión de Verificación de la ONU— y se creó en diálogo con mecanismos y resoluciones internacionales que le dan un estatus y una protección que no se derrumban con un referendo local o con “firmitas” chimbas. La ONU y su misión siguen teniendo un papel en la verificación del proceso.
Segundo: la JEP y la arquitectura de justicia transicional no son un mecanismo que favorezca únicamente a las Farc por arte de magia; están pensadas para abordar también los crímenes de Estado. Los llamados “falsos positivos” —ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las fuerzas militares— están ampliamente documentados por organismos de derechos humanos y por la propia investigación colombiana. Esa documentación muestra cadenas de mando, patrones y responsabilidad institucional que no son fáciles de barrer debajo de la alfombra.
Tercero: si la táctica de la derecha es deslegitimar la JEP y erosionar el principio de complementariedad para que las decisiones transicionales “no cuenten”, la lógica procesal internacional no se invierte por decreto. La Corte Penal Internacional funciona con un principio de complementariedad —que permite a la CPI intervenir cuando los sistemas nacionales no investigan de manera genuina— y tiene políticas para valorar cuándo un caso debe avanzar a la esfera internacional. Si los casos de falsos positivos o de connivencia con paramilitares están bien documentados y las rutas nacionales no son efectivas, la CPI puede entrar en acción.
Y aquí la ironía más brutal: los primeros casos que podrían llegar con fuerza a instancias internacionales no serían necesariamente los que la derecha espera. Entre los expedientes más sólidos están las ejecuciones extrajudiciales masivas —y las evidencias apuntan a responsabilidades superiores, no solo de soldados rasos. Si hay investigación ordenada y documentación (como la que ya existe en varios informes y denuncias), los señalamientos apuntan hacia quienes ocuparon la cúspide del mando político y militar. En otras palabras: Álvaro Uribe podría ser llamado a responder ante la Corte Penal Internacional por ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) —y quizá también por vínculos con paramilitarismo— si la vía nacional resulta insuficiente y la complementariadad obliga a que la CPI actúe.
Para que el lector lo tenga claro y sin eufemismos: todo lo que la derecha promueve para debilitar la JEP —minar su credibilidad, vaciar el principio de complementariedad, erosionar la verificación internacional— puede volverse contra ellos con fuerza. Si cierran o desvirtúan vías nacionales, las víctimas y organizaciones pueden recurrir a mecanismos internacionales (incluso a la jurisdicción universal o a la CPI), y los casos más ordenados y documentados —falsos positivos, paramilitarismo— serán, paradójicamente, los que tiren de la madeja hacia arriba. El bumerán de la justicia no distingue banderas: vuelve con quien lanzó el primer golpe.
Celebrar que se debilite la JEP es apostar a que los vacíos institucionales no serán llenados por nadie. Mala apuesta. La arquitectura internacional tiene memoria, procedimientos y paciencia. Y esa memoria talla, cuando hace falta, el nombre de los responsables en los expedientes que cuentan.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo