Por: Sofía López Mera
Abogada, periodista y defensora de derechos humanos
de la Corporación Justicia y Dignidad
El paramilitarismo ha sido un instrumento del que se ha valido el Estado de Colombia para garantizar el control político, económico y social de las élites. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad indicó en su informe que en febrero de 1962, Estados Unidos envió una misión de cooperación militar denominada Yarborough, que sentó las bases de la doctrina contrainsurgente, conocida como doctrina de la Seguridad Nacional, y que se aplicaría en las décadas siguientes con graves consecuencias en materia de derechos humanos. Un componente de esta doctrina planteaba el involucramiento de los civiles en el conflicto armado en la modalidad paramilitar.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al fallar el caso de los diecinueve comerciantes, declaró responsable al Estado Colombiano, y esclareció formalmente el origen de los grupos paramilitares. Además, indicó, que a partir de la década de los sesenta, el Estado declaró “turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional”. Ante esta situación, el entonces presidente de Colombia Guillermo León Valencia, abuelo de la senadora Paloma Valencia, emitió el Decreto Legislativo No. 3398 del 24 de diciembre de 1965 “por el cual se organiza la defensa nacional”, que fue adoptado como legislación permanente mediante la Ley 48 de 1968. Los artículos 25 y 33 del referido Decreto Legislativo dieron fundamento legal a la creación del paramilitarismo. Este cuerpo normativo autorizaba a las fuerzas militares para armar a los civiles a fin de que pudieran colaborar en asuntos de seguridad nacional.
A partir de 1985, en la región del Magdalena Medio, se implementó un proyecto piloto paramilitar a órdenes de Paulo Emilio Guarín y Henry Pérez con apoyo de la fuerza pública y bajo el amparo legal de las normas citadas. Este proyecto piloto paramilitar se replicó posteriormente en el Urabá al mando de los hermanos Castaño Gil: Años después se consolidó como el proyecto de las Autodefensas Unidas de Colombia. Mediante sentencia de 25 de mayo de 1989, la Corte Suprema de Justicia declaró “inexequibles” apartes del Decreto Legislativo 3398 de 1965 que dio origen al paramilitarismo. A pesar de no contar con sustento legal, el monstruo ya había sido creado, estaba más fortalecido que nunca y en pleno proceso de expansión.
Posteriormente se crearon las CONVIVIR, las cooperativas de seguridad privada promovidas insistentemente por el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, que ayudaron a fortalecer el proyecto paramilitar. La figura de las CONVIVIR buscaba seguir dando sustento legal al paramilitarismo. Sobre ella se refirió el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá en sentencia sobre los crímenes de José Hebert Veloza García, alias “HH”: “Desafiando el pasado desafortunado de la década de 1980, y desconociendo sus propias decisiones y las de la Corte Suprema de Justicia de 1989, (el Estado) decidió darle vía y amparo legal a la formación de estructuras armadas que usaban informantes con el permiso del uso de armas de uso privativo de las fuerzas armadas, con el objetivo de establecer el orden público turbado en algunas zonas del país, expidiendo el decreto 356 de 1994”.
En abril de 1997, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales se unieron para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Carlos Castaño logró integrar los diferentes grupos que delinquían en el país, y que marcarían una de las épocas más sangrientas de su historia, en la que se registrarían más de mil masacres, millones de personas desplazadas por la violencia, la alianza de paramilitares y políticos en las regiones y la expansión del poder paramilitar en todo el país. El Cauca estuvo en miras del gran proyecto paramilitar: llegó a estas tierras y se instaló de forma oficial desde el año 2000.
En febrero de 2000, las AUC anunciaron públicamente un plan para avanzar al departamento del Cauca. En una carta a los alcaldes de la zona, con copia para el Gobernador, los líderes de las AUC afirmaban que sacarían a los combatientes del departamento del Valle del Cauca y arrebatarían el control a las guerrillas. De las versiones libres de los paramilitares en Justicia y Paz se confirmó que 54 paramilitares provenientes de Tuluá se instalaron en las fincas Las Cañas, La Yolanda y Berejonal ubicadas entre Buenos Aires y Jamundí. En la vereda San Miguel de la Balsa, de Buenos Aires, instalaron una base de entrenamiento y realizaron ejercicios militares. Desde estos lugares realizaron varias incursiones militares en los municipios aledaños en el norte del Cauca.
Uno de los primeros crímenes que cometieron los paramilitares en el departamento del Cauca ocurrió el 9 de junio de 2000 en la vereda La Ventura del municipio de Buenos Aires, con el asesinato de pobladores y el establecimiento de controles económicos para paso de combustible y alimentos. El 21 junio de 2000, en el mismo municipio, un grupo de hombres armados incursionó en la vereda San Francisco y asesinó a dos miembros de la comunidad, con lo que se produjo el éxodo de cientos de personas de las veredas La ventura y San Francisco.
