Hace 25 días, cuando los pájaros apenas empezaban a trinar, los campesinos del Suroeste antioqueño —con su sombrero de ala ancha, su azadón curtido y su terquedad vieja como la montaña— instalaron un plantón en Jericó. Se apostaron allí, junto a la tierra que les da café, maíz y vida, porque no quieren minas, ni dragas, ni maquinaria clandestina arrancándole las entrañas al suelo que siempre los alimentó.
Quieren lo sencillo: agua limpia, cafetales vivos, montañas sin heridas.
Pero lo que reciben es otra historia: judicialización, amenazas, olvido.
Desde hace más de 14 años, el campesinado de Jericó y Támesis ha resistido la entrada de la multinacional AngloGold Ashanti, vieja conocida de los informes de violaciones a los derechos humanos donde haya oro: en Ghana, en el Congo, en Sudáfrica… y ahora, en Colombia. Aunque en octubre de 2021 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) archivó el trámite de licencia ambiental del proyecto Quebradona por omitir impactos en fuentes de agua subterránea y residuos tóxicos, la empresa siguió operando en las sombras, sin licencia, sin fiscalización, sin vergüenza.
El pasado 24 de abril de 2025, campesinos de la vereda La Soledad sorprendieron a hombres retirando tubos metálicos de perforación, presuntamente vinculados a exploraciones ilegales de AngloGold Ashanti. Una de las motos usadas no tenía placa. Desde entonces, la comunidad vigila el sitio día y noche, esperando la llegada de la autoridad.
Pero en 25 días ninguna autoridad ha hecho presencia. Ni la Agencia Nacional de Minería (ANM), ni la Policía, ni el Personero. Nadie. Una omisión gravísima frente a posibles delitos ambientales.
En cambio, lo que sí llegó fue la judicialización.
El 22 de abril, Día de la Tierra, la Fiscalía 147 Especializada de Antioquia imputó cargos de secuestro simple, hurto calificado, daño en bien ajeno y lesiones personales a 11 campesinos, entre ellos un hombre de 85 años, acusado de impedir la libre operación minera. Su crimen: quedarse en su tierra, defender el agua.
La Fiscalía olvidó su propia Directiva 0001, que ordena no criminalizar la protesta social. Olvidó que cuidar el agua es cuidar la vida.
Mientras tanto, AngloGold Ashanti responde en comunicados diciendo que los campesinos “afectan derechos de terceros” y que “no han mostrado voluntad de diálogo”. Dicen “diálogo”, pero avanzan a escondidas; dicen “afectación”, pero callan sobre las perforaciones clandestinas, los nacimientos de agua envenenados, los cafetales arrasados.
Desde que empezó este nuevo episodio de resistencia, campesinos como Johan Franco, el concejal Omar Porras y el señor Luis Hernán Gaviria han recibido amenazas. Perfiles anónimos en redes sociales los acusan de “retrasar el progreso” o de ser “enemigos de la minería responsable”. Pero ¿cómo puede ser progreso secar los ríos? ¿Cómo puede ser responsable perforar montañas a escondidas?
Los concejos municipales de Jericó y Támesis ya habían intentado proteger sus territorios en 2017 mediante acuerdos para prohibir la megaminería. Pero el Tribunal Administrativo de Antioquia anuló esas normas, alegando que los municipios no tienen competencia sobre el subsuelo. En 2018 intentaron blindarse reformando su Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), pero sufrieron presiones directas del Gobierno Nacional para detener el proceso.
Intentaron también la vía de la consulta popular, pero la Corte Constitucional recortó su alcance, dejando a los territorios sin herramientas para defenderse.
Así, en Colombia, el derecho a la participación ambiental —ese que adorna la Constitución como adorno bonito— fue reducido a papel mojado.
Hoy, la comunidad campesina de Jericó y el Suroeste antioqueño resiste, exige:
- Presencia inmediata de las autoridades para custodiar el material encontrado.
- Investigación exhaustiva sobre las operaciones ilegales de AngloGold Ashanti.
- Medidas de protección para líderes campesinos amenazados.
- Pronunciamiento del Gobierno Nacional en defensa de la vida, el agua y la tierra.
No piden favores. No extienden la mano pidiendo misericordia. Reclaman lo que es suyo: el derecho a vivir en su territorio, a decidir sobre su agua, su comida, su futuro.
En el fondo, no es sólo una pelea contra una empresa, o contra el Estado que le da la espalda. Es una pelea por el sentido mismo de lo que significa ser colombiano, ser campesino, ser humano.
Porque en Jericó, la montaña no es un paisaje: es la madre.
Y aunque el oro llame a los mercaderes, el agua no se bebe con lingotes.
Mientras el Estado los margina y la empresa los persigue, ellos resisten. Con la paciencia vieja como la montaña. Con la dignidad intacta
Por: Sofía López mera, abogada y periodista de la Corporación Justicia y Dignidad