Las muertes recientes vinculadas a la agencia de inmigración estadounidense no son números ni expedientes. Son cuerpos caídos en calles, celdas y carreteras. Son historias que, una tras otra, dibujan el mapa de un país que normalizó la violencia estatal como método de gobierno.
En Minneapolis, Renée Nicole Good, mujer de 37 años, ciudadana estadounidense, madre y voluntaria comunitaria, fue asesinada por un agente federal mientras observaba un operativo migratorio en su propio barrio. Testigos dicen que retrocedía, que no representaba amenaza alguna. El disparo fue inmediato. La explicación oficial llegó después, fría y técnica, como si la vida de Renée cupiera en un protocolo.
Días más tarde, en la misma ciudad, Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos, también ciudadano estadounidense, fue abatido por agentes federales. Grababa con su celular. Documentaba. El acto de mirar se volvió motivo suficiente para morir. Dos muertes, mismo lugar, misma fuerza, mismo silencio institucional.
Más al sur, en Texas, el horror tomó la forma del encierro. Geraldo Lunas Campos, cubano de 55 años, murió dentro de un centro de detención. Dijeron que fue suicidio. El forense dijo otra cosa: homicidio por asfixia. “No puedo respirar”, gritó antes de morir. Frase repetida, conocida, ignorada. En ese mismo complejo murieron otros hombres migrantes, entre ellos Víctor Manuel Díaz, nicaragüense, cuya familia aún espera respuestas que no llegan.
Durante un solo año, decenas de personas murieron bajo custodia migratoria. No en guerras. No en zonas de combate. Murieron detenidas por el Estado, en centros que prometen “custodia administrativa” y entregan muerte, negligencia y encubrimiento.
La respuesta no tardó. Las calles se llenaron de gente. Minneapolis fue el epicentro, pero no el único punto del temblor. Marchas, vigilias, huelgas, cierres de negocios, protestas interreligiosas. Familias migrantes, sindicatos, estudiantes, médicos, artistas. Un país fragmentado encontrándose en el rechazo a una fuerza que ya no se percibe como civil.
Lo que ocurre no es solo una crisis migratoria. Es una crisis de poder. La agencia de inmigración dejó de ser un órgano administrativo para convertirse en una fuerza armada con lógica de enemigo interno. En barrios, hospitales, escuelas y carreteras, sus agentes operan con armas largas, rostros cubiertos y una narrativa de guerra.
Bajo el liderazgo de Donald Trump, esta agencia se expandió, se financió y se legitimó políticamente. La retórica del enemigo, del invasor, del peligro, justificó la militarización del control migratorio. Pero el resultado no se quedó en las fronteras: estalló dentro del país.
Hoy, muchos advierten algo más grave que abusos aislados. Ven el germen de una guerra civil larvada. Un Estado que dispara contra sus propios ciudadanos. Una fuerza federal que actúa sin control efectivo, protegida por el poder ejecutivo y blindada contra la rendición de cuentas. Una agencia que podría sobrevivir al gobierno que la fortaleció y mutar en algo aún más peligroso.
Por eso, en las calles, el nombre se repite con rabia: ICE. Para miles de personas ya no es una sigla burocrática. Es el rostro de una policía política. La gestapo de Trump. Un aparato que gobierna desde el miedo y la fuerza, que disciplina cuerpos y territorios, que decide quién merece vivir tranquilo y quién no.
Estados Unidos se mira al espejo y no se reconoce. El país que se proclamó defensor de derechos humanos hoy entierra a sus muertos bajo discursos de seguridad. El imperio no cae por invasiones externas. Se desmorona desde adentro, erosionado por la violencia que decidió normalizar.
Y mientras los nombres de Renée, Alex, Geraldo, Víctor y tantos otros siguen resonando en las marchas, la pregunta no es si esto puede empeorar. La pregunta es cuánto más puede sostenerse una democracia que apunta sus armas hacia su propia gente.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo