Lo malo de las herejías no es que sean peligrosas, sino que a veces salen blanditas. Como esta que ronda hoy los pasillos del Palacio: una Constituyente a punta de firmas. No es un acto de rebelión, sino un suspiro institucional. Primero vino la consulta popular por decreto —una especie de plebiscito exprés para empujar reformas— que el registrador ya congeló mientras las cortes deciden si eso es democracia o anarquía. Luego vino el plan B: recoger ocho millones de firmas para “respaldar” la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Sin Congreso, sin ley, sin piso constitucional claro. Un acto de presión más que de convicción, como si juntar firmas bastara para reescribir la Carta.
El año pasado, el nuevo ministro de Justicia —ese Mazarino criollo— ya había soltado su tesis: que Petro puede convocarla por decreto. A palo seco. Como quien se amarra el pantalón y se lanza. Los guardianes del orden respondieron agitando la Constitución como si fuera la Biblia de un país que no lee ni una cosa ni la otra.
¿Puede hacerlo? Los constitucionalistas de manual dicen que no. Y lo dicen con ese tonito doctoral con el que se disfraza el miedo. Citan el artículo 376, que exige ley del Congreso para convocar una Constituyente: con número de delegatarios, límites temáticos, duración, y refrendación popular. Sin eso, nada. Punto. Amén.
Y la Corte Constitucional —ese oráculo que garantiza que todo siga igual— ya ha dejado claro su dogma. En 2003, frenó el referendo refundador de Uribe. En 2010, recortó la iniciativa popular. El mensaje es simple: la Constitución puede cambiarse… pero solo con corbata y pase del Congreso. Es decir, con permiso de quienes no quieren cambiar nada.
Pero hay quienes, como Darwin o Beethoven, prefieren las herejías a los dogmas. Uno de ellos es Eduardo Montealegre: exfiscal, académico, ministro, y ahora teórico de la “herejía constitucional”. Dice que no es ruptura, sino audacia con sustento. ¿El argumento? El Acuerdo de Paz con las FARC, firmado en 2016. Refrendado, reconocido por la ONU y elevado al bloque de constitucionalidad vía artículo 93. Es decir, tiene rango constitucional.
En su página 8 el acuerdo dice que Gobierno y FARC convocarán a todas las fuerzas vivas a un nuevo pacto político. ¿Eso no suena, acaso, a una Constituyente? Montealegre sostiene que, en desarrollo de ese tratado, el presidente puede emitir un decreto con fuerza de ley —lo llama “reglamento constitucional autónomo”— para convocarla. El pueblo refrenda, y listo. No se pasa por el Congreso, ese mausoleo del trámite inútil.
¿Es riesgoso? Por supuesto. ¿Contradice la letra de algunos artículos? Tal vez. Pero como decía Caballero: la Constitución no es una lápida. Es un pacto. Y si no le sirve al país, no sirve para nada.
Los defensores del statu quo, por supuesto, repiten su libreto: que Petro busca perpetuarse, que esto es chavismo, que es un golpe blando. Pero no hay aquí un afán caudillista, sino la necesidad de destrabar reformas pospuestas durante décadas. La paz, la tierra, la salud, la dignidad de los territorios… exigen nuevas reglas de juego.
Y no se diga que esta amenaza de Constituyente es mero capricho. Solo con nombrarla —decreto, consulta, firmas— se logró lo impensable: que el Congreso aprobara una reforma laboral decente. A veces, para que el burro camine, hay que mostrarle el garrote.
¿Servirá esta herejía para sacar adelante las otras reformas? Tal vez. ¿Será viable la Constituyente? Eso lo decidirá la Corte, ese tribunal que hace rato dejó de ser árbitro para convertirse en jugador de la oposición. Pero de que el debate se abrió, se abrió. Y de que el país necesita cambios de fondo, también.
Esto no es un delirio. Es una utopía jurídica, una urgencia política, una apuesta ética. Y sí, una herejía. Pero ya lo sabemos: cualquier herejía es válida si nos libra de cuatro años más de uribismo, o de una derecha fascista disfrazada de centro. Que en Colombia, eso es lo mismo.
Por Sofía López Mera, Abogada y Periodista de la Corporación Justicia & Dignidad .