A Giovanny García Garrido lo hirieron sin razón. No lanzaba piedras, no agitaba una bandera, no gritaba consignas. Caminaba, como cualquiera, por el Paso del Comercio en Cali, una mañana del 29 de abril de 2021, en medio del Paro Nacional. Había humo, miedo, tensión. Lo que no debía haber era un disparo al rostro de un civil desarmado. Pero lo hubo.
Un proyectil de gas lacrimógeno le estalló en la cara. Le arrancó un ojo, le destrozó los huesos del rostro, le arrebató la tranquilidad. Como en tantos otros casos de violencia estatal, no hubo disculpas, ni atención inmediata, ni reconocimiento oficial. Solo silencio, negación y burocracia.
Pero Giovanny denunció. Y tres años después, el 24 de junio de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Cali emitió una sentencia histórica en primera instancia. Aunque ni el autor del disparo ni el número del agente fueron identificados, la Nación fue condenada por el daño. ¿Por qué? Porque el daño es real, está probado, y fue causado por un operativo estatal.
La clave del fallo está en el uso de la prueba indiciaria. Tal como ha establecido el Consejo de Estado, cuando hay coherencia entre el daño sufrido, el tipo de arma empleada y la presencia del ESMAD en la zona, puede configurarse responsabilidad objetiva por daño especial. Es decir: no se necesita conocer al agente, cuando es el aparato institucional el que falla y causa el daño.
La decisión reconoce que el uso de la fuerza en manifestaciones no puede ser indiscriminado. Que los proyectiles «menos letales» también mutilan. Y que hay responsabilidad del Estado cuando sus operativos lesionan a civiles que no representan amenaza alguna.
Mientras otras organizaciones buscan visibilidad y protagonismo, este proceso judicial —silencioso, sin pantalla ni cámaras— fue impulsado por el abogado Carlos Arturo Acosta Portera, quien actuó sin respaldo institucional, sin membresía en ninguna ONG, pero con una convicción férrea de justicia.
En un país donde el sistema judicial suele operar a favor del poder, donde las víctimas de violencia policial son criminalizadas o ignoradas, este fallo se convierte en una luz. No devuelve lo perdido, pero abre un camino para quienes aún buscan justicia tras la violencia del estallido social.
Por Prensa Justicia & Dignidad