Por: Corporación Justicia y Dignidad
En el departamento del Cauca está institucionalizada y normalizada la violencia contra las mujeres. No obstante, las paredes de la ciudad de Popayán gritan dicha problemática, en tanto que las autoridades callan, encubren e instauran impunidad.
El docente Milton Javier López de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Cauca, viene siendo señalado, desde hace años atrás, de infligir violencia sexual contra estudiantes de dicha facultad. Él, señala que las denuncias por delitos sexuales son producto de la persecución por haber destapado el escándalo de corrupción en la alteración de notas para obtener títulos de grado, pero lo cierto es que las estudiantes siguen manifestando ser intimidadas sexualmente y posteriormente amenazadas con ser denunciadas si acuden a la administración de justicia. Nuestra organización conoció al menos el testimonio de dos estudiantes que manifestaron ser acosadas sexualmente por el docente, quien les indicó que no podrían realizar la denuncia ya que carecían de pruebas, y, por el contrario, su denuncia por injuria y calumnia sí prosperaría. Las autoridades administrativas de la Universidad del Cauca no adelantan ningún tipo de acompañamiento a las víctimas para poner fin a este flagelo. Lo único que ha prosperado es una acción de tutela en su contra por el uso de palabras soeces y con doble sentido en un examen prepratorio. Dado este estado de cosas, las paredes seguirán haciendo la denuncia contra el docente al que señalan como violador.
Por otro lado, la violencia contra las mujeres en política constituye una de las principales barreras para su acceso y permanencia en espacios de liderazgo, representación y toma de decisiones. “Mamá Carmen”, así le llaman a la lideresa indígena Carmen Eugenia Gembuel Quiguanas, quien es proveniente del territorio Misak de la María, Piendamó, y que fue elegida el 10 de agosto de 2021 como Consejera Mayor y Representante Legal del Consejo Regional Indígena del Cauca. Durante su periodo como autoridad indígena padeció todo tipo de violencias que constituyen lo que se ha denominado la Violencia Política contra las mujeres. A nivel interno y externo tuvo que enfrentar grandes obstáculos para el ejercicio de sus funciones como dirigente que muy seguramente un hombre no hubiera padecido. Fue tal la persecución por su condición de mujer lideresa, que, hasta el último día en ejercicio de su cargo, comuneros indígenas al mando de líder Misak, Enrique Yalanda, cerraron las vías de acceso al Resguardo la María para impedir el ejercicio de entrega a la nueva consejería del CRIC, muchas de estas acciones vinieron acompañadas de amenazas y mantienen a la dirigente en una grave condición de seguridad.
Narly Gómez Jiménez, fue desaparecida forzadamente el día 27 de enero de 2020 y la última persona que estuvo con ella fue su excompañero sentimental y padre de su hija, el militar, Ever Yobany Muñoz Imbachí. Ever Yobany era soldado profesional adscrito al Grupo de Caballería Liviano Meteoro, quien meses antes había sido denunciado por los delitos de violencia sexual y violencia intrafamiliar. La fiscalía 7 especializada, Martha Liliana Cerón, en el marco del proceso penal adelantado por el delito de desaparición forzada se negó a recaudar elementos de prueba a fin de solicitar la captura del presunto responsable. Hoy, en una situación sin esclarecer, ante el Juzgado 4 penal especializado a cargo del doctor Darío Cajas, se presiona a las víctimas para que asistan a una diligencia de preclusión y archivo de la investigación a favor del militar. La señora Ruby Muñoz y demás hermanos del militar, que participaron en los hechos de la desaparición forzada y tal vez del feminicidio, no han sido vinculados al proceso penal, y en el municipio de la Sierra alardean saber del paradero de la víctima y amenazan de diferentes formas a los familiares que buscan. ¿Dónde está Narly? rezan varios carteles y fotografías sostenidos por familiares y amigos que hacen plantones en el parque Caldas de la ciudad de Popayán exigiendo el regreso de Narly a casa.
En febrero de 2022, la Corte Constitucional, en una sentencia histórica, la C-055 de 2022, despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. Pero las mujeres indígenas del Cauca que se encuentran afiliadas la Asociación Indígena del Cauca EPSI- AIC EPSI-, dependen de la decisión de las autoridades tradicionales de sus resguardos para que autoricen la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), y en la mayoría de los casos, su derecho es negado. La AIC manifiesta que tienen una resolución interna, la resolución 050 de 2020 que supedita la decisión de la IVE a la decisión de los gobernadores de los cabildos indígenas por encima de la decisión de las mujeres. La sentencia T-158 de 2023 de la Corte Constitucional en una postura bastante ambigua profirió por su parte: “ORDENAR a la AIC EPSI que, por medio de su Junta Administradora, adecúe la Resolución 050 de 2020, con el fin de que dicha normativa prevea que la decisión de la autoridad ancestral indígena frente a la solicitud de IVE: (i) no podrá desconocer el componente básico de la IVE, constituido por las tres circunstancias excepcionales previstas por la Sentencia C-355 de 2006 para llevar a cabo ese procedimiento; (ii) deberá valorar y ponderar las razones que expongan las comuneras indígenas para solicitar la IVE hasta la semana 24 de gestación en ejercicio de su autonomía reproductiva, teniendo en cuenta los deberes constitucionales de protección de la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes y, a su vez, de protección gradual e incremental del bien jurídico de la vida en gestación, como se indicó en la Sentencia C-055 de 2022, y (iii) deberá justificar de manera razonada y suficiente la aprobación o negación de la IVE, sin perjuicio de que, dentro de un término prudencial y perentorio, se exploren y adopten medidas alternativas a dicho procedimiento, con el consentimiento previo e informado de la solicitante”. Para las mujeres que laboran en la AIC-EPSI y los diferentes programas del CRIC el tema IVE sigue siendo un tema vedado y se solidarizan desde la clandestinidad con las mujeres indígenas que enfrentan esta situación. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas son flagrantemente negados en el Cauca mientras esté vigente la Resolución 050 de 2020, por eso exigen la derogación inmediata de dicha normatividad.
La Fiscalía Tercera, adscrita al Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar de Popayán, radicó el 8 de noviembre de 2022 el escrito de acusación en contra Jaime Andrés Bonilla, Personero de la Ciudad de Popayán por los delitos de violencia intrafamiliar agravada que impartió el acusado en contra de su hija y la madre de su hija. Según información suministrada por el portal “Cuestión Publica”, Jaime Andrés Bonilla también tiene dos denuncias, una de ellas ya conciliada, por maltrato contra dos de sus excompañeras sentimentales. Además, cumplió una condena por homicidio culposo. No se entiende como una persona con este prontuario criminal fue elegida en marzo de 2022 como Personero Municipal por parte del Concejo de Popayán. Corresponde al personero municipal en cumplimiento de sus funciones de Ministerio Público la guarda y promoción de los derechos humanos. Es evidente que, con los antecedentes criminales del Personero Jaime Andrés Bonilla, los derechos humanos de las mujeres en Popayán no se encuentren salvaguardados.
Que sigan hablando las paredes en Popayán, que denuncien lo que a las mujeres Caucanas se les obliga a callar, mientras tanto las autoridades seguirán callando, encubriendo e instaurando impunidad.