Por las calles del país bajaban los gritos. Desde Popayán, la juventud, los pueblos y las manos trabajadoras marchaban no solo contra una reforma, sino contra una historia larga de desprecio. Hoy, tres años después, seguimos preguntando: ¿Dónde está la verdad de los días que nos rompieron el alma?
Señor Presidente Gustavo Petro: Usted llegó a la Casa de Nariño de la mano de las víctimas del Paro Nacional. Su proyecto político se levantó sobre la dignidad de los y las jóvenes que pusieron el cuerpo en las calles, de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, de los barrios gaseados, de los pueblos que resisten. Usted prometió una Comisión de Esclarecimiento para los hechos del estallido social. ¡Cumpla!
No se puede hablar de un segundo estallido social por las reformas, si el primero quedó sepultado bajo el olvido y la impunidad.
2 de mayo de 2021 – Popayán: Los infiltrados
La mañana apenas abría los ojos cuando los abogados de la Corporación Justicia y Dignidad, acompañados por la Defensoría del Pueblo, llegaron a la URI de la Fiscalía en Popayán. Querían saber por los detenidos del primero de mayo. Les dijeron que los habían liberado con comparendo. Nada por escrito. Nadie daba la cara.
Cuando salieron, vieron lo que no deberían: una camioneta blanca con platón. Bajaron militares armados, dos hombres de civil encapuchados, radios en mano. Hablaron entre ellos. Luego se fueron rumbo a los barrios La Esmeralda y El Chino. Nadie sabía qué hacían. Nadie respondía.
2 de mayo – Popayán: Incursión armada policial en el barrio La Paz y barrios de la comuna 7
El 2 de mayo de 2021, Popayán volvió a sentir el eco amargo del abuso estatal. Desde las primeras horas de la tarde, estudiantes, campesinos, jóvenes de barrios populares e indígenas salieron a las calles en una jornada más del paro nacional. Caminaron con cantos, pancartas, arengas, talleres pedagógicos y ollas comunitarias de agua de panela. Se concentraron en distintos puntos de la ciudad: el norte, el centro histórico, el Campanario, el Centro Deportivo Universitario. La protesta fue pacífica hasta que la irracionalidad del Estado se impuso. La Policía Nacional y el ESMAD, sin provocación alguna, desataron una ofensiva desproporcionada. Avanzaron con gases, bolillos y disparos. A los manifestantes no los escucharon: los reprimieron.
Ya entrada la noche, cerca de las diez, la represión se volvió más violenta y más brutal. La comuna 7 fue blanco del terror: los barrios La Paz, El Mirador y otros aledaños fueron gaseados sin clemencia. Motorizados y tanquetas irrumpieron en las calles, y también en las casas. Entraron sin órdenes, sin justificación. Golpearon a sus habitantes, los insultaron, los amenazaron, los obligaron a salir a la fuerza. Usaron armas de fuego. Tiraron piedras. Dispararon gases contra las viviendas. En medio del humo, los gritos y el miedo, cayeron varios.
Teresa Rengifo, de 92 años, inhaló el gas lacrimógeno que lanzaron en su cuadra. Su cuerpo frágil no resistió. La asfixia la tumbó en el piso con un cuadro agudo de dificultad respiratoria. Juan Carlos Muñoz, periodista, documentaba lo que pasaba cuando dos policías lo agredieron: bofetadas, patadas, empujones. Juan Pablo Díaz recibió el impacto de un gas lacrimógeno en la mano derecha. John Ortiz fue herido de bala en la espalda por la misma fuerza pública que debería protegerlo. Luis Santiago Latorre fue amenazado con un cuchillo por un uniformado, y luego lo golpearon sin piedad en la cabeza y el cuerpo. A Esteban Erazo le reventaron el cráneo con piedras: armas no convencionales lanzadas por el ESMAD. No fue una casualidad: fue una política.
Los ataques no distinguieron credenciales. Kevin Acosta, veedor ciudadano, fue empujado, amenazado y señalado. Víctor Ruiz, edil, fue obligado a cruzar una línea de fuego mientras los gases estallaban a su alrededor. Lo apuntaron. Joner Idrobo, defensor de derechos humanos, fue ultrajado por la policía. Andrés Felipe Velasco, concejal de Popayán, llegó con cuatro personas más a ejercer labores humanitarias. La bienvenida fueron los disparos.
Esa noche también hubo detenciones arbitrarias. Cristian Alexander Zambrano, Carlos González, Javier Mauricio Salazar Loaiza, Jhorman Steven Castañeda Ortiz, Franz Giancarlo Alegría Botero, Edison Arley Casamachín y Jhonier Segura Trujillo fueron conducidos sin claridad sobre su paradero. No hubo información oficial, ni garantía de defensa, ni acceso a sus familiares o abogados. Nadie supo a tiempo dónde estaban.
La jornada dejó heridas abiertas. No solo en los cuerpos, sino en la dignidad. Hubo ataques deliberados a defensores, brigadistas, periodistas. Agentes sin identificación actuaron con libertad. Se desconocieron los centros de protección para personas detenidas. Se negaron auxilios médicos urgentes, como en la clínica Santa Gracia, donde un médico incumplió su juramento hipocrático y la ley colombiana al negar atención de urgencias. En zonas rurales y urbanas, la Policía y el Ejército actuaron como uno solo. En La Paz, agentes irrumpieron en una casa con un menor y un adulto mayor adentro. Amedrentaron. Amenazaron. Destruyeron.
En Popayán, aquel 2 de mayo no solo reprimieron una marcha: atacaron a un pueblo. Pero los nombres de quienes resistieron y fueron violentados, los nombres de los que sobrevivieron y de los que aún esperan justicia, siguen vivos. En las paredes, en los gritos, en los relatos. Como cicatrices que no se borran, como memoria que no se rinde.
2 de mayo de 2021- Popayán- lesión ocular, lesión en una pierna de los manifestantes e intento de judicialización
El 2 de mayo de 2021, Nelson Fuentes salió a manifestarse pensando que la violencia había cesado tras el retiro del ESMAD. Sin embargo, al llegar a la intersección de dos calles, un disparo de un agente del ESMAD le impactó en el rostro, dejándolo sin visión en su ojo derecho. A las seis horas, cuando fue ingresado en urgencias, un policía vestido de civil y sin identificación apareció en su habitación, identificándose como “Flores”, parte de la fuerza pública. La actitud del hospital fue igualmente despectiva; la médica que lo atendió sugirió que lo sacarían porque “estaba bien” del resto del cuerpo.
La Defensoría del Pueblo intervino, convocando audiencias para mayo, pero la fiscalía desvió el caso, pidiendo que la denuncia se hiciera por internet y afirmando que la policía realizaba una “investigación interna”. No hubo justicia, solo más obstáculos para las víctimas. El hermano de Nelson, también herido, y la hermana que fue testigo, junto con la médica que lo atendió, vieron cómo se intentaba ocultar la verdad detrás de la represión del 2 de mayo.
Palmira – 21 de mayo: Camilo Alegría, víctima de desaparición forzada
Desde el 2 de mayo no se supo más de Camilo Alegría. Estaba en la primera línea del peaje CIAT. Su nombre se sumó a una lista negra de detenidos que desaparecieron entre las garras del Estado. Las familias recorrían fiscalías, hospitales, estaciones de policía. Nadie respondía. Nadie sabía nada.
2 de mayo de 2021 – Homicidios en Antioquia
El 2 de mayo de 2021, en el marco de las movilizaciones contra la reforma tributaria, se registraron dos asesinatos en Antioquia. El primero ocurrió en San Luis, donde Juan David García, líder de la protesta, comerciante y referente de Colombia Humana, fue asesinado por paramilitares. Juan se había destacado como voz de la resistencia en su comunidad. El segundo homicidio se dio en Medellín, donde un joven con discapacidad perdió la vida, aparentemente debido a la inhalación de gases lacrimógenos durante las manifestaciones. La represión no solo dejó víctimas físicas, sino también un marcado dolor en la resistencia popular.
2 de mayo de 2021 – Toda Colombia – Montajes Judiciales
El 2 de mayo de 2021, las organizaciones de derechos humanos alzaron su voz frente a una práctica sistemática de la represión estatal: los montajes judiciales. Estas invenciones, que presentaban a los manifestantes como guerrilleros, terroristas o vándalos, buscaban criminalizar la protesta y silenciar a quienes ejercían su derecho a la movilización. La criminalización de la oposición política y social se extendió más allá de la detención, convirtiéndose en una herramienta de persecución constante. Según los informes de DDHH, los detenidos eran sometidos a torturas y tratos inhumanos, forzados a firmar actas de buen trato bajo amenazas. La intimidación no terminaba con la privación de libertad; seguían los seguimientos y amenazas, perpetuando un círculo de violencia y miedo. En medio de todo esto, la Campaña Defender la Libertad es Asunto de Todos documentó 20 allanamientos a organizaciones sociales, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluidas las detenciones arbitrarias asociadas.
2 de mayo de 2021 – Cali – Montaje Judicial de Deivy Alexander Ovalle
En Cali, en el barrio San Cayetano, Deivy Alexander Ovalle Cabrera fue detenido por miembros de la Policía Nacional sin que se informara de su paradero. En un giro oscuro de los hechos, Deivy fue reportado como desaparecido. Su captura no solo marcó un acto arbitrario de represión, sino que también encendió las alarmas de los defensores de derechos humanos, quienes denunciaron que se trataba de un montaje judicial más, en el contexto de la criminalización de la protesta social.
2 de mayo de 2021 – Armenia – Montajes Judiciales
En Armenia, Quindío, durante las manifestaciones cercanas a la alcaldía, se produjo un enfrentamiento entre la Policía y los manifestantes. En medio del caos, un policía fue apuñalado. En un giro premeditado de los hechos, dos jóvenes, supuestos integrantes de un grupo de “barras bravas” del equipo local, fueron detenidos bajo la acusación de la agresión. Sin embargo, los abogados de la primera línea jurídica presentaron videos que desmentían la acusación: en las imágenes se veía claramente a los agresores con tatuajes grandes en la espalda, mientras que los jóvenes detenidos no poseían tales marcas. A pesar de esta evidencia, la Fiscalía legalizó la medida de aseguramiento, privando de libertad a los jóvenes mientras aguardaban un fallo de segunda instancia por tentativa de homicidio. Este caso evidenció cómo la persecución judicial se utiliza para forjar culpables donde no los hay, dentro de una estrategia que apunta a criminalizar la protesta social y deslegitimar a quienes se oponen al régimen.
2 de mayo de 2021 – Bucaramanga – Ataque a defensor de derechos humanos
El 2 de mayo de 2021, la crisis de derechos humanos en Colombia se profundizó con el ataque a Leonardo Jaimes, abogado y defensor de derechos humanos, miembro del Equipo Jurídico Pueblos. Durante una jornada de protesta en Lebrija, Santander, donde los manifestantes se dirigían al aeropuerto Palonegro, el ESMAD arremetió brutalmente contra la movilización. Sin identificar a los agentes, lanzaron gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y agua a presión desde tanquetas, hiriendo a varios manifestantes. En medio de la represión, Leonardo Jaimes fue atacado mientras entrevistaba a una joven herida, siendo tirado al suelo, arrastrado y despojado de sus pertenencias por la policía. El ataque se extendió a otra manifestación proveniente de Girón, disuelta de manera violenta en un peaje, con la Personería de Lebrija como testigo mudo. Cuando se cuestionó al Capitán Nirvan Peña, encargado del operativo, éste inventó un falso relato de que el abogado y los manifestantes estaban disparando cócteles molotov. La represión continuó, agrediendo nuevamente a Jaimes y deteniendo al hermano de un herido que acudía a visitarlo. Este ataque reflejó la estigmatización y criminalización del trabajo de los defensores de derechos humanos en medio de las movilizaciones.
2 de mayo de 2021 – Pereira – Conformación de grupos paramilitares para atacar a los manifestantes
En Pereira, Risaralda, las fuerzas de seguridad nacionales actuaron con la complicidad del alcalde de la ciudad, el gobernador de Risaralda y altos mandos de la policía y el ejército, para implementar una estrategia represiva en contra de las protestas sociales. Bajo el discurso de “detener los actos vandálicos”, se convocó a la conformación de alianzas público-privadas para garantizar la seguridad en la ciudad. Sin embargo, esta convocatoria fue un claro llamado al paramilitarismo, como lo señalaron múltiples testigos. Un día después de la convocatoria del alcalde Carlos Maya, se registraron disparos contra Lucas Villa y otro manifestante, lo que evidenció la complicidad entre las autoridades locales y los grupos paramilitares. La situación de violencia se agravó con la levantamiento del toque de queda, y un arreglo entre las autoridades municipales y organizaciones paramilitares y criminales permitió la ejecución de violaciones a los derechos humanos y la estigmatización de los manifestantes. Los responsables de esta situación fueron los funcionarios Carlos Maya, Víctor Tamayo y Diego Ramos, quienes dieron la orden de crear estos grupos paramilitares, desatando una ola de represión en la ciudad.
Exigimos Comisión de Esclarecimiento ¡Ya!
Señor presidente Petro: La verdad de lo que ocurrió en 2021 no puede seguir esperando. Usted prometió a las víctimas del estallido social una Comisión de Esclarecimiento. No queremos comités simbólicos, ni informes enterrados en oficinas. Queremos justicia con nombre propio, reconocimiento con rostro humano, memoria viva. No hay transformación social sin justicia para quienes fueron asesinados, mutilados, desaparecidos y criminalizados por protestar.
¡No más impunidad!
¡Comisión de Esclarecimiento Ya!
¡Justicia para las víctimas del Paro Nacional!