Los paramilitares realizaron una reunión en la finca del narcotraficante Arcángel Henao, alias “El Mocho”, cerca de Cartago, Valle. A dicha reunión asistieron alrededor de 50 personas, y en ella se encontraban los jefes paramilitares Vicente Castaño, alias “El Profe”; Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”; Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Báez”, y los narcotraficantes Diego León Montoya, alias “Don Diego”; Hernando Gómez Bustamante, alias “Rasguño”, y alias “El Mocho”. En ese encuentro, los jefes paramilitares hablaron de la necesidad de apoyar al “Bloque”, haciendo alusión a los 54 hombres que se habrían instalado en el Cauca, y expandirlo a otras regiones para combatir a la guerrilla. Por eso pidieron la colaboración económica de los asistentes, pues “manejaban el poder en el Valle” y también presentaron a “HH” como el nuevo jefe del “Bloque Calima”.
“H.H” se convirtió en el nuevo comandante. Elkin Casarrubia, conocido como “El Cura”, asumió como segundo al mando, y se dividieron las zonas en cuatro frentes: El norte del Cauca y Jamundí era manejado por José de Jesús Jiménez, alias “Martín” o “Sancocho”; el centro del Valle quedó a cargo de “El Cura”; Palmira, Florida, Pradera y Miranda las manejó el paramilitar Juan de Dios Úsuga alias “Geovany”, y Buenaventura estaba bajo el mando de “Félix”. Asimismo, alias “Fernando” quedó encargado de manejar las relaciones con los políticos. Orgánicamente, y según “H.H”, “El Bloque” tenía la siguiente estructura: Frente Cacique Calarcá (Sevilla, Bugalagrande, Andalucía); el Central (Tuluá, Buga, Río Frío, Trujillo); Frente Pacífico (Calima Darién, Dagua, Restrepo, Cisneros, Buenaventura); Frente Farallones (Jumbo, sur del Valle y norte del Cauca).
Los paramilitares incursionaron en Santander de Quilichao vestidos de civil bajo el mando de alias “El Capi” y “La Marrana”, pero, al poco tiempo, éstos le cedieron el mando a “Patepalo”, a quien encargaron supuestamente de detectar a milicianos y a colaboradores del sexto Frente de las Farc para asesinarlos. Cuando la cifra de homicidios en ese municipio se elevó, los paramilitares optaron por llevar a sus víctimas hasta el corregimiento de La Balsa, para desaparecer los cuerpos en el río Cauca. Varios cuerpos fueron rescatados por la Defensa Civil y entregados a sus familiares. Sin embargo, dentro de la Defensa Civil se encontraba Armando Lugo, un hombre que, aprovechando su condición, se volvió informante de los paramilitares para señalar a supuestos milicianos o colaboradores de la guerrilla, quienes terminaron asesinados. Con el tiempo Lugo, dejó la Defensa Civil y llegó a ser un mando medio del “Bloque Calima”, conocido con el alias de “El Cabezón”, y que tuvo nexos con miembros de la Fuerza Pública.
Santander de Quilichao fue uno de los puntos clave del Frente Farallones y, por esta razón, sus jefes instalaron a cuatro kilómetros del municipio, en la vereda Lomitas, un grupo de patrulleros con armas de largo alcance, para que controlaran las vías de comunicación, protegieran a los urbanos y demás hombres que se encontraban en fincas aledañas como “Barracón” y “Corcovado”, ésta última propiedad de Manuel Mosquera Chaux.
Entre los hechos más graves cometidos por los paramilitares en Santander de Quilichao estuvieron las masacres del Porvenir, Gualanday, y San Pedro, con victimas campesinas, indígenas y jóvenes; en esta zona también hicieron trabajos de la mal llamada “limpieza social”. Para finales del año 2000, el Frente “Farallones” del Bloque “Calima” se extendió a Suárez, Cauca. El 2 de diciembre de 2000, algunos de sus hombres asesinaron a cuatro campesinos y saquearon varias tiendas. Según algunos testigos, los paramilitares ingresaron por la vereda “El Amparo”, en donde había una base del Ejército encargada de proteger la represa de la Salvajina.
Los paramilitares también llegaron a Puerto Tejada a partir de diciembre de 2000. La Fiscalía estableció que los urbanos de Puerto Tejada dormían en una hacienda cercana al casco urbano y también estuvieron en municipios cercanos como Villa Rica, Padilla, Miranda, Corinto y Caloto.
El municipio de Cajibío había contado con la presencia desde antaño de un grupo de autodefensas campesinas en el corregimiento de Ortega, que se adhirió posteriormente a las AUC, tomando el nombre de Bloque Paramilitar “Mártires de Ortega”. Se tiene conocimiento acerca de que este grupo fue acogido por el Bloque “Calima” y entrenado política y militarmente en el municipio de Buenos Aires, Cauca, en el corregimiento de San Miguel de la Balsa, en donde se les dotó de armamento de guerra para la realización de su supuesta lucha antisubversiva en el municipio de Cajibío.
Durante el mes de noviembre de 2000, los paramilitares de las AUC arremetieron sin piedad en las veredas del municipio de Cajibío, y dejaron como saldo las masacres del “Carmelo” y de “La Pedregosa”, en las que fueron víctimas líderes sociales y comunales de la región, además de centenares de familias en condición de desplazamiento forzado.
Tropas pertenecientes al Batallón “José Hilario López”, adscrito a la Vigésima Novena Brigada, con sede en Popayán, incursionaron abruptamente en las veredas del municipio de Cajibío el 12 de diciembre de 2000, menos de un mes después de que las AUC llevaran a cabo sus primeras matanzas en este municipio.
Para el mes de enero de 2001, ocurrieron los lamentables hechos de la masacre de “La Rejoya”, en donde fueron acribillados y asesinados diez campesinos, y gravemente herido un civil, quienes se transportaban en un bus escalera, hecho que, días después, se auto-atribuyó el comandante Carlos Castaño, jefe de las AUC. El proceso judicial adelantado por esta masacre arroja serios indicios de la participación en los hechos de efectivos de las Fuerzas Militares de Colombia en coordinación con paramilitares.
Los paramilitares de Ortega, que luego se unieron al bloque “Calima” de las AUC, tuvieron estrecha relación con el coronel Fidel Ricardo Velandia Cáceres del Batallón “José Hilario López”, y el coronel Jaime Alberto Canal, miembro de la Tercera Brigada, específicamente del Batallón “Pichincha”. Esta información fue corroborada por el Consejo de Estado en una acción de grupo de su conocimiento.
Las masacres de “La Rejoya”, “La Pedregosa” y “El Carmelo” arrojaron un saldo de 300 familias desplazadas y fueron declaradas por la Fiscalía como crímenes de lesa humanidad. El Bloque “Calima” se desmovilizó el 18 de diciembre de 2004 en la finca “El Jardín”, ubicada en el corregimiento de Galicia, municipio Bugalagrande, Valle del Cauca, con 564 miembros, y entregó 451 armas. Parte de la estructura del Bloque “Calima”, siguió operando de manera informal en esta región, manteniendo relaciones con algunos narcotraficantes del norte del Valle. Del bloque “Calima” salió Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, quien fuera el comandante en jefe de la organización criminal “Los Urabeños” o “Clan del Golfo”.
Como en otras partes del país, en el Cauca, empresarios y políticos apoyaron el proyecto paramilitar. De Juan José Chaux Mosquera, exgobernador del Cauca, quien falleció sin ser condenado, los paramilitares manifestaron que, más que colaborador, era orgánico y actuaba como emisario político. Protagonizó bochornosos episodios de la farándula política entrando por los sótanos el Palacio de Nariño en compañía del abogado del paramilitar y narcotraficante alias “Don Berna”.
Los paramilitares en el Cauca salpicaron a la empresaria María del Carmen Flores Fajardo. Uno de los hijos de Jacobo Sadovnik, cofundador de la asociación de Transportadores Coomotoristas, denunció penalmente a la gerente de la empresa María Del Carmen Flores Fajardo por el homicidio de su padre, con base en las declaraciones que dieron los paramilitares en el proceso de Justicia y Paz: “A mi papá lo mataron los paramilitares y, según las versiones de “HH” en Justicia y Paz, quien dio la orden fue la señora María del Carmen Flores Fajardo, por quedarse con el control de la asociación”. Ella nunca fue investigada ni sancionada por estos hechos. Los más osados la llaman la “Gata Caucana”, haciendo alusión al modus operandi de Enilse López, la empresaria costeña, que se hizo dueña del negocio de las apuestas con apoyo de los paramilitares y el narcotráfico. No se sabe quién ordenó traer a los paramilitares al Cauca, no se sabe qué políticos apoyaron a los paramilitares en el Cauca, no se sabe qué empresarios financiaron a los paramilitares en el Cauca! Estas verdades quedaron a medias con la extradición del paramilitar “HH” a los Estados Unidos.
El proyecto paramilitar actual retoma de nuevo su forma inicial, sin unidad nacional de mando que les permite invisibilizarse ante la opinión pública, y en la que ejercen el control bajo diferentes nombres: inicialmente denominados como “bandas criminales”, posteriormente se hicieron llamar “Águilas Negras”, “Organización Nueva Generación”, “Los Urabeños”, “Los Rastrojos”, “Clan del Golfo”, “Los Gaitanistas”, “Los Machos”, “Los Contadores”, “Los Mayimbú”. La característica principal de estos grupos es estar al servicio del narcotráfico.
Después del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Colombia y Las Farc, se rearmaron mandos medios de las extintas Farc, quienes no firmaron el Acuerdo de Paz ni se desmovilizaron; estos exguerrilleros se organizaron militarmente, y hoy se hacen llamar las “disidencias”, quienes actúan mayoritariamente como bandas criminales al servicio del narcotráfico; su actuar es similar al modus operandi paramilitar, asesinando líderes sociales, guardias indígenas, amenazando a la población, generando desplazamientos masivos de población y realizando prácticas de reclutamiento forzado, entre otras atrocidades.