En Cali, a las orillas de una ciudad que ya no se reconoce ni a sí misma, hay un hombre que duerme con un ojo abierto. Se llama Fredy Salinas, y no es el tipo de hombre que calla cuando hay injusticia. Lleva una década en la dirección de Sintraemcali, ese sindicato que ha sobrevivido a más atentados que una torre de control en zona de guerra. Hoy es secretario de derechos humanos, asuntos comunitarios y de la mujer. Nada menos.
Fredy denunció corrupción dentro de la empresa EMCALI y también dentro de su sindicato. Pecado doble. Desde entonces carga una diana en la espalda.
Su esposa, Claudia Patricia Urbano Pérez, fue hostigada. Sus hijos, Sebastián y Daniel, ya no pueden vivir en paz. Sebastián, dirigente deportivo que entrenaba niños en Potrero Grande, fue hostigado en la fundación donde trabajaba. Luego lo buscaron en su emprendimiento de mango viche en el Caney. No preguntaron con cortesía: una mujer con casco —rostro oculto, rabia visible— preguntó por Sebastián y por “el hijueputa del papá”. Valentina, su novia, fue intimidada en la noche, sola, en un parque. ¿Quién las cuida a ellas?
Daniel, el menor, arquitecto joven, ha dejado de dormir con tranquilidad. Y Fredy, el padre, deambula entre sombras para evitar convertirse en otra cifra. Ante el asedio constante, los hijos de Fredy Salinas se vieron forzados a salir del país. No por aventura, sino por sobrevivencia.
Pero la historia no termina ahí. En Colombia, la protección del Estado es un ajedrez en el que las piezas blancas siempre están manchadas. La Unidad Nacional de Protección (UNP), en un acto digno de novela negra, asignó 14 hombres de seguridad, 7 vehículos, 7 chalecos y 7 medios de comunicación… a nombre del sindicato Sintraemcali. El detalle es que el sindicato jamás vio ni uno solo de esos recursos. No les llegó ni el aire de un motor.
La denuncia por este saqueo, una más entre tantas, llegó hasta la Cancillería. Y fue esa misma denuncia la que provocó que, por orden de políticos bien ubicados (de esos que hablan de paz mientras firman pactos de impunidad), le retiraran de forma unilateral las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la junta directiva de Sintraemcali.
Sí, en el gobierno de Gustavo Petro también se violan derechos humanos. Duele escribirlo. Pero los hechos no se diluyen en ideologías. Mientras se dan discursos en defensa del cambio, los sindicalistas perseguidos por defender una convención colectiva caminan con miedo. A los que sí les prestan atención en la Consejería Presidencial de Derechos Humanos es a los miembros del sindicato patronalista USE, creado por Uribe para exterminar a Sintraemcali. A ellos sí los cuidan. A los que denuncian, no.
Como en las mejores épocas del DAS y las chuzadas, el que levanta la voz termina sin escoltas, sin familia, sin casa. Solo con el respaldo de algunos compañeros y la solidaridad que no se vende, ni se alquila.
Fredy Salinas vive hoy escondido, como un criminal, mientras los verdaderos criminales gozan de contratos, ruedas de prensa y blindajes oficiales.
Y uno se pregunta:
¿Dónde están los derechos humanos cuando se necesitan?
¿Será que la UNP se los llevó todos en los siete vehículos blindados que nunca llegaron?
Por Prensa Justicia y Dignidad.