La Iglesia Catolica y las elecciones 2026: el comunicado que incomoda a la derecha colombiana
Hemos vuelto
¿Niños y niñas palestinas frente a la pena de muerte? La nueva ley de Israel
En un mundo que ya ha aprendido a convivir con lo insoportable, siempre aparece un nuevo umbral que creíamos imposible de cruzar. Esta vez, viene desde el parlamento de Israel, que ha aprobado una ley que permite imponer la pena de muerte a quienes sean condenados por “terrorismo”. La palabra parece jurídica, pero es profundamente política: elástica, ambigua, disponible para ser aplicada en un contexto donde la justicia no es igual para todos. Porque en los territorios ocupados, los palestinos no son juzgados bajo el mismo sistema que los ciudadanos israelíes. Son llevados ante tribunales militares, donde las garantías son más débiles, donde la defensa se reduce, donde la condena llega más fácil. Allí es donde esta ley encuentra su verdadero destinatario.
Y entonces la pregunta deja de ser abstracta. ¿De verdad estamos dispuestos a presenciar ejecuciones bajo la apariencia de legalidad? ¿A aceptar que el castigo máximo se convierta en regla en un sistema ya profundamente desigual? El problema no es solo la pena de muerte, es el terreno donde se aplica. Porque en ese mismo sistema, según organismos internacionales, cerca de 1.500 niños palestinos han sido arrestados desde 2023. Niños que pueden ser acusados de terrorismo, interrogados sin garantías plenas, procesados en tribunales militares. Niños que entran en una maquinaria jurídica que no fue diseñada para protegerlos, sino para controlarlos. La sola posibilidad de que ese circuito pueda desembocar en una condena a muerte debería bastar para encender todas las alarmas.
Pero lo más inquietante no es solo la ley, es la naturalidad con la que se instala. La forma en que se discute, se vota y se justifica como una medida más en medio de la guerra. Así avanza la barbarie: no siempre con estruendo, a veces con normas, con procedimientos, con discursos que la vuelven razonable. Y cuando creemos que ya hemos visto demasiado, el mundo vuelve a correrse un poco más hacia el abismo. Porque cuando una sociedad decide que puede clasificar vidas y asignarles distinto valor jurídico, lo que está en juego no es solo la vida de quienes serán condenados, sino la idea misma de humanidad.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo
Oviedo y Paloma Valencia: el libreto de la derecha contra los derechos de género
La política tiene algo curioso: los gobiernos de derecha cambian de país, pero no de libreto.
En Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump impulsó varias medidas que revirtieron políticas de género y derechos reproductivos. En 2025 firmó una orden ejecutiva que prohíbe a personas trans servir en el ejército estadounidense, retomando una política aplicada durante su primer mandato.
Además, reinstaló y amplió la llamada “Global Gag Rule”, que bloquea financiamiento internacional a organizaciones que brinden o incluso informen sobre servicios de aborto, ampliando las restricciones a miles de millones de dólares en ayuda exterior.
Su administración también eliminó políticas federales que reconocían la identidad de género y desmanteló programas de diversidad y equidad dentro del gobierno.
En Argentina, el gobierno de Javier Milei siguió un camino similar. Tras llegar al poder, eliminó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y recortó programas de salud sexual y de prevención de violencia de género.
También prohibió el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en documentos del Estado, como parte de una política explícita contra lo que su gobierno denomina “ideología de género”.
Son dos países distintos, pero el patrón es el mismo: cuando la derecha llega al poder, los primeros objetivos suelen ser los derechos de género, los derechos sexuales y reproductivos y las políticas de diversidad.
Por eso resulta difícil creer que en Colombia la historia sería diferente. Si la derecha llega al poder con figuras como Paloma Valencia o Abelardo de “La Espirella”, lo más probable es que el libreto sea el mismo: cuestionar políticas de género, revisar avances en derechos reproductivos y convertir a las minorías sexuales en minorías con menos derechos.
Pero la escena más curiosa la ofrece su fórmula vicepresidencial. Juan Daniel Oviedo, abiertamente homosexual, acompaña un proyecto político cuyo sector más visible ha sido crítico de derechos como la adopción igualitaria. Es una paradoja interesante: pertenecer a una minoría históricamente excluida y, al mismo tiempo, respaldar un proyecto que no parece especialmente preocupado por protegerla.
Quizás sea la prueba de que en política la identidad no siempre pesa tanto como el poder.
Y aquí aparece lo verdaderamente cómico —o trágico, según el ánimo del lector—: la pregunta sobre la adopción por parejas del mismo sexo es una de las más obvias que cualquier periodista haría a una fórmula presidencial donde uno de los candidatos es gay y la otra ha expresado su desacuerdo con ese derecho.
No anticiparla, no preparar una respuesta coherente, no resolver la contradicción… revela algo bastante claro.
Simplemente no les importa demasiado.
Porque cuando los derechos de las minorías son apenas una incomodidad discursiva, lo más fácil es pasar por encima de ellos. Y hacerlo, además, con la tranquilidad de quien sabe que el manual de la derecha ya ha funcionado antes en otros países.
Al final, la política también tiene sus comedias involuntarias:
una derecha que promete defender la libertad… mientras prepara la lista de derechos que piensa recortar primero.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo
Paloma y Oviedo: pa’ lo mismo
En Colombia la política tiene una habilidad extraordinaria: cambiar de nombre sin cambiar de sustancia. Cuando un proyecto se desgasta, no se reforma; se rebautiza. Se le pone otro eslogan, otra estética, otra promesa de “renovación”. Y listo: lo viejo vuelve a circular como si fuera nuevo.
La más reciente versión de ese fenómeno podría llamarse el palomismo.
La candidata presidencial Paloma Valencia eligió como fórmula vicepresidencial a Juan Daniel Oviedo. La alianza se presenta como una mezcla elegante de liderazgo político y tecnocracia moderna. Un proyecto renovado de la derecha colombiana.
Pero basta mirar un poco la trayectoria.
Oviedo fue director del DANE durante el gobierno de Iván Duque, un gobierno que surgió del proyecto político impulsado por Álvaro Uribe Vélez. Es decir: su carrera pública se desarrolló dentro del mismo ecosistema político que hoy intenta presentarse como novedad.
Y si uno sigue el árbol genealógico ideológico, aparece también la línea económica de María del Rosario Guerra, una de las voces más representativas del pensamiento económico del uribismo.
Así que la supuesta renovación empieza a parecer bastante familiar.
La fórmula Valencia–Oviedo no parece tanto una ruptura como una reorganización interna del mismo proyecto: el uribismo ideológico representado por Valencia y el uribismo tecnocrático representado por Oviedo.
Una derecha que intenta cambiar de piel sin cambiar de huesos.
Para muchos críticos el balance histórico de ese proyecto llamado uribismo ha estado marcado por escándalos de corrupción, vínculos con el narcotráfico en distintos episodios de la vida pública y graves violaciones a los derechos humanos que el país todavía discute y juzga.
Ese es el peso histórico que carga el nombre.
Por eso resulta curioso que la solución política sea simplemente cambiar la etiqueta.
El uribismo se pone alas.
Oviedo aterriza en la fórmula.
Y el proyecto aparece con nombre nuevo.
Pero en el fondo es la misma cosa.
Lo mismo de siempre.
El mismo proyecto.
El mismo libreto.
Paloma más Oviedo.
O, dicho en castellano popular:
pa’ lo mismo.
Es decir: palomismo.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo
Aida Quilcué y Paloma Valencia: el choque de dos proyectos políticos nacidos en el Cauca
Dos mujeres del Cauca
Colombia tiene la curiosa habilidad de condensar sus disputas históricas en personajes concretos. A veces la historia no necesita tratados ni bibliotecas: basta con mirar quiénes aparecen en la escena política y qué representan. En estas elecciones, el contraste se dibuja con nitidez en dos mujeres nacidas en el mismo departamento: el Cauca.
De un lado está Aida Quilcué, lideresa indígena nasa que aprendió política en el territorio. No en los clubes de Bogotá ni en los salones de las familias notables, sino en las mingas, en las asambleas comunitarias, en el largo aprendizaje del gobierno propio indígena. Ha sido consejera mayor del CRIC, ha caminado con la guardia indígena y llegó al Senado llevando consigo esa experiencia colectiva. No es casual que Iván Cepeda la haya escogido como fórmula vicepresidencial. En un país acostumbrado a que la política se decida entre apellidos ilustres, la presencia de Quilcué recuerda que también existen liderazgos nacidos de la tierra y de la organización social.
Del otro lado está Paloma Valencia, también caucana, heredera de una tradición política mucho más antigua: la de la aristocracia terrateniente de Popayán. Su apellido no es cualquier apellido. Es el del poeta y político conservador Guillermo Valencia, su abuelo, quien en los tiempos en que el movimiento indígena empezaba a levantar cabeza detestaba a Manuel Quintín Lame, el gran líder indígena del Cauca. La historia —y la memoria oral que en estas tierras suele ser más persistente que los archivos— recuerda que cuando Lame fue capturado y llevado preso a Popayán, Valencia no dudó en humillarlo, insultarlo y golpearlo. Para la élite payanesa, Lame no era un ciudadano reclamando derechos, sino un indio insolente que debía ser reducido.
Ese desprecio racial no era una rareza personal. Era la forma en que el poder miraba a los pueblos indígenas: como estorbo para el orden de las haciendas.
A veces las ideas también se heredan.
Paloma Valencia lo ha demostrado con una constancia notable. En 2015 propuso dividir el Cauca en dos: un territorio indígena y otro —según sus palabras— “con vocación de desarrollo”. Una especie de cartografía del apartheid criollo donde algunos territorios merecerían progreso y otros quedarían confinados a su diferencia.
Y más recientemente fue todavía más lejos: sugirió retirar agua, alimentos y transferencias estatales a los resguardos indígenas que participen en bloqueos. Es decir, usar el hambre y la sed como método de presión política. No la bala, sino la inanición administrada.
Por eso el contraste resulta tan revelador.
Aida Quilcué representa una política nacida de la defensa del territorio, de la vida y de la autonomía de los pueblos.
Paloma Valencia, en cambio, representa una tradición política que durante siglos vio a esos mismos pueblos como problema, como obstáculo o como amenaza.
Dos mujeres del mismo departamento.
Una encarna la posibilidad de que Colombia se piense desde sus pueblos originarios.
La otra repite, con notable fidelidad, los viejos reflejos de exclusión de la aristocracia caucana.
No es solo una disputa electoral.
Es un espejo bastante preciso de la democracia colombiana.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo
Miss Bala: ni reina ni congresista
En la política colombiana hay carreras que se queman solas. A veces por exceso de ambición, a veces por exceso de micrófono. Y a veces —como en este caso— por exceso de bala.
Laura Gallego, conocida en redes como “Miss Bala”, descubrió en estas elecciones una lección sencilla: los discursos de odio y las amenazas de muerte no sirven ni para ser reina de belleza ni para ser congresista.
Primero perdió la corona de Señorita Antioquia después de que circularan videos donde preguntaba alegremente en entrevistas:
“¿Bala para Petro o bala para Daniel Quintero?”
Y cuando alguien respondía, sugería que al presidente, por lo menos, le dieran “un cachazo”.
Después decidió ampliar su repertorio. Llamó al presidente “cáncer”, lo insultó repetidamente en redes y, como si el debate político necesitara todavía más degradación, propuso en un video que el hijo de 15 años del senador Iván Cepeda fuera enviado a la guerrilla.
No es fácil imaginar un curso de derecho constitucional que recomiende esas estrategias.
Porque, pedagógicamente hablando, ahí aparecen varios posibles delitos:
Amenazas contra figuras públicas.
Instigación a la violencia.
Hostigamiento, figura incluida en la legislación colombiana contra discursos que promueven violencia o discriminación.
Y, en el caso del comentario sobre el hijo de Cepeda, exposición de un menor de edad a violencia política.
En cualquier democracia seria, frases así al menos abrirían una discusión judicial.
Pero en Colombia la Fiscalía parece tener un oído selectivo. Algunas palabras viajan rápido hacia los despachos judiciales; otras, en cambio, parecen perderse en el aire.
Donde sí hubo reacción fue en otro tribunal menos burocrático: las urnas.
La candidata no logró ser congresista, ni siquiera en Antioquia, tierra donde el discurso de “mano dura” ha sido históricamente rentable.
Y ahí está la pequeña moraleja política de esta historia.
Mientras algunos siguen creyendo que la política se gana prometiendo bala, el electorado empieza a enviar otra señal: Colombia está cambiando y las promesas de muerte ya no seducen tanto al pueblo.
Tal vez la justicia llegue después.
Pero por ahora, la democracia ya dictó su primer veredicto.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo
Los pacientes del pabellón de quemados
La noche electoral dejó un curioso espectáculo en la política colombiana: el pabellón de quemados. No el de los hospitales, claro, sino ese otro, más ruidoso y teatral, donde van a parar los políticos que confundieron el eco de las redes con el voto de la gente.
El paciente más ilustre del pabellón fue Álvaro Uribe Vélez, que no alcanzó curul en el Senado. El mismo que durante décadas giró como un sol político alrededor del cual orbitaban partidos, generales, columnistas y opinadores. Pero hasta los soles se apagan. Y el país, que todavía recuerda las sombras de la violencia de las últimas décadas —desde el paramilitarismo hasta los falsos positivos que oficialmente suman 6.204 y que muchos creen bastante más— parece haber decidido cambiar de página.
En la cama contigua se encuentra Katherine Miranda, quien llegó al Congreso con votos progresistas pero terminó haciendo una oposición más entusiasta que la de los propios opositores. El amor, dicen, todo lo transforma: su relación sentimental con el congresista del Centro Democrático Edward Rodríguez terminó convirtiéndola, políticamente hablando, en una militante uribista con carnet verde. Y el electorado, que suele ser menos romántico que los políticos, simplemente dejó de votarla.
Más allá, en el área de espectáculos, yace Miguel Polo Polo, cuyo mayor aporte legislativo fue producir escándalos virales. Entre burlas a las madres de los falsos positivos, ausencias en el recinto y discursos pensados más para TikTok que para el Congreso, su carrera política terminó pareciéndose más a un reality show que a un proyecto legislativo.
A su lado está Lina María Garrido, la versión femenina del mismo espectáculo. Convirtió el Capitolio en un teatro experimental: conversaciones con una rata de plástico, llamados a Donald Trump para invadir Colombia y una colección de escenas diseñadas para volverse virales. Funcionaron… pero solo en redes.
En otra camilla descansa Angélica Lozano, que pasó buena parte de la legislatura haciendo oposición al gobierno mientras coincidía con entusiasmo con las iniciativas de la derecha.
Y no podía faltar Jorge Enrique Robledo, quien alguna vez fue uno de los senadores más respetados de la izquierda. Pero el ego —ese viejo incendiario de carreras políticas— lo llevó a una cruzada obsesiva contra Gustavo Petro, terminando por consumir el prestigio que había construido durante años.
Finalmente aparece Vicky Dávila, emperatriz del botón “me divierte”. Hizo un cálculo aritmético sencillo: pensó que cada reacción en redes equivalía a un voto. La realidad electoral le demostró que no. Ahora, dicen, prepara su regreso al periodismo. Aunque con tantos “me divierte”, quizá debería considerar seriamente la comedia.
La moraleja es simple:
las redes hacen ruido, provocan indignación y generan carcajadas. Pero las urnas —esas viejas, silenciosas y obstinadas urnas— siguen contando votos.
Y esta vez, el pueblo colombiano decidió pasar factura.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo
La guerra como programa político
En el reciente debate de la llamada “Gran Consulta por Colombia”, organizado por Blu Radio y transmitido también por Noticias Caracol, quedó expuesto algo más revelador que cualquier promesa de campaña: la tranquilidad con la que buena parte de la derecha colombiana parece mirar la guerra.
Ante la pregunta sobre la intervención militar de Estados Unidos e Israel contra Irán —una operación que muchos juristas consideran una violación del derecho internacional— varios aspirantes levantaron sin rubor la paleta del “sí”. Como si se tratara de aprobar un proyecto de infraestructura y no de respaldar una guerra que ya ha dejado víctimas civiles, entre ellas niñas de una escuela, además de la muerte del líder religioso iraní.
La escena habría resultado cómica si no fuera inquietante. Allí estaban, con absoluta serenidad, aspirantes que dicen querer gobernar el país: Vicky Dávila, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa y Mauricio Cárdenas, entre otros, alineados con la idea de que bombardear un país lejano puede ser una política aceptable.
Otros, como Aníbal Gaviria y Juan Manuel Galán, prefirieron la cómoda ambigüedad: ni respaldo abierto ni rechazo claro. La vieja técnica política de no incomodar a nadie, ni siquiera a la guerra.
El único que expresó desacuerdo con la intervención fue Juan Daniel Oviedo. Un detalle que, en medio de tanto entusiasmo bélico, resulta casi una rareza.
No es un episodio aislado. En debates anteriores, varios de estos mismos sectores también habían defendido las acciones militares de Israel en Palestina negando que constituyan genocidio, pese a las advertencias de organismos internacionales y expertos en derecho humanitario.
Todo esto ocurre justo cuando Colombia se prepara para votar este domingo 8 de marzo en elecciones legislativas. Un momento que debería invitar a una reflexión elemental: elegir representantes no solo define políticas internas, también define la posición del país frente a la guerra o la paz.
Una cosa es la retórica de un debate televisivo y otra muy distinta la política exterior de un Estado. Pero cuando varios candidatos levantan con entusiasmo la paleta para justificar bombardeos en países lejanos, la pregunta es inevitable: ¿quieren gobernar Colombia o convertirse en comentaristas entusiastas de la guerra mundial?
Conviene recordarlo este domingo en las urnas. La derecha colombiana ha dejado claro que su idea de política internacional pasa más por aplaudir misiles que por defender el derecho internacional.
La conclusión es sencilla: votar por la derecha es votar por la lógica de la guerra y la muerte. Colombia necesita exactamente lo contrario: líderes capaces de defender la vida, la paz y el derecho internacional. Porque los pueblos que normalizan la guerra suelen descubrir demasiado tarde que el abismo también existe para ellos.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo