«No hay respuestas únicas para nuestras realidades olvidadas. No existen soluciones claras y rápidas, simplemente no las hay. Aquí estoy, intentando sobrevivir, pero no puedo irme lejos, no alcanzo. Me dieron este refugio temporal, y desde aquí sigo pensando en el mundo allá en la periferia donde la Olla Comunitaria traza su camino contra el hambre. De algo estoy seguro: hay caminos, hay muchos caminos. Mientras haya caminos podemos seguir caminando. Personas como tú y yo estamos destinadas a seguir caminando, a seguir levantando la voz. Nunca dejaremos de caminar; caminamos la palabra para la memoria de la huella, caminamos en torno al fogón de la cocina, caminamos en el asentamiento, con las maricas, las víctimas, con las viudas y los huérfanos que dejó esta maldita guerra impuesta. Pero seguimos caminando y mientras haya camino y semillas, nuestra misión será caminar y sembrar.»
Eso dice Andrés Maíz, defensor de derechos humanos y líder social de Popayán y del Cauca, en el suroccidente de Colombia. Maíz enfrenta hoy una persecución atroz que busca su eliminación física y, sobre todo, política. Porque ciudades coloniales como Popayán y sociedades translesbohomofóbicas como la colombiana no soportan, ni desde la izquierda ni desde la derecha, que una persona de sexo-género diversa se enfrente al statu quo exigiendo dignidad para los más desfavorecidos, justicia para las víctimas y vida para seguir defendiendo la vida. Personas como Andrés Maíz se han convertido en una piedra en el zapato para la gente de bien en el departamento del Cauca.
Desde el año 2000, cuando denunció como periodista la venta de sustancias alucinógenas en la escuela de Puelenje, fue blanco constante de amenazas. El fiscal de turno, en su burocrática sabiduría, le dio un consejo: «Quédese en silencio». Pero Maíz hizo lo contrario, continuó su labor de denuncia.
En 2004, durante el paro estudiantil, su voz se hizo escuchar y fue víctima de señalamientos en medio de una asamblea universitaria. Dos años más tarde, después de una movilización, fue perseguido y sobrevivió a un atentado que quedó impune.
En 2013, su lucha en defensa de la plaza de mercado y su esfuerzo por preservar el patrimonio gastronómico y cultural de Popayán le valieron nuevas amenazas junto a otros líderes de la Cooperativa Mesalarga.
En 2018 fue señalado de insurgente cuando fungía como miembro gestor de la marcha de la comida, que es una apuesta política del proceso de liberación de la madre tierra en el norte del Cauca.
En septiembre de 2020, Andrés Maíz fue detenido bajo una orden de captura, acusado por homicidio en grado de tentativa contra el investigador del CTI de la Fiscalía, Diego Alejandro Quinayás, cuando el líder social se encontraba en una marcha exigiendo desde el movimiento de lxs sin techo la creación de un banco de tierras. Sin embargo, tras las audiencias preliminares, fue liberado debido a la falta de elementos probatorios.
En 2021, en medio de la represión estatal durante el paro nacional, el ministro de Defensa, Diego Molano, lo estigmatizó, ofreciendo una recompensa de 50 millones de pesos por su captura y acusándolo de pertenecer a las disidencias de las FARC y de ser responsable del incendio de la URI y los patios de tránsito en Popayán. Las amenazas se materializaron meses después en panfletos en los campamentos humanitarios de lxs Sin Techo, forzándolo al desplazamiento.
Al año siguiente, sufrió un intento de detención ilegal bajo una supuesta orden de captura, un hecho aún sin esclarecer. Las amenazas de muerte se intensificaron, llegando en forma de panfletos y mensajes de un grupo armado, persiguiendo su labor como defensor de derechos humanos, gestor cultural, cocinero e investigador de la memoria de sabores, saberes y haberes, vocero político del Movimiento Popular Comunitario Lxs Sin Techo y de la Colectiva Trans Marika Mariposas Negras.
En 2024, la policía advirtió sobre un posible atentado contra Andrés Maíz, información luego confirmada por la fiscalía. Tristemente, la amenaza se hizo evidente para su madre y su hija cuando hombres armados se apostaron frente a su casa, vigilando la entrada.
Desde la izquierda también acechan su liderazgo y el de las autoridades tradicionales del cabildo indígena de San José de Julumito, donde es comunero. En 2023, la junta directiva de Asoinca lo señaló en Radio Mil Cuarenta y redes sociales, mostrando su fotografía y acusándolo de contratar una oficina de cobro para atentar contra la directiva sindical. Esto marca solo el comienzo de otro capítulo de persecución y amenazas.
Pronto, panfletos del ELN en el corregimiento de Julumito lo declararon objetivo militar. Debido a esta amenaza, él y otras autoridades tradicionales han tenido que abandonar su hogar en Julumito por la incursión armada que pone en riesgo sus vidas. Los señalamientos de Asoinca, los panfletos del ELN y estas incursiones armadas buscan proteger los procesos de gentrificación rural que han desplazado a la población rural del municipio de Popayán.
¿Y por qué no mencionar que no se le permitió tomar posesión como concejal electo? Una simple advertencia de la Procuraduría bastó para que no se posesionara, sin que se agotara el debido proceso. No hubo decisión administrativa ni acciones legales que lo justificaran. A pesar de la voluntad de cerca de 1300 ciudadanos que lo eligieron concejal por el Pacto Histórico, su elección fue ignorada tanto por su partido como por las instancias electorales.
En este momento, Andrés Maíz lidera una campaña judicial para preservar el emblemático Parque Caldas como patrimonio biocultural de los habitantes de Popayán. Esta iniciativa busca revocar una recomendación de la Procuraduría, tras una solicitud del jurisconsulto Mario Cajas, reconocido abogado de la academia de jurisprudencia. En su solicitud, Cajas argumentó que la piedra del Parque Caldas sufre deterioro con las actividades culturales y artísticas que allí se realizan, dejando entrever una visión clasista que prioriza la conservación material del mobiliario sobre la vida comunitaria y popular de los habitantes de Popayán.
Para el jurista, según nuestra interpretación, la piedra se desgasta, cuando los chirimeros tocan su música, los skaters practican en sus patinetas, los bailarines de música andina danzan junto a la torre del reloj, cuando se celebran festivales gastronómicos y la gente disfruta de ellos, cuando los artesanos exhiben sus productos, o cuando el vendedor ambulante simplemente se gana su sustento en este lugar.
Este enfoque basado en la ciudad aséptica ignora por completo que el Parque Caldas ha sido históricamente un espacio de encuentro donde confluyen relaciones sociales, económicas, políticas, culturales y espirituales de la comarca, otrora primera plaza de mercado de la ciudad de Popayán.
En este contexto, Andrés Maíz enfrenta acusaciones infames, como la de supuestamente instigar desde la alcaldía, para que no se realice el Congreso Gastronómico en el Parque Caldas, pese a que no es funcionario ni contratista de la administración y, por el contrario, reclama por vía judicial su colectivo, comunitario y popular para la comunidad payanesa. A pesar de las calumnias, Andrés Maíz seguirá siendo la piedra en el zapato de la gente de bien de Popayán, perseverando porque mientras haya caminos y semillas, su misión será avanzar, resistir y defender los derechos y la vida de aquellos que luchan por su ciudad y su cultura.
