En lo alto de la cordillera que se entrelaza con la Amazonía, donde el río suena antes de verse y los abuelos aún hablan con los árboles, la comunidad de Pueblo Viejo, en Mocoa, ha decidido detener el tiempo. Desde el 24 de marzo, mujeres, jóvenes, sabedores indígenas, campesinos y líderes sociales bloquean el paso a LiberoCobre, una multinacional canadiense que insiste en abrirle las entrañas a la montaña en busca de cobre y molibdeno.
La empresa habla de oportunidades. En sus boletines, los geólogos bajan de las cumbres con núcleos de roca como si trajeran oráculos. «Estudiar el subsuelo es prepararnos para decidir con fundamento», proclaman. Pero en las veredas no se escuchan discursos técnicos, sino el clamor de la tierra. “No a la mina, sí al agua”, repiten los carteles escritos a mano, mientras una mujer con los pies en el barro vigila que no pase la retroexcavadora.
Para LiberoCobre, el cobre es el metal del futuro. Para Pueblo Viejo, el futuro es cuidar el agua que brota del Macizo Colombiano y alimenta a medio país. Aquí no hay neutralidad posible: o se está con la vida o se está con el extractivismo.
La historia no es nueva. Desde 2018, la Agencia Nacional de Minería ha entregado títulos sobre estas tierras. En 2022, Corpoamazonía —la autoridad ambiental— impuso una medida preventiva para frenar las operaciones, sustentada en que Mocoa había prohibido este tipo de actividades. Pero la empresa continuó. Según ellos, la medida ya no tiene validez porque el Consejo de Estado anuló el acuerdo del Concejo y sus títulos están vigentes. Mientras los tribunales se cruzan papeles, las perforadoras siguen abriendo caminos.
“El gobierno habla de transición energética y justicia ambiental, pero ¿qué justicia es esta que se impone a punta de motores y promesas de empleo temporal?”, pregunta un líder campesino mientras reparte café caliente entre los manifestantes.
LiberoCobre asegura que el 90 % de sus trabajadores son locales, que ofrecen primer empleo, pasantías, y escuchan a la comunidad. Pero las voces en Pueblo Viejo tienen otra versión: que los talleres son monólogos, que la consulta nunca fue previa ni libre, y que lo que se juega aquí no es una nómina, sino el alma de la montaña.
Thyana Álvarez, gerente de la empresa, señala que “actores políticos y activistas han llegado a agitar el territorio”. Pero lo que realmente agita a Mocoa no son discursos externos, sino el recuerdo de una tragedia reciente: la avalancha de 2017 que cobró más de 300 vidas y cuyo origen también estuvo en la devastación de la cuenca.
Hoy, la gente ha decidido no esperar otro desastre. Quieren que se respete el principio de precaución. Quieren que el gobierno escuche. Quieren que no les hablen de cobre para la vida cuando lo que ven es muerte disfrazada de progreso.
El representante a la Cámara por Putumayo, Andrés Cancimance, propuso que Mocoa sea declarada Zona de Reserva Ambiental Temporal. La solicitud duerme en los escritorios del Ministerio de Ambiente. Mientras tanto, en las montañas, la resistencia no duerme.
Y entonces cabe preguntar, sin retórica y con urgencia:
Si el gobierno del cambio, el que proclama a Colombia como potencia mundial de la vida, lo dice en serio, ¿por qué mantiene a comunidades como Pueblo Viejo en Mocoa, y a Jericó y Támesis en Antioquia, bajo el dominio de extractivistas como AngloGold Ashanti y LiberoCobre?
¿Por qué se sigue excavando donde brota la vida?
Porque desde aquí abajo, entre las piedras y el monte, la vida no se promete, se defiende.
Por Prensa Justicia y Dignidad