Desde 2023, el departamento del Huila volvió a ser un territorio en disputa. Extorsiones, reclutamiento forzado de menores, masacres y asesinatos selectivos de líderes sociales y firmantes de paz han teñido de sangre a una región que, hace apenas unos años, apostaba por la reconciliación y el turismo rural como motores de su futuro.
Hoy, el miedo ha vuelto a las calles. Y, como en un guion ya conocido, las promesas de “seguridad democrática” reaparecen justo después de cada estallido de violencia.
La maquinaria del terror: cifras que duelen
En los municipios de Acevedo, Hobo, Pitalito, Algeciras, Garzón, Campoalegre, La Plata y Neiva, la violencia ha cobrado vidas de manera brutal. Solo en estos ocho municipios se han registrado recientemente 54 asesinatos: 36 hombres, 5 mujeres, 12 personas sin identificar y un menor de edad.
Los firmantes de paz, quienes apostaron por dejar las armas, han sido blancos prioritarios. Desde 2019 hasta abril de 2025, 20 excombatientes fueron asesinados en 9 municipios del Huila. El patrón muestra picos claros: dos firmantes en 2019, cinco en 2020, uno en 2021, dos en 2022, cinco en 2023, dos en 2024 y ya tres homicidios en lo que va de 2025.
Los líderes sociales tampoco se salvan: 43 asesinatos en 16 municipios, afectando principalmente a líderes campesinos (8 casos) y comunales (18 casos), pero también a defensores indígenas, servidores públicos, activistas culturales, del movimiento LGBT y víctimas del conflicto. El 91.8% de las víctimas eran hombres y el 8.2% mujeres.
Las cifras son frías, pero cada número es una historia truncada, una comunidad desprotegida, un proyecto de vida aniquilado.
Un atentado anunciado
El 17 de abril de 2025, en pleno Jueves Santo, cuando las familias huilenses se disponían a celebrar la Semana Mayor, una moto bomba explotó en el municipio de La Plata. Dos jóvenes, de 17 y 19 años, murieron. Treinta y tres personas resultaron heridas, incluidos cinco menores de edad.
El hecho no fue aislado. Desde el vecino departamento del Cauca, el frente residual Hernando González Acosta, liderado por alias ‘Calarcá’, ha extendido su accionar delictivo hacia el Huila, en una clara estrategia de expansión territorial.
Sin embargo, las autoridades —entre ellas el Ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez y el gobernador Rodrigo Villalba— repitieron el libreto de siempre: consejos de seguridad “extraordinarios”, anuncios de refuerzos militares, recompensas millonarias y promesas de “no arrodillarse ante el terror”. Medidas efectistas que poco o nada resuelven el problema de fondo.
El oportunismo electoral: del miedo a las urnas
Coincidentemente —o no—, apenas días después del atentado y en plena ola de violencia, la maquinaria política del Centro Democrático, encabezada por Álvaro Uribe Vélez, se desplegó en el Huila.
Hoy, 26 de abril de 2025, realizan su evento de campaña electoral en el departamento, capitalizando el miedo y la incertidumbre sembrados por la reciente violencia. No es la primera vez: Uribe y su partido han convertido el dolor ciudadano en plataforma política. La fórmula es conocida: se permite el crecimiento del terror para luego vender el endurecimiento militar como única alternativa, agitando el fantasma de la “seguridad democrática”.
Esta estrategia de instrumentalizar la tragedia para fines electorales no solo manipula el sufrimiento de las víctimas, sino que también perpetúa un modelo de control basado en el miedo. En departamentos como el Huila, que intentaban abrirse paso hacia la paz, el retorno de la violencia no es solo una tragedia humana: es también la excusa perfecta para restaurar la vieja política de odio, militarización y represión.
Mientras tanto, las comunidades siguen pagando el precio más alto: el de su vida, su dignidad y su esperanza.
Por Prensa Justicia y Dignidad