Entre el 12 y el 13 de noviembre el Cauca volvió a ser el espejo más crudo de Colombia. En Padilla, hombres armados dispararon desde una panadería contra la estación de policía; en Inzá lanzaron granadas y balearon el casco urbano; en Suárez hubo combates entre el Ejército y las disidencias que dejaron casas dañadas; en Timbío dos explosiones estremecieron el pueblo; y en la vía Panamericana, a la altura de Rosas, un retén ilegal bloqueó el paso a punta de fusil. La población entera vivió dos días de zozobra. Cientos de familias se encerraron, los colegios suspendieron clases, los comercios bajaron sus persianas.
Los ataques fueron atribuidos a las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, estructuras que hace mucho dejaron de representar ideas revolucionarias y hoy operan como ejércitos privados del narcotráfico y las economías ilegales. Son grupos que controlan rutas, cobran extorsiones, protegen cultivos y manejan minería ilegal. No son insurgentes: son empresarios del miedo. El gobierno explicó que esta escalada de violencia sería una retaliación por la operación militar en el Guaviare, donde fueron neutralizados más de quince combatientes del grupo de Iván Mordisco y destruidos campamentos de producción de cocaína.
Pero reducir la explicación a una venganza es simplificarla. En Colombia, la guerra nunca ha sido solo un asunto de fusiles, sino de poder. Culpar al presidente Gustavo Petro por los atentados es una maniobra política que busca torpedear la Paz Total y minar la credibilidad de su proyecto. A Petro todo podría convenirle, menos una oleada de terror que deslegitima su bandera principal y fractura la posibilidad de continuidad del progresismo en 2026. Esta guerra no lo fortalece; lo debilita.
En cambio, a la derecha sí le conviene. A ella siempre le ha convenido la guerra, porque es su argumento, su negocio y su modo de gobernar. Los discursos de orden y seguridad se venden mejor cuando hay muertos. La derecha necesita el miedo para prometer salvación, y en Colombia el miedo siempre se fabrica con pólvora. No es casual que cada vez que se aproxima un proceso electoral o que un gobierno habla de paz, los fusiles vuelvan a sonar. Es una coreografía conocida: el terror se enciende, la gente se asusta, y los viejos discursos de mano dura vuelven a parecer sensatos.
Las relaciones entre sectores políticos de derecha y el narcotráfico no son suposiciones: están documentadas en expedientes judiciales, confesiones de exparamilitares y sentencias que probaron la parapolítica. Esa simbiosis entre el poder económico, el poder armado y el poder político ha sostenido por décadas un modelo que necesita enemigos para sobrevivir. Las disidencias son hoy parte de ese engranaje: se financian con la coca, se arman con los mismos circuitos que abastecieron al paramilitarismo y le sirven, sin saberlo o sabiéndolo, a los intereses que quieren ver fracasar la paz.
Los atentados del Cauca no buscan un cambio, buscan un mensaje. Son una forma de recordarle al país quién manda cuando la paz amenaza con imponerse. Son, también, una advertencia electoral. Porque cada vez que el progresismo avanza, la derecha responde con fuego. Cada explosión, cada ráfaga, cada herido es una pieza más del mismo libreto: generar miedo, deslegitimar al gobierno, vender seguridad.
Por eso, más que una ofensiva armada, lo que vive el Cauca es una ofensiva política. Las balas de estos días llevan una firma invisible: la de quienes necesitan el caos para volver al poder. Y su eslogan, repetido entre los disparos, se entiende sin palabras: estamos en campaña electoral.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo