Del 26 al 31 de mayo, durante la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, recordamos que en distintas regiones del país persiste una de las formas más atroces de violencia: la desaparición forzada de niñas, niños y adolescentes. Un crimen que se oculta tras el velo del reclutamiento forzado por actores armados ilegales y la trata de personas por redes criminales.
Según cifras de la Fiscalía General de la Nación y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 se han interpuesto cerca de 800 denuncias por desaparición forzada de menores de edad en contextos de reclutamiento. Tanto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) como la Defensoría del Pueblo han alertado sobre el aumento alarmante de estos casos, especialmente en el Catatumbo. En una visita reciente a Tibú y Cúcuta, Scott Campbell, representante de la ACNUDH en Colombia, denunció que al menos 36 menores han sido reclutados en lo que va del año. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha documentado 21 casos entre enero y abril de 2025.
Esta forma encubierta de desaparición forzada sigue arrebatando infancias y dejando a cientos de familias sumidas en la incertidumbre.
En 2016 se reportaron 0 casos de reclutamiento forzado en estas regiones; en 2023 se contabilizaron 186 casos, y solo en el primer semestre de 2024 ya iban 107 casos. En el Cauca, municipios como Argelia (17 casos), Toribío, Caldono y Corinto se han convertido en epicentros de esta tragedia.
Desde 2020, con la pandemia como telón de fondo, los grupos armados intensificaron su control territorial y el uso de menores no solo como combatientes o informantes, sino también en labores forzadas asociadas a cultivos ilícitos.
Un informe del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz (2024) documenta cómo, en el suroccidente del país —especialmente en Cauca, Nariño y Valle del Cauca—, comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas siguen enfrentando la reconfiguración del conflicto tras el incumplimiento del Acuerdo de Paz, la aparición de disidencias, el fortalecimiento del ELN y la expansión de nuevas estructuras armadas.
Así mismo, desde del 2024 el Movimiento ha registrado más de 100 casos, de los que alarman las cifras de algunos departamentos como: Cauca (41), Valle del Cauca (25), Bogotá (8), Huila (5), Risaralda (5), Antioquia (4), Tolima (4) y Nariño (3); además 51 casos ocurrieron en el 2024 y 41 han ocurrido en lo que va del 2025, por lo que preocupa que durante el año las cifras puedan aumentar. Además, es importante resaltar que la mayoría de las víctimas de este crimen, son niños, niñas y adolescentes entre los 13 y los 17 años, destacando que las niñas y adolescentes son mayoritariamente raptadas (74 casos), en comparación con los niños y adolescentes (36 casos).
Pero estas cifras no son solo estadísticas
Detrás de cada número hay un nombre, una historia interrumpida, una silla vacía en la escuela. Hay madres con el corazón en vilo, hermanos que no entienden por qué su hermana no volvió, abuelas que siguen preguntando al viento.
La memoria también ha sido atacada. En Popayán, un mural que honraba a 589 menores reclutados en el Cauca fue vandalizado. Pintaron de negro los rostros, como si el olvido se impusiera a la fuerza.
¿A quién le incomoda la memoria?
¿A quién le duele que se nombren los desaparecidos?
El Comité Internacional de la Cruz Roja documentó 1.730 desapariciones relacionadas con el conflicto desde 2016, de las cuales 304 corresponden a menores. La impunidad campea en el 98% de estos casos, y el subregistro sigue siendo abismal.
En el Valle del Cauca, especialmente en Cartago, se ha documentado la existencia de redes criminales herederas del Cartel del Norte del Valle, que mantienen circuitos ilegales de tráfico de niños, niñas y adolescentes. Los captan, trasladan y comercializan como mercancía, para luego entregarlos a grupos armados con fines de reclutamiento forzado, trata de personas e incluso tráfico de órganos.
Este fenómeno es sistemático y opera con total impunidad, aprovechando la vulnerabilidad social, la ausencia de garantías para la niñez y la debilidad institucional en territorios periféricos.
En Colombia, la desaparición forzada de niñas, niños y adolescentes no solo está ligada al conflicto armado. También se entrelaza con redes de trata de personas. Estas redes captan menores en contextos de pobreza, migración y violencia estructural, y los trasladan sin dejar rastro, separándolos de sus familias y ocultando su paradero. Esto constituye una forma de desaparición forzada con fines de explotación sexual, laboral o tráfico de órganos.
Según la Procuraduría General de la Nación, entre 2020 y 2023 se registraron 709 casos de trata de personas, con un alarmante aumento del 400% en menores de 12 a 17 años entre 2022 y 2023. En 2024, la Defensoría del Pueblo atendió más de 150 casos, siendo niñas y adolescentes el grupo más afectado.
Estas prácticas deben ser reconocidas como desapariciones forzadas, el Estado tiene la obligación de dar con su paradero y garantizar verdad, justicia y reparación para sus familias.
Desde los territorios, las madres y mujeres siguen buscando. Frente a la persistencia del reclutamiento y la desaparición de menores, urge garantizar medidas efectivas para el esclarecimiento de los casos, protección a quienes buscan y reparación a quienes han sido despojados.
Pero ¿qué tiene que ver la Semana Internacional del Detenido Desaparecido con el reclutamiento forzado y la trata?
Según Naciones Unidas (2025), “la desaparición forzada se utilizó y se sigue utilizando como método de terror para controlar territorios”.
Los menores reclutados y víctimas de trata también son víctimas de desaparición forzada: son arrancados de sus familias, trasladados sin dejar rastro y ocultados por redes armadas o criminales.
Por eso, en esta semana de memoria, no basta con recordar, es necesario denunciar que las desapariciones con fines de reclutamiento y trata deben ser reconocidas, investigadas y sancionadas como desapariciones forzadas.
Y que, mientras una sola madre siga buscando, no habrá paz ni justicia verdadera en este país.
¡Hasta que vuelvan a casa!
Por: Corporación Justicia y Democracia y Corporación Justicia y Dignidad