A lo largo de la historia, Popayán ha sido reconocida como la “ciudad culta” debido a su destacada contribución a la formación de presidentes, pensadores, escritores y personas influyentes que han aportado conocimiento fundamental para el desarrollo del país. Sin embargo, en la actualidad, este título parece quedarle grande a Popayán, ya que evidencia una lamentable tendencia de desprecio hacia la educación y la cultura. En el siguiente artículo, suministramos al lector ejemplos concretos que ilustran este alarmante desdén, centrándonos especialmente en la transformación de escuelas y colegios ubicados en el corazón de Popayán y su consecuente impacto simbólico en la ciudad.
En la década de los años 30, Popayán vio nacer una institución educativa pionera: la escuela de niñas Filomena Segura, situada en la carrera 5a con calle 2a Norte No 2N-36. Posteriormente, por decisión de la Asamblea el 12 de julio de 1935, se le otorgó el nombre de Centro Docente Filomena Segura, rindiendo así homenaje a la destacada educadora Filomena Segura de Ayerbe. Esta visionaria mujer fue la primera en liderar la educación no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. En la Secretaría de Educación Departamental reposa una placa en su honor.
Este centro educativo desempeñó un papel fundamental en la formación de las niñas provenientes de familias trabajadoras de la plaza de mercado, así como de aquellas que residían en los asentamientos surgidos tras el devastador terremoto de 1983. Se erigió como un colegio público que brindó educación a las niñas de escasos recursos en este sector de la ciudad.
Paradójicamente, este emblemático espacio educativo ha experimentado una transformación deprimente, convirtiéndose en una estación de policía y en un lugar de detención transitoria. Esta metamorfosis desdibuja la esencia original para la cual fue concebido, enviando un mensaje claro: la ciudad parece priorizar el control y el castigo en detrimento de su compromiso con la educación. La reutilización del antiguo centro educativo refleja una preferencia por el control y la sanción en lugar de fomentar la educación y el desarrollo integral de la sociedad.
La Escuela Gerardo Garrido tuvo sus inicios en una residencia ubicada en la carrera 6a No 6N – 12 en 1954, bajo la dirección del profesor Alfredo Zúñiga. Posteriormente, se trasladó a su sede actual entre las carreras 5a y 6a No SN – 27, en un terreno donado por el entonces alcalde Gerardo Garrido, en cuyo honor recibió su nombre. El centro educativo fue inaugurado como Centro Docente en 1956.
Inicialmente, la escuela Gerardo Garrido, situada junto a la plaza de mercado del barrio Bolívar, desempeñaba un papel crucial en la educación de los niños cuyos padres trabajaban en la plaza. Lamentablemente, sin motivo aparente, la escuela cerró sus puertas, dejando a los niños de la plaza de mercado sin un lugar para estudiar. Tras su cierre, el edificio se deterioró y ahora se ha convertido en un lugar frecuentado por habitantes de calle y consumidores de sustancias alucinógenas, representando un alto riesgo para la seguridad.
Lo que antes era una oportunidad de educación para los niños de la plaza de mercado, hoy se ha transformado en un sitio de decadencia para la juventud, comparable a un pequeño Bronx del cual es difícil que un adicto pueda salir. Este cambio de destino transmite un mensaje desalentador a los niños de la plaza, sugiriendo que no merecen un futuro mejor y que su destino está condenado a la marginalidad.
La Institución Educativa Laura Valencia, situada en la carrera 9 con calle 1, en el sector del Monasterio, experimentó una transformación inusual durante el periodo de confinamiento por la pandemia del COVID-19 en 2020. Bajo el pretexto de la emergencia sanitaria, la escuela, conocida anteriormente como la “Escuela del Manguito”, fue convertida en una carceleta.
Este plantel educativo tuvo un papel crucial en la comunidad, ya que fue inaugurado en 1967 en un terreno donado por la señora Laura Valencia, quien expresó claramente que el propósito de la donación era que funcionara como una escuela. Sin embargo, durante la pandemia, las autoridades tomaron la decisión de cerrar la escuela debido al riesgo que suponía su ubicación cercana al río Molino. A pesar de la importancia histórica y social que tuvo la institución, las autoridades no fueron capaces de construir un muro de contención para preservar el establecimiento. En un principio, la comunidad del sector presentó una solicitud para que los estudiantes de la Escuela Laura Valencia fueran trasladados a la Escuela La Filomena, donde ya operaba la estación de policía. Sin embargo, lamentablemente, esta petición no recibió atención por parte de la Secretaría de Educación. En su lugar, la secretaría tomó la decisión de cerrar la Escuela Laura Valencia.
Sorprendentemente, en lugar de invertir recursos en la protección y restauración de la escuela, las autoridades optaron por adaptarla como una cárcel. Esta medida ha generado indignación en la comunidad, ya que las autoridades, en lugar de salvaguardar un centro educativo importante, destinaron recursos para transformarlo en una institución penitenciaria.
La situación descrita revela una preocupante falta de compromiso con el derecho a la educación en la ciudad de Popayán. El hecho de que el principal sindicato de agremiación docente del departamento del Cauca no haya liderado ninguna lucha en defensa de la educación local es inquietante. Más aún, la transformación de este sindicato en un emporio empresarial con actividades que van desde supermercados, bombas de gasolina hasta una empresa inmobiliaria, sin duda, rebelan cuáles son sus prioridades y su compromiso con la educación en la ciudad.
La denuncia que pesa sobre el sindicato por su presunta participación en el despojo de tierras a una comunidad indígena, así como las prácticas de gentrificación llevadas a cabo por su empresa inmobiliaria, están generando un conflicto territorial de proporciones sin precedentes en la ciudad. Esta situación no solo impacta negativamente en la población rural, sino que también contribuye a la propagación de mensajes de odio y racismo dirigidos hacia la comunidad indígena pubenense. Lo alarmante es que estos mensajes discriminatorios son liderados por aquellos que tienen la responsabilidad de velar por la educación en la ciudad, haciendo más gravosa la problemática.
El cierre de instituciones educativas y la imposición de lógicas relacionadas con el crimen, el mercado, el control y la sanción penitenciaria indican una dirección preocupante para la ciudad. Popayán, al manifestar un simbolismo tan marcado de desprecio por la educación y promover prácticas que afectan negativamente a comunidades vulnerables, no augura señales positivas en términos de progreso, calidad de vida y desarrollo humano. Este es un llamado a la sociedad Payanesa, a sus autoridades y a las agremiaciones docentes para que aborden esta problemática, construyendo un entorno más inclusivo y equitativo en la ciudad desde el quehacer educativo.
Por: Sofía López Mera, abogada y periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.