En Colombia, a los pobres que se rebelan los matan, y a los que sobreviven, los encierran. Y si aún con eso siguen hablando, los desaparecen en silencio.
Eso está pasando. Ahora mismo. Hoy.
Hoy, 15 de julio de 2025, dos prisioneros políticos del estallido social, David Bernal y Mauricio Tierradentro, han iniciado una huelga de hambre indefinida desde las 0 horas.
No lo hacen por privilegios. Lo hacen porque los están matando uno por uno. Lo hacen porque el gobierno se cansó de prometerles justicia y luego les cerró la puerta en la cara. Lo hacen porque ya no les queda otra herramienta de lucha más que su propio cuerpo.
Lo advirtieron. Lo denunciaron. Lo escribieron. Lo entregaron en manos de ministros. Y nada.
A los prisioneros políticos del estallido social los dejaron morir en silencio.
Primero los judicializaron por protestar.
Después los abandonaron.
Ahora los están matando.
Estos son sus nombres.
No son cifras. Son compañeros.
Luis Fernando Lasprilla Balanta, asesinado el 11 de julio de 2025
Yiwar Mondragón Paredes, asesinado el 26 de junio de 2025
Niver Andrés Vallejo Angulo, asesinado el 24 de mayo de 2025
Geison Alejandro Lozada Nieto, muerto en prisión el 19 de mayo de 2024
Roger Gutiérrez Vivas, muerto en prisión el 14 de mayo de 2025
Diego Fernando Escobar Barona, asesinado el 22 de febrero de 2023
Jonathan Sabogal, asesinado el 28 de julio de 2023
Jahn Carlos Ávila Bernal, asesinado en 2021
Carlos Julio Calero Suescún, asesinado el 7 de octubre de 2023
Cristian Camilo Arroyave Bermúdez, asesinado el 26 de noviembre de 2024
Todos ellos fueron detenidos políticos del Paro Nacional. Todos fueron asesinados.
No fue el azar. No fue una coincidencia.
Fueron víctimas de un patrón: perfilamiento, persecución, hostigamiento, estigmatización, judicialización con mentiras… y asesinato.
El Estado los señaló, los encerró, y luego los dejó a merced del exterminio.
¿Dónde está el gobierno del cambio?
No se trata solo de un incumplimiento. Se trata de una traición.
Desde 2022, el colectivo “Jonathan Sabogal”, formado por más de 20 prisioneros del estallido social, entregó propuestas formales al gobierno para buscar una salida digna.
Documentos, escritos, proyectos de decreto, rutas jurídicas, cronogramas.
Hicieron huelgas de hambre, instalaron una Mesa de Diálogo, participaron con organizaciones sociales, con instituciones, con ministros.
Y cuando todo parecía avanzar, el gobierno respondió que “no había piso jurídico” para continuar.
¿Piso jurídico para qué?
¿Para contar la verdad? ¿Para escuchar a los presos? ¿Para impedir que los maten?
Qué vergüenza.
No es solo el gobierno.
También son las organizaciones sociales.
Sí, también ustedes:
Las ONG que firmaron pactos de memoria y no han vuelto.
Los activistas de escritorio que usaron sus nombres para proyectos y fondos.
Los movimientos que alzaron pancartas con sus rostros, pero hoy no los llaman ni para preguntar si están vivos.
Los están matando. Y muchos callan.
Los usan mientras sirven. Los botan cuando duelen.
Hoy, 15 de julio de 2025, los dos últimos integrantes del colectivo aún en prisión han dicho basta.
Han entregado su cuerpo a una huelga de hambre indefinida.
Piden una sola cosa:
Que se reactive la Mesa de Diálogo Nacional con los judicializados del estallido.
Que se firme el decreto para crear una Comisión de la Verdad sobre la represión estatal contra el Paro Nacional de 2019 a 2021.
¿Van a dejar que se mueran de hambre?
¿Van a seguir permitiendo que los maten en silencio?
¿Hasta cuándo el país va a seguir repitiendo la historia de traicionar a los que luchan?
Esto no es una metáfora. Esto es un exterminio.
Y es un exterminio con firma institucional, pero también con la indiferencia de muchos.
Que no digan después que no sabían.
Que no digan que fue un error.
Que no digan que no había pruebas.
Las pruebas están.
Los cuerpos también.
Y si se mueren de hambre, también será culpa de ustedes.
Por Prensa Justicia & Dignidad
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