En Colombia, las historias del narcotráfico suelen contarse como un catálogo de capos y balas, pero a veces la verdad tiene una textura más doméstica, más silenciosa y más reveladora. Esta es la historia de cómo una familia política —los Uribe Vélez— terminó conectada, a través de vínculos familiares, empresariales y silencios documentados, con una de las redes criminales que abasteció al hombre más poderoso del narcotráfico: Joaquín “el Chapo” Guzmán. No porque ellos lo contaran, sino porque los expedientes, las incautaciones, los organigramas oficiales y las sentencias en Estados Unidos lo hicieron por ellos.
La ruta que va de los Uribe al Chapo Guzmán no empieza en las montañas del cartel de Medellín ni en un laboratorio clandestino, sino en una oficina pública. En 1981, cuando Álvaro Uribe Vélez era director de la Aeronáutica Civil, otorgó a Héctor Mario Cifuentes Villa —hermano de Dolly Cifuentes, hermano del piloto de Pablo Escobar, miembro del clan— una licencia de vuelo. Años después, la DEA confirmaría que justamente desde ese oficio, el dominio del aire, los Cifuentes Villa construyeron el músculo logístico que los llevó a trabajar para el cartel de Sinaloa. Mientras eso ocurría, Dolly ya tenía una relación sentimental con Jaime Alberto Uribe Vélez, el hermano menor de Álvaro. De esa relación nació Ana María Uribe Cifuentes, y con su nacimiento se cruzaron dos mundos que el expresidente intentaría negar durante décadas: el político y el mafioso.
Pero las negaciones no resistieron el peso de la evidencia. A Dolly Cifuentes no la señaló un opositor político, sino el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que en 2011 la ubicó —con nombre, rostro y documento— como pieza clave de la estructura financiera del clan Cifuentes Villa, uno de los principales proveedores de cocaína del Chapo Guzmán. Su hija Ana María, sobrina política de Álvaro Uribe, también fue incluida. Es decir, el puente entre el poder político colombiano y la red criminal del Chapo no fue una teoría: fue un organigrama oficial del gobierno estadounidense.
Las imágenes de los bienes hablan por sí solas. La finca Malusa, en El Poblado, donde Dolly tenía tres casas; el edificio La Gruta, donde tenía apartamento; las fincas de Girardota, los lotes de Envigado. Docenas de propiedades que terminaron incautadas no por persecución política, sino porque estaban conectadas a una maquinaria de lavado de activos que comenzó antes del ascenso político de Uribe y continuó mientras él estuvo en el poder. Esos bienes, junto a otros 266 inmuebles, empresas y cuentas, integran hoy un expediente de extinción de dominio que supera los 250 millones de dólares. Son documentos, no rumores: escrituras, avalúos, actas, contratos, registros mercantiles.
A este entramado se suma Jaime Alberto Uribe Vélez, el hermano cuya vida pública ha estado marcada por el silencio. No fue solo la pareja de Dolly: fue accionista mayoritario de la principal empresa del clan, Ganadería La Sorguita. En 1997, Jaime, Dolly y Alejandro Uribe Vélez sumaban el 38 % de esa compañía, que luego fue incautada por la justicia colombiana y señalada por Estados Unidos como vehículo para lavar dinero del narcotráfico. Tres exjefes paramilitares —Don Berna, El Alemán y Pedro Bonito— declararon que Jaime estuvo vinculado a la mafia paisa desde los años ochenta y que su cercanía con Pablo Escobar y Vicente Castaño era conocida. En 1986 incluso fue detenido por sus radiocomunicaciones con Escobar. Todo está en expedientes y testimonios judiciales.
Si se observan las trayectorias de los hermanos Uribe, aparece un patrón difícil de ignorar. Santiago Uribe Vélez, investigado por sus presuntos vínculos con el grupo paramilitar “Los Doce Apóstoles”. Jaime Alberto Uribe Vélez, asociado por múltiples fuentes al narcotráfico. Y Álvaro Uribe Vélez, el político que llegó a la presidencia mientras las estructuras mafiosas aledañas a su entorno familiar crecían y se integraban a redes internacionales que llegaban hasta el cartel de Sinaloa. No es literatura: es una línea de tiempo que encaja demasiado bien para ser coincidencia.
Hoy, el expresidente insiste en que no tuvo relación con la cuñada ni con la sobrina procesadas por narcotráfico en Estados Unidos. Pero la memoria documental no funciona como la emocional: no borra lo que está escrito. Las licencias, los registros mercantiles, los documentos del Tesoro, los expedientes de la DEA, las fotos de propiedades y las actas de sociedades cuentan una historia distinta. Una historia que obliga a formular la pregunta que los silencios no logran apagar: ¿qué significa que, durante décadas, un clan criminal que abastecía al Chapo Guzmán creciera al lado —y a veces dentro— de una familia que llegó a ocupar el poder más alto del Estado?
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo