La independencia judicial es una de esas columnas invisibles que sostienen el cuerpo frágil de una democracia. Nadie la ve hasta que tambalea. En Colombia, esa columna está siendo atacada con bisturí y megáfono, con toga y micrófono. Y el blanco es claro: la jueza 41 penal del circuito de Bogotá, Liliana Heredia, quien deberá emitir el próximo 28 de julio el sentido del fallo contra Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos.
Heredia no es una figura pública. No la eligió el pueblo ni se hace viral por redes. Su función no es dar discursos sino administrar justicia. Pero la derecha política —esa que dice defender la institucionalidad cuando le conviene— ha decidido sentenciarla de antemano. Primero llegó una carta firmada por 38 supuestos juristas. Una misiva tan cortesana en las formas como temeraria en el fondo. Decía que no era presión, pero enumeraba líneas de defensa como si fuera un memorial de abogados. No hablaban desde el derecho, hablaban desde el miedo: el suyo a que Uribe sea condenado.
Luego apareció una columna de Juan Lozano, director de La FM y exministro de Uribe, quien con tono solemne le pide que “falle en derecho”. Suena a respeto, pero huele a presión.
La presión es multifacética. Desde Antioquia, han aparecido vallas con el rostro del expresidente, la leyenda “Uribe inocente” y símbolos patrios como si estuvieran canonizando a un mártir. En redes, una campaña millonaria de videos con congresistas del Centro Democrático que claman por la pureza de su líder. ¿Quién financia ese derroche de publicidad? ¿Qué mensaje le mandan a la jueza? Que no está sola, que la vigilan, que el juicio es político, no jurídico.
Y como si eso no bastara, la revista Semana —que hace años dejó el periodismo para dedicarse al panfleto de extrema derecha— publicó un perfil de la jueza. No para informar sobre su trayectoria, sino para sembrar duda: que estudió en la Universidad Nacional, que fue defensora de oficio, que “no es cercana a la derecha”, que “es de izquierda”, que vive con su mamá de 80 años. Una insinuación disfrazada de nota. Un retrato como quien deja caer un aviso: sabemos quién eres, sabemos dónde vives.
Esto no es nuevo, pero sí grave. En el caso Uribe, la justicia ha sido torpedeada desde que comenzó. Testigos perseguidos, magistrados retirados, fiscales cuestionados. Y ahora, cuando una jueza independiente, sin vínculos políticos, sin favores que pagar, se dispone a fallar, la estrategia es deslegitimarla desde todos los frentes.
La independencia judicial está protegida por tratados internacionales que Colombia ha ratificado. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU establece en su artículo 14 que toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial. Las Reglas de Bangalore sobre la conducta judicial advierten que los jueces deben decidir con base en los hechos y el derecho, sin dejarse influenciar por presiones externas, públicas o privadas. Y a nivel interno, la Constitución Política de Colombia es categórica en su artículo 228: “La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes.”
Pero en Colombia, quienes dicen defender la ley han olvidado que sin jueces libres no hay justicia. Y sin justicia, solo queda la ley del más fuerte.
Lo que está en juego el 28 de julio no es solo el futuro judicial de Álvaro Uribe. Es el futuro de una jueza. Es el derecho a decidir sin que la opinión pública, los partidos o los medios pretendan dictar sentencia por anticipado. Si condena, la tildarán de militante. Si absuelve, dirán que fue presionada. Ese es el drama de la justicia en este país: siempre pierde.
Heredia no ha hablado. No ha respondido cartas ni columnas. Y está bien que no lo haga. Su única respuesta debe ser una sentencia basada en pruebas, no en temores. Si la derecha creyera en la institucionalidad que dice defender, callaría. Pero no puede. Porque el silencio, para ellos, también es derrota.
Por Prensa Justicia & Dignidad