Zuleima Mosquera caminaba entre cafetales y trochas rojas de barro que cicatrizan el territorio del norte del Cauca. Desde la vereda Puente Real, en Caldono, su voz se escuchaba en las asambleas comunitarias, en los talleres con niños, en las reuniones de la Zona de Reserva Campesina del Pital-Pescador. Era pequeña, fuerte y directa. Le gustaba organizar y sembrar. Hace poco viajó a Bogotá con una delegación de líderes comunales. Había que defender los derechos del campo con dignidad, sin escándalos, pero con terquedad.
El sábado 18 de mayo, su voz fue silenciada. Un hombre se acercó mientras ella compartía en un establecimiento público del corregimiento de Mondomo y le disparó a quemarropa. Zuleima cayó en el sitio. El asesino huyó en moto. Esa noche, la tierra que ella defendió con sus manos fue bañada por la sangre de otra mujer valiente.
En abril, también en Mondomo, una explosión estremeció la estación de Policía. Esther Julia Camayo, comunera indígena de la vereda San Isidro, del resguardo de Concepción, integrante de la ANUC y productora de café, murió junto a su hija herida. La comunidad había alertado sobre la presencia de hombres armados. Nadie actuó.
Ambas mujeres pertenecían a procesos sociales organizados. Ambas habían asumido el rol de lideresas en sus comunidades. Ambas fueron asesinadas en el norte del Cauca. Ambas asesinadas en un Mondomo sangriento, una región donde la violencia ya no es solo fuego cruzado: es una estrategia de exterminio selectivo.
Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, 219 mujeres lideresas han sido asesinadas en Colombia. Muchas de ellas eran defensoras de la tierra, constructoras de paz, guardianas del agua, de la palabra y de la vida. Esta cifra no es una coincidencia ni una estadística: es un grito de alerta. Un mapa del miedo.
Particularmente en el Cauca, se configura un patrón de exterminio político contra las mujeres que lideran procesos sociales. Las lideresas son blanco de los actores armados porque representan una amenaza al control territorial. Su asesinato no es solo una pérdida individual: es un golpe al tejido organizativo, un mensaje para disuadir, un vacío que se llena con nombres afines a intereses criminales.
La protección estatal es una parodia trágica: botones de pánico, teléfonos celulares, chalecos antibalas que las marcan como objetivo. La Unidad Nacional de Protección (UNP) es señalada por corrupción, lentitud e ineficacia. Las alertas tempranas, como la 036/23 y la nota humanitaria 019/23 de la Defensoría, se quedan archivadas mientras las balas siguen marcando el ritmo de la impunidad.
Zuleima y Esther no murieron por azar. Las mataron porque eran el rostro visible de la organización campesina e indígena. Porque se atrevían a hablar, a cuestionar, a convocar. En un país que presume haber firmado la paz, sus asesinatos indican que la guerra mutó, pero no terminó.
El norte del Cauca sangra. Mondomo sangra por sus mujeres valientes. Y la historia no puede seguir narrándose sin sus nombres, ni sin justicia.
Por: Prensa Justicia & Dignidad