La estrategia del caos: incendiar el Valle para gobernar por decreto

​Los hechos de sangre registrados este primer fin de semana de agosto de 2026 en el Valle del Cauca no obedecen al hampa común: responden a una maniobra calculada para desestabilizar el territorio, desatar la indignación social y sembrar el pánico.
​Entre la noche del sábado 1 y la madrugada del domingo 2 de agosto, en un establecimiento comercial del municipio de Florida, sicarios fuertemente armados irrumpieron violentamente para segar a tiros la vida del gobernador del resguardo Nasa, Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, y de los comuneros Hamilton Daniel Dagua y Janer Andrés Cruz. Pocas horas después, durante la mañana del mismo domingo 2 de agosto, el diputado del Pacto Histórico Yesid Sandoval fue interceptado en la antigua vía entre Cali, Yumbo y Dapa por pistoleros a bordo de una motocicleta que descargaron ráfagas de fuego contra su vehículo en movimiento.
​Ambos ataques revelan un modus operandi criminal idéntico y coordinado: el uso del sicariato selectivo de alta precisión como herramienta de desestabilización política.
​Esta escalada perpetrada en menos de 24 horas busca acorralar a las comunidades y tensionar al extremo la paz social en el suroccidente colombiano. Al minar la seguridad territorial mediante ataques armados en establecimientos públicos y emboscadas en corredores viales, los gestores de la violencia pretenden edificar la narrativa de ingobernabilidad perfecta. El propósito de fondo es forzar un clima de movilización y desorden social que justifique la declaratoria de estados de excepción, permitiendo que el presidente electo Abelardo de la Espriella gobierne por decreto y reemplace el debate democrático por el autoritarismo institucional.
​Frente al intento deliberado de incendiar el departamento para instaurar un régimen de conmoción interior, la ciudadanía y los movimientos sociales enfrentan el reto de no ceder ante la provocación. Exigir investigaciones rigurosas sobre estos ataques y defender la vida de las autoridades indígenas y los voceros políticos es la única vía para evitar que la excepción se convierta en la regla de gobierno de la nación.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo