En las calles empedradas de Ciudad de Guatemala, el eco de las manifestaciones contra la corrupción aún resuena. La esperanza que una vez encarnó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se ve opacada por una ola de persecuciones judiciales que buscan silenciar a quienes osaron desafiar las estructuras de poder corruptas.
La CICIG: Una esperanza de justicia
Establecida en 2007 mediante un acuerdo entre la ONU y el gobierno guatemalteco, la CICIG tenía la misión de desmantelar los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) que operaban con impunidad en el país. Bajo la dirección del jurista colombiano Iván Velásquez, la comisión logró avances significativos:
Procesamiento de expresidentes y altos funcionarios por corrupción.
Desarticulación de redes criminales infiltradas en el Estado.
Colaboración con el Ministerio Público para fortalecer la justicia.
Estos logros no pasaron desapercibidos. La CICIG se convirtió en un símbolo de esperanza para una ciudadanía harta de la corrupción endémica.
La reacción del poder
Sin embargo, el éxito de la CICIG también generó enemigos poderosos. En 2019, el entonces presidente Jimmy Morales, investigado por la comisión, decidió no renovar su mandato, alegando interferencias en la soberanía nacional. Desde entonces, una serie de acciones han buscado desmantelar los avances logrados:
Nombramiento de Consuelo Porras como fiscal general, señalada por Estados Unidos como “actor corrupto y antidemocrático”.
Designación de Rafael Curruchiche al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), también sancionado por EE.UU.
Persecución judicial contra exfiscales y jueces que colaboraron con la CICIG, muchos de los cuales se han visto obligados al exilio.
Una justicia castigada por hacer justicia
Desde hace casi una década, Guatemala atraviesa una regresión autoritaria que ha convertido a sus operadores de justicia más valientes en fugitivos. Jueces, fiscales y abogados que antes eran reconocidos por desmantelar redes de corrupción ahora enfrentan acusaciones penales, exilio forzado o prisión. La consigna es clara: castigar a quienes tocaron las fibras del poder corrupto enquistado en el Estado.
La persecución judicial no es un fenómeno aislado, sino una estrategia sistemática de venganza impulsada por redes político-económicas que fueron expuestas por la extinta CICIG y la FECI. El mensaje es contundente: nadie que se atreva a investigar al poder está a salvo.
Casos como el de Virginia Laparra, exfiscal de la FECI condenada a prisión por denunciar actos de corrupción de un juez, muestran la crudeza de esta arremetida. Tras ser declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional, Laparra fue liberada solo para enfrentar nuevas amenazas legales que la empujaron al exilio. Su historia no es única.
Exilio como única salida
Cerca de 100 operadores de justicia han sido criminalizados o forzados al exilio en los últimos años. Entre las figuras clave de la lucha contra la impunidad hoy fuera del país se encuentran:
Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, destituido por la fiscal general tras investigar al expresidente Giammattei. Vive en EE. UU. con asilo político.
Érika Aifán, jueza de Mayor Riesgo, hostigada con procesos de antejuicio y amenazas por conocer casos sensibles.
Miguel Ángel Gálvez, también juez de Mayor Riesgo, forzado a retirarse por campañas de desprestigio.
Claudia Paz y Paz, exfiscal general, reconocida internacionalmente por su lucha contra estructuras criminales, ahora reside fuera del país.
Pablo Xitumul y Gloria Porras, ambos con trayectoria intachable, también han sido blanco de denuncias infundadas y amenazas constantes.
Un país sin garantías para quienes defienden la legalidad
La situación en Guatemala ha sido duramente señalada por organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó al país en el Capítulo IV.B de su Informe Anual 2023, destacando el “ejercicio abusivo del poder con fines político-electorales” y la “criminalización y privación de la libertad de personas operadoras de justicia, defensoras de derechos y periodistas”.
La CIDH observó con preocupación la persistencia de la criminalización mediante el uso indebido del derecho penal, la prisión preventiva arbitraria y las órdenes de captura internacional contra quienes se han visto forzados a huir.
La ONU también ha expresado preocupación por el deterioro del Estado de derecho en Guatemala, señalando las injerencias del Ministerio Público que han socavado los resultados del proceso electoral y puesto en entredicho la independencia de los poderes públicos.
Gobiernos como el de Estados Unidos y la Unión Europea han sancionado a actores clave del Ministerio Público, como Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, por considerarlos “corruptos y antidemocráticos”. En 2023, el Departamento de Estado de EE. UU. incluyó a varios fiscales y jueces guatemaltecos en la Lista Engel. El Reino Unido, por su parte, denunció el abuso sistemático contra fiscales independientes.
La Cancillería colombiana también reaccionó rechazando la orden de captura emitida por una corte guatemalteca contra Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, considerándola sin fundamento jurídico y una represalia por su labor anticorrupción.
Culpables por luchar contra la corrupción
En junio de 2025, una corte guatemalteca emitió órdenes de captura contra Iván Velásquez —excomisionado de la CICIG y actual ministro de Defensa de Colombia— y Luz Adriana Camargo, fiscal general de ese país, por su participación en las investigaciones sobre la trama de sobornos de Odebrecht. La acusación, calificada como persecución política por expertos, busca reescribir la historia e incriminar a quienes sacaron la podredumbre a la luz.
El precio de la valentía
Quienes alguna vez representaron una esperanza real de transformación para Guatemala hoy viven con miedo, lejos de sus familias, y sin poder ejercer su profesión. Pero su lucha no fue en vano. El archivo de sus investigaciones, los testimonios que recolectaron, los procesos judiciales que impulsaron siguen vivos, y son una memoria activa de la dignidad.
Desde Justicia & Dignidad, expresamos nuestra profunda solidaridad con los juristas Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo por su incansable lucha por la justicia, así como con los operadores judiciales guatemaltecos que han sido criminalizados y forzados al exilio por cumplir con su deber. Hacemos un llamado urgente a la comunidad jurídica internacional a alzar su voz frente a este atropello a la independencia judicial. No podemos permanecer en silencio mientras se persigue a quienes defendieron el Estado de derecho y combatieron la corrupción con valentía.
Como escribió Iván Velásquez en el décimo aniversario del caso La Línea:
“Podrán cortar todas las flores, pero siempre volverá la primavera. Florecerás, Guatemala.